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El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el martes nuevas medidas para regular el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país.
Según un comunicado oficial de la Casa Rosada, el decreto -que hasta la fecha no fue publicado en el Boletín Oficial- cambiará la política migratoria y restringirá el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos.
La reforma se presentará mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia).
En Argentina, el DNU es enviado por el Ejecutivo, tiene fuerza de ley y sólo puede ser revocado si el Senado o la Cámara de Diputados en el Congreso votan en contra del decreto. Sin embargo, el DNU sigue vigente hasta que ambas cámaras analicen el texto.
Estas nuevas medidas representan un cambio radical en la política migratoria de Argentina, un país cuya historia ha estado íntimamente ligada a la inmigración -sobre todo a la procedente de Italia y España- a la que recibió por décadas a fines del siglo XIX, comienzos del XX.
El gobierno argentino justificó la medida como parte de un esfuerzo por "restaurar el orden" y garantizar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a los ciudadanos argentinos.
Manuel Adorni, el vocero presidencial que anunció los cambios, señaló en rueda de prensa que a diferencia de la inmigración "virtuosa" que el país recibió en el pasado y que "aportó su parte a construir la gran potencia que supo ser la Argentina", hoy día existe "una normativa que invita al caos y al abuso de vivos que lejos están de venir de forma honrada a construir un futuro de prosperidad".
En el comunicado las autoridades también criticaron el llamado "turismo de salud", es decir, cuando extranjeros ingresan a un país para utilizar los servicios médicos públicos sin contribuir a su costo.
Para el gobierno, esto sería un abuso de recursos destinados a los ciudadanos argentinos que además genera altos costos para los contribuyentes argentinos.
A partir de la publicación del decreto, que tendrá lugar en los próximos días, cualquier extranjero condenado por algún delito podrá ser deportado, aunque la pena sea leve.
También se prohibirá la entrada a personas con antecedentes penales.
El gobierno también cobrará por la atención médica a los extranjeros en hospitales públicos, alegando que, en 2024, ese servicio generó un gasto oneroso para las arcas públicas. La atención solo será gratuita en casos de emergencia.
En educación, las universidades públicas podrán cobrar matrícula a los extranjeros con residencia temporal. No obstante, la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes.
La obtención de la ciudadanía también tendrá nuevos requisitos. Sólo podrá otorgarse a quienes hayan residido en Argentina durante al menos dos años consecutivos o hayan realizado una inversión significativa en el país.
Para obtener la residencia permanente, los solicitantes necesitarán comprobar sus ingresos y no tener antecedentes penales.
Quienes sean encontrados en flagrancia por pasos fronterizos no habilitados serán expulsados inmediatamente. Aquellos que mientan en la información durante su ingreso serán expulsados.
Todo extranjero condenado por cualquier delito será deportado y, por otra parte, se acortarán los plazos de apelación de la deportación
Según el gobierno, alrededor de 1,7 millones de personas ingresaron al país ilegalmente en los últimos 20 años.
Las nuevas reglas, argumenta el comunicado, buscan reorganizar el sistema y garantizar que los recursos públicos sean utilizados prioritariamente por los argentinos.
Se espera que las medidas impacten también a los turistas, quienes ahora deberán presentar un seguro médico para ingresar al país, como ya lo exigen los países de la Unión Europea.
El decreto gubernamental ya ha sido objeto de críticas.
Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que "no se puede establecer un régimen excepcional para ciertas personas sin un debate en el Congreso" porque está vinculado con el derecho de defenderse.
La última vez que se intentaron modificar las reglas migratorias fue en el año 2017, a través de un DNU impulsado por la actual ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, durante el gobierno derechista de Mauricio Macri.
En este entonces, un fallo de la Justicia lo declaró inconstitucional.
Ahora, el gobierno de Milei asegura que se han tomado en cuenta los cuestionamientos que se hicieron al decreto en aquella ocasión.
El anuncio de estas medidas se da en el contexto de procesos electorales en todo el país. El domingo pasado hubo elecciones en cuatro provincias argentinas y este domingo votarán los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.
Manuel Adorni, quien anunció estos cambios, es el candidato del gobierno nacional para los comicios capitalinos.
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