¿Llegó la hora de pensar en un plan B para frenar el déficit?

Para evitar que las tasas de interés de préstamos y tarjetas que usted paga se disparen, se contraiga la inversión y haya menos empleos, los diputados de la anterior administración ya le recomiendan al presidente Carlos Alvarado pensar en un plan B para frenar el déficit.

La posible ilegalidad del plan fiscal que hoy vota el Congreso en primer debate, les hace pensar que es necesario evaluar “otras alternativas”.

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Y es que la advertencia del Poder Judicial de que la iniciativa en cuestión requiere 38 votos para ser aprobada, la haría incompatible legalmente con la vía rápida aplicada al proyecto, que es exclusiva para planes que precisen menos de 29 votos.

La Corte ha señalado que la iniciativa en cuestión afecta el “funcionamiento y ordenamiento de la institución”, al recortar los pluses salariales de sus trabajadores, como las anualidades y el tope de cesantía.

“Lo ideal es que el proyecto fiscal en discusión sea ley de la República, pero una vez conocida la advertencia de la Corte, hay que trabajar en un plan B, ya que no podemos perder el tiempo”, dijo Paulina Ramírez, exdiputada del PLN.

Se estima que al terminar el año, el déficit fiscal alcanzará el 7% del PIB.

Una de las mayores preocupaciones del gobierno es que eventualmente no haya dinero para pagar los salarios del sector público.

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“Hay que empezar ya a ejecutar el plan B: eliminar pluses salariales que no sean derecho adquirido; cerrar entes públicos y programas obsoletos; aprobar nueva ley de empleo público para unificar los 14 regímenes existentes en uno solo y derogar el decreto de salario escolar”, dijo Otto Guevara, exlegislador por el Movimiento Libertario.

La recomendación se da en momentos en que los diputados del actual periodo habilitaron un par de sesiones extraordinarias, para votar el plan fiscal.

La idea es que hoy en horas de la noche los nuevos impuestos queden aprobados en primer debate.

A partir de ese momento, la Sala IV tendrá un mes de plazo para referirse a la legalidad del proyecto, aunque ya sugirió que tendría vicios en el procedimiento.

A pesar de ello, es importante que el país dé señales positivas de querer solventar la situación de las finanzas públicas, ya que de lo contrario, se corre el riesgo de que las calificadoras de riesgo degraden a Costa Rica, haciendo que las tasas de interés de los préstamos al país aumenten.

“A uno le preocupa que ante la ausencia de una señal positiva, el país caiga en una crisis. No solo espero que los diputados aprueben en primer debate el proyecto, sino que los magistrados de la Sala IV, no antepongan sus intereses personales, al bien común”, dijo Mario Redondo, exlegislador de Alianza Demócrata Cristiana.