En último año de administración Solís se aprobó un 50% de leyes sin respaldo económico

Aunque Costa Rica ya estaba con el agua al cuello por el elevado déficit fiscal, el gobierno de Luis Guillermo Solís y los diputados aprobaron al menos 60 leyes sin contenido económico en su último año de gestión.

Se trata de normativas que impusieron nuevas tareas a las instituciones públicas, o que incluso, crearon nuevas dependencias estatales adscritas a otros órganos del gobierno.

Esto pudo haber generado un mayor malestar con el Estado, ya que al no asignarles más recursos a las dependencias estatales, se corrió el riesgo de no cumplir con las promesas de servicios, informó el Estado de la Nación 2018.

En total, se trata del 50% de las leyes aprobadas en la legislatura 2017-2018.

Lea más: Pesimismo reina entre empresarios

La lluvia de leyes sin contenido económico sorprende, no solo porque los legisladores y Solís estaban conscientes del 6,2% del déficit fiscal que heredarían, sino también por la presión que tenía el Estado para aprobar nuevos impuestos.

Asimismo, el dato es significativo si se considera que, en la mayoría de la gestión, el gobierno tuvo el menor índice de promesas democráticas sin sustento económico desde 1990, ya que en los primeros tres años solo un 28% de las nuevas leyes no tuvo financiamiento aprobado.

“Cuando no se asignan recursos, la norma aprobada se convierte en promesa democrática sin sustento económico. Estos casos reflejan problemas en la calidad de la legislación, dado que pueden reducir las probabilidades de cumplimiento. Además, sustenta la presión sobre las entidades públicas, a las que se les asignan nuevos mandatos”, indica el informe.

Lo peor de todo —concluye el informe— es que en el periodo 2014-2018, el Congreso aprobó la mayor cantidad de exoneraciones fiscales desde 2002.

El aumento de la burocracia fue un tema recurrente de denuncia por parte de Otto Guevara, exlegislador del Movimiento Libertario, quien aseveró que es hora de que Costa Rica tome las decisiones correctas e impulse las reformas estructurales que requiere para resolver el déficit.

Lea más: ¿Volverá la Sala IV a traerse abajo los nuevos impuestos?

Recortar la planilla del Estado, cerrar las instituciones que están duplicadas, hacer una mejor evaluación de los empleados públicos y reactivar la economía de manera decidida, son algunas de las tareas impostergables.

La idea es hacer el Estado más pequeño y así disminuir la presión del gasto.

“Varias veces advertí en el plenario sobre la necesidad de que se pusiera en práctica una idea para limitar la aprobación de leyes, a aquellas que tuvieran contenido económico, tal y como propuso Paulina Ramírez, legisladora del PLN; sin embargo, esto nunca se puso en práctica, porque los partidos tienen una vocación excesiva a gastar, mientras que el Estado es capaz de inflar presupuestos y aprobar privilegios como el salario escolar y otros en las convenciones colectivas”, dijo Guevara.

Las recomendaciones del exlegislador se dan en momentos en que existe una gran incertidumbre sobre el futuro de los nuevos impuestos que impulsa el presidente Carlos Alvarado.

Esto, porque la Sala IV está analizando la legalidad del IVA y varios cambios a la renta, aunque la Corte Suprema de Justicia ya había anunciado anteriormente, que el proyecto fiscal afectaba “su ordenamiento y funcionamiento”, por lo que en principio sería ilegal.

No obstante, será hasta finales de mes que se conozca el destino de los nuevos gravámenes.

Mientras tanto, los legisladores actuales ya han promovido una serie de iniciativas para evitar que el gasto siga creciendo.

En ese sentido, el PUSC ha sido la bancada que más ha insistido en la necesidad de reactivar la economía.

Asimismo, supeditó su apoyo al plan fiscal a que se validara una regla fiscal que contenga el gasto.

“El PUSC ha venido impulsando una reforma constitucional para incorporar la regla fiscal, la cual vendría a aportar equilibrio a las finanzas públicas y así evitar el déficit primario. Nuestro Partido a través de la historia ha sido muy responsable en el manejo de las finanzas públicas y en consecuencia la fracción apoyaría cualquier iniciativa en esa línea. Asimismo hemos puesto la lupa en aquello proyectos de reactivación económica”, dijo Pablo Heriberto Abarca, diputado del PUSC.

La deuda

Al terminar el año, la deuda del país habría superado los $30 mil millones, lo cual refleja la importancia de recortar el gasto y conseguir nuevos recursos. Una mayor cantidad de tareas para las instituciones públicas, se traduce en una mayor presión (cifras de deuda en porcentaje sobre el PIB).

Fuente: Ministerio de Hacienda

*Proyecciones