Empleados públicos podrían abstenerse de capacitaciones sobre diversidad sexual y género al alegar objeción de consciencia
La ley de empleo público pretende establecer un mismo salario para los funcionarios con iguales responsabilidades.
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Los empleados públicos que así lo deseen podrían abstenerse de participar en programas de formación y capacitación “que sean contrarios a sus convicciones religiosas, éticas y morales”, según una moción que se analiza en la ley de empleo público que garantizaría la objeción de conciencia.
La iniciativa que impulsa el diputado Jonathan Prendas de Nueva República, junto a legisladores de la Unidad, Liberación y otros partidos minoritarios, implicaría que una persona tenga el derecho a negarse a participar en capacitaciones sobre diversidad sexual, género y otros temas sensibles.
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La propuesta aún no ha sido votada.
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La ley de empleo público pretende establecer un mismo salario para los funcionarios con iguales responsabilidades y en principio, aportaría un ahorro de ¢300 mil millones.
Anteriormente, el partido Nueva República propuso garantizar la objeción de conciencia en otros ámbitos, incluido el matrimonio igualitario.
La idea es discriminatoria e ilegal, según representantes de la comunidad sexualmente diversa.
“Un notario es un funcionario público y por tanto, no puede alegar objeción de conciencia para oponerse a realizar un matrimonio entre dos personas del mismo sexo (…) Estamos hablando de una iniciativa discriminatoria e ilegal, ya que la Sala IV, declaró inconstitucional toda ley que genere una diferencia o discriminación”, dijo Gia Miranda, directora ejecutiva de la Campaña “Sí Acepto Costa Rica”.
