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Miércoles, 21 de agosto de 2019



NACIONALES


Empresarios se quejan de poca transparencia

“Abuso” en contrataciones directas del Gobierno inquieta a UCCAEP

Práctica limitaría creación de nuevas fuentes de empleo

Esteban Arrieta [email protected] | Martes 30 julio, 2019

Los contratos del Estado deberían sacarse a concurso, según la UCCAEP y no  hacerlos entre instituciones. Archivo/La República
Los contratos del Estado deberían sacarse a concurso, según la UCCAEP y no hacerlos entre instituciones. Archivo/La República


La gran cantidad de contrataciones directas que se realizan entre instituciones del Estado conllevarían un sinnúmero de vicios y abusos en el manejo de los fondos públicos, denunció la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

Existe poca transparencia, incluso algunos de los contratos son declarados como “confidenciales” por el Estado, privando a los costarricenses de más opciones de trabajo.

Asimismo, otra queja tuvo que ver con que el Gobierno habría hecho un uso sistemático del régimen de excepción, obviando procesos de licitación pública, promoviendo, de esta manera, el uso de convenios entre entes públicos y manteniendo ventajas exclusivas en perjuicio del interés general.

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Por ejemplo, el ICE recibió un total 60 adjudicaciones que le dio el Estado durante el año 2018, cifra que equivale a casi $2.500 millones; es decir, casi el 4 % del PIB anual de Costa Rica.

Otro caso corresponde al pago de sumas millonarias a Sinart.

“Esta situación es incongruente con la coyuntura que atraviesa Costa Rica, pues estamos en un momento donde se necesita dinamizar la economía y las contrataciones directas solo estancan ese proceso y privan a miles de costarricenses de obtener un empleo”, dijo Gonzalo Delgado, presidente de la Uccaep.

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Hace dos años, Uccaep presentó una denuncia ante la Comisión para Promover la Competencia contra el Estado por prácticas monopolísticas, tras entregar un listado de 46 contrataciones, justificadas en el artículo 2, por más de ¢32 mil millones, entre los años 2014 y 2016, solo para los servicios de telecomunicaciones, tecnología y sistemas informáticos.

“Esa cantidad de dinero, en proyectos realizados por el sector privado, hubiese desencadenado la contratación de muchas personas, es evidente que se le está quitando productividad al país, y como sector privado nos resta competencia, pues no se debe olvidar que son las empresas privadas las encargadas de generar riqueza y pagar impuestos”, dijo Delgado.




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