Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 21 Noviembre, 2013

Huele a podrido no en Dinamarca sino en Costa Rica y lo que hacen en Palacio es evidenciar soberbia… no hundir el bisturí y ver si hay un tumor canceroso


De cal y de arena

Esto tiene que explotar

El país está harto de expedientes en los que la disposición de los presupuestos públicos se evidencia como la resultante de un caprichoso concilio de voluntades, de distante rigor legal y fidelidad ética.
De costos manifiestamente elevados con tonalidades propias de los sobreprecios que igual pueden hallar una artificiosa justificación como originar rumores y malos humores. Frescas están la concesión para reconstruir y administrar el Aeropuerto Juan Santamaría, la de la carretera San José-Caldera, la truculenta tentativa para la vía San José-San Ramón, lo de la terminal de contenedores y la refinería de petróleo y el vergonzoso caso de la fallida Ruta 1856, sin dejar de citar por lo anecdótico que es, el pago de la chapea de faldones con una medida extrañamente impropia. Suficientes casos que alertan sobre las dimensiones de la fiesta en materia de reciente gestión de la infraestructura. Brotan las denuncias de que algo huele a podrido no en Dinamarca sino en Costa Rica y lo que hacen en Palacio es evidenciar soberbia, intolerancia y cabreo cuando lo pertinente dentro del compromiso de “la firmeza y la honestidad” es detener los trámites, hundir el bisturí y determinar si hay un tumor canceroso.
Así marchan las cosas en el “laurato”, apurando el paso hacia una explosión.
Ahora se denuncia otro contrato de obra pública que no desentona con esa línea de monerías. Es el suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Export-Import Bank of China para la reconstrucción de la carretera entre el río Frío y la ciudad de Limón.
Por su contenido es un contrato “atado”, es decir, un negocio en el que una de las partes provee la financiación y decide quién ejecuta la obra y fija las condiciones para administrar los recursos y dirimir diferencias.
Son condiciones y renunciamientos que no se inspiran, precisamente, en criterios de equidad y lógica, comenzando por la declinación de la jurisdicción de las leyes costarricenses y la sumisión al mandato de las de China, de donde resultamos apisonados por la bota del nuevo imperio financiero mundial.
La Cámara Costarricense de la Construcción ha saltado, lanza en ristre, al paso de las diligencias que apresuran la aprobación legislativa de este nuevo “contrato tigre” y denuncia que por sus contenidos es “desbalanceado e inadecuado”.
Empezando por el precio asignado a la obra principal, $465 millones, en marcado contraste con los $377 millones estimados por otra compañía. Acusa debilidades y desequilibrios que dejan en la indefensión los intereses nacionales, como lo es que toda controversia queda para dirimir por la ley china y sus mecanismos arbitrales.
Los nuevos “benefactores” pueden subcontratar sin que nuestro país intervenga, se les posibilita modificar y adaptar plazos y procedimientos ambientales, migratorios, de concesión de minería y expropiaciones, objeciones que se agravan con la revelación del diputado Oviedo Guzmán de que el Banco Mundial descalificó a China Harbour Co. por su ligazón con negocios sucios en la ejecución de contratos de obra pública en distintos países.

Álvaro Madrigal