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Viernes 30 Enero, 2009

Errores (horrores) judiciales, para aprender...


Indudablemente quien incurre en un hecho delictivo deberá afrontar las consecuencias de ese errado proceder y cumplir la sanción de prisión que le imponga un juez o una jueza, después de haber sido sometido a un proceso penal con las debidas garantías.
*Derechos y garantías necesarios: Y aunque algunos critican de forma tajante los derechos y garantías establecidos a favor de quienes son sometidos a un proceso penal, ese rechazo es infundado y una muestra de la negación (o ignorancia) prevaleciente sobre la importancia que estos revisten en una sociedad democrática, los cuales son inherentes a todos los ciudadanos sin distinción de raza, nacionalidad o religión.
Por diversas circunstancias cualquier persona podría llegar a ocupar el rol de imputado en un proceso penal y, cuando así ha sucedido, es hasta ese momento que muchos han llegado a dimensionar la importancia que revisten los derechos y garantías en el proceso penal para evitar que un ciudadano sea objeto de arbitrariedades o injusticias.
*Un sistema imperfecto: Se supone que personas inocentes jamás serían inculpadas por hechos que no han cometido; sin embargo, lamentablemente los jueces y juezas que toman las decisiones son seres humanos que podrían incurrir en diversos errores y no existe proceso perfecto que evite esa situación.
Históricamente pueden encontrarse muchos ejemplos de personas inocentes que por distintas razones han sido culpadas injustamente, cuyas sentencias condenatorias han sido revocadas posteriormente en la fase de apelación de la sentencia (casación), o incluso —peor aún— varios años después, luego de estar mucho tiempo en prisión.
*Un caso de injusticia: En 2006 acaeció un escándalo en Francia por el denominado “Caso Outreau”, cuyo nombre obedece a la zona geográfica donde sucedieron los hechos, en el norte de ese país.
Los acusados eran supuestamente pederastas, pero se determinó posteriormente que los prejuicios —muy usuales tratándose de delitos sexuales— y la existencia de sendos errores en la valoración de la pruebas, conllevaron a inculpar a 14 personas que resultaron ser inocentes después de permanecer varios años en la cárcel e, incluso, una se suicidó en prisión.
Este injusto encarcelamiento destruyó las familias de varios implicados, ya que hubo casos donde ni siquiera sus parientes más cercanos creyeron en su inocencia, evidenciándose así que un error judicial puede destruirle la vida a una persona (su familia, trabajo, prestigio social, etc.), y lo mismo la vida de sus seres inmediatos; lo cual justifica la permanencia y protección de los derechos y garantías procesales para evitar situaciones de esa magnitud.
Por este hecho fueron despedidos varios funcionarios, entre estos el juez instructor del proceso, quien afronta un proceso penal en virtud de dicha malpraxis judicial. Además, el Ministro de Justicia y la Fiscalía pidieron perdón al país por el craso error que horrorizó a los franceses.
*Decisiones prudentes: En tiempos actuales por fundadas razones existe una alta preocupación de la ciudadanía costarricense por el tema de la criminalidad, lo cual sin duda alguna será el centro de intensos debates durante la campaña política que se avecina; por ello, es necesario que las decisiones político-criminales sean prudentes y no atenten contra las garantías que fueron instauradas por el legislador, no para “alcahuetear a los delincuentes” como algunos creen, sino para evitar la condenatoria de personas inocentes, ya que esto podría suceder en cualquier lugar, incluso en los países más desarrollados.

J. Federico Campos Calderón
Abogado penalista