Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

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Miércoles 8 Noviembre, 2017

Pizarrón

El próximo Presidente y su camisa de fuerza

Durante este mes se discute en la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional de la República del próximo año, 2018.

El Presupuesto se tiene que aprobar, por imperativo constitucional, a más tardar a finales de este mes.



El presupuesto es una autorización de gastos, del llamado Gobierno Central, es decir de las instituciones del Estado, que no contempla a las instituciones autónomas.

El Presupuesto Nacional se hace con base al anterior, al del año pasado, que está aplicándose o gastándose este año. El Ministerio de Hacienda, tiene a cargo la elaboración del Presupuesto Nacional, como resultado de consultas con las instituciones de la Administración Central, sus Ministerios y respectivas dependencias. Durante el mes de setiembre se envía a la Asamblea Legislativa, a modo de irlo conociendo, un borrador de este Presupuesto Nacional que termina puliéndose desde setiembre hasta octubre, y se somete a su discusión en noviembre, con obligada fecha de aprobación.

El Presupuesto que se está discutiendo está calculado para todo el año 2018 a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El contenido presupuestario se determina por recaudación de impuestos y por adquisición de deuda.

El Presupuesto Nacional tiene comprometidas sus partidas prácticamente en un 97%, lo que significa que sobre esas partidas cualquier persona, de los que aspiran a ser Presidente de la República, en esta campaña electoral, no las pueden tocar, por ejemplo, partidas como los salarios.

Apenas un 3%, o un 4%, de las partidas del Presupuesto Nacional es susceptible de “manejar” por el próximo Presidente de conformidad a sus particulares intereses políticos a cargo del Ejecutivo Nacional. Ni siquiera tiene oportunidad el Presidente que asuma, en mayo del 2018, de modificarlo o alterarlo por medio de un Presupuesto Extraordinario. Si se agrega la decisión de los Gobiernos de subejecutar el Presupuesto de las Instituciones, que ha aprobado para su ejercicio anual, significa que las instituciones sobre lo que se les ha presupuestado deben gastar un porcentaje menos, el que se decida subejecutar o no gastar de lo aprobado para gastar.

En el mes de agosto, y solo durante estos 31 días, el Presidente puede actuar con su propia agenda legislativa, en lo que se llaman las Sesiones Extraordinarias, con sus proyectos de ley propios, que la Asamblea Legislativa, todos los diputados, están obligados a conocer, tramitarlos en lo que corresponda, apoyarlos o rechazarlos.

Esto significa que hasta los tres meses de haber sido electo y de haber asumido la Dirección del Estado y del Gobierno, el nuevo Presidente podría actuar tratando de incidir en el Presupuesto Nacional, para darle alguna orientación de conformidad con lo que propuso en su Programa de Gobierno, o que ofreció en sus intervenciones y entrevistas con los electores.

Esto, que yo recuerde, nunca ha ocurrido. Nunca ningún Presidente, ni su Ministro de Hacienda, en las Sesiones Extraordinarias legislativas de agosto, de su primer año de Gobierno, a los tres meses de haber asumido el Gobierno, se ha dirigido a los diputados a pedirles que modifiquen el Presupuesto, que está en marcha, o que aprueben un Presupuesto Extraordinario, con motivo de darle contenido a alguna de sus propuestas o promesas de la campaña electoral, o de su Plan de gobierno, el que se ofreció en la campaña electoral.

El segundo período de Sesiones Extraordinarias, donde de nuevo el Presidente gobierna la agenda parlamentaria, empieza, por cinco meses desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril del siguiente año, cuando ya se ha aprobado el nuevo Presupuesto Nacional, para el siguiente año.

Para esta discusión del Presupuesto Nacional que entra en vigencia, al año inmediato en que el Presidente asume la Presidencia, siete meses después de estar ejerciendo la Presidencia, en noviembre, tampoco se presenta con una intervención pública, por parte del Presidente o el Ministro de Hacienda, a los ciudadanos y a los diputados, diciéndoles por parte del nuevo Presidente y su Gabinete ministerial, que ha presentado un Proyecto de Presupuesto Nacional acorde con lo que ofreció en la campaña electoral y de su Plan de gobierno, y pidiéndoles que lo apoyen. Esto tampoco nunca se ha dado en lo que yo recuerdo.

Esta ruptura entre el Presidente que queda electo y la imposibilidad de cumplir sus promesas, y ofertas de campaña, como del Plan de Gobierno, con base a la posibilidad de hacerlas viables en el Presupuesto Nacional, es una de las razones, y quizá de las más fuertes, que pesa en los costarricenses, y en los electores principalmente, para desconfiar de los candidatos, de los partidos políticos, de los políticos, de la Política, y hasta para provocar abstencionistas.

Otro elemento que pesa en esta incapacidad de tomar decisiones importantes y de incidir con profundidad, está en que el Presupuesto Nacional es inmediatista, es de corto plazo, es de un año, lo que no da margen para visualizar el mediano y largo plazo, y darle contenido a proyectos de desarrollo nacional con perspectiva. En este sentido urge desarrollar Presupuestos plurianuales, y de aprobar proyectos de desarrollo con presupuestos que proyecten la duración de las obras si pasan de más de dos o tres años.

Los candidatos presidenciales actuales, de los cuales solo uno asumirá la Presidencia de la República, en mayo del 2018, todos sin excepción, hablan y proponen grandes proyectos a realizar una vez que asuman la Presidencia, entre ellos resolver, o por lo menos, intentar de resolver, graves problemas de infraestructura, de educación, de vivienda, de pobreza etc. Ninguno señala de manera concreta cómo afrontarán la solución de estos problemas.

Todo el Presupuesto Nacional, que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa, para el año 2018, solo se incrementará en un 3%.

En materia de infraestructura, lo que tiene que ver con carreteras, puentes, vías de comunicación, en general, entre otras cosas, por poner un ejemplo, en el Presupuesto Nacional de la República para el 2018 si solo se incrementa el Presupuesto en su totalidad en un 3%, ¿será posible con un incremento de un 3% solucionar los problemas de infraestructura del país? ¿Es posible atender los nuevos proyectos en la infraestructura, que cada candidato propone, con la gravedad en que ha quedado con motivo de las desgracias naturales que nos han golpeado en todo el país en estos últimos meses? ¿Es posible que los candidatos presidenciales con un 3% de incremento en la totalidad del Presupuesto Nacional, en el renglón de infraestructura, puedan realizar lo que vienen ofreciendo, de nuevos ferrocarriles, de un Metro, de ampliación de las principales carreteras? Hace falta claridad en el discurso de los candidatos de cómo realizar estas obras que son necesarias.

En la práctica lo que los candidatos están ofreciendo son cantos a La Luna. No hay ninguno, hasta hoy, que haya dicho o haya propuesto, cómo va a actuar a partir del 8 de mayo para dar cumplimiento a su promesas y a su Programa de Gobierno ofrecido en esta Campaña.

El candidato que más se aproxima a esta propuesta es Juan Diego Castro cuando ha dicho que gobernará por Decretos. NO miente cuando dice que gobernará por Decretos. Solo Decretos puede hacer el Poder Ejecutivo, así como Reglamentos o Acuerdos Ejecutivos, pero no Leyes. Pero, tampoco ha dicho cuáles serás sus primeros Decretos. como Luis Guillermo Solís anunció su primer Decreto sobre algunas obras de infraestructura, sobre las que no actúo ni podía hacerlo. Fue un fraude sobre el que hasta hoy no ha dicho que resolvió de esa oferta de su primer Decreto.

Pero, igualmente, cualquiera de los candidatos que quede electo, solo tendrá la oportunidad de hacer Decretos, Reglamentos y Acuerdos Ejecutivos. Todos están igualados en esta posibilidad, pero solo Juan Diego Castro ha desenvainado su decisión de enfatizar por la vía de los Decretos las posibles soluciones, casi auto pintándose como un Presidente que tiene voluntad para resolver, contrario a los que han gobernado, y auto pintándose como el único candidato con la energía suficiente para gobernar con la fuerza suficiente, y con la capacidad de poder tomar las decisiones que se están esperando. Aún así, ninguno ha dicho cuales serán sus primeros Decretos.

Es importante señalar esto porque, en la vida diaria el país y de los ciudadanos, el Poder Ejecutivo, con todos sus Ministerios y Dependencias, es el que actúa cotidianamente, para bien o para mal, sobre la vida de todos los costarricenses.

Las leyes de la República y la labor de los diputados no actúa de esa manera. Las leyes tienen un carácter general. Los Decretos lo tienen concreto, específico o particular en lo que corresponde a cada Ministerio o su Dependencia. Los Decretos pueden materializarse casi inmediatamente en la vida de los costarricenses, en lo que los afecta, desde el punto de vista de la acción del Gobierno.

Si Juan Diego Castro está pensando en gobernar con Decretos Leyes, como lo hizo la Junta Fundadora de la Segunda República, la Junta de Gobierno de 1948-1949, sin Congreso o Asamblea Legislativa, definiendo los lineamientos inmediatos del Presupuesto Nacional, entonces, tal vez SI podría resolver los problemas del país que se propone atender de manera inmediata. Pero esto sería igual para cualquiera de los candidatos que ganara si así quisiera proceder. Pero… ¿tiene que establecerse una nueva Junta de Gobierno, un Gabinete ministerial, similar al de la Junta de Gobierno, con iguales funciones, y sin Asamblea Legislativa, para poder verdaderamente resolver los problemas que tenemos?

El peor colocado de los candidatos, en la situación del Presupuesto Nacional que se discute en estos momentos en la Asamblea Legislativa, es Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana. Con valor ha asumido la consigna de “darle continuidad al cambio iniciado por el Gobierno de Luis Guillermo Solís”. Francamente ha asumido la bandera de continuar, del continuismo político institucional, lo que ha hecho este Gobierno. ¿Pero que ha hecho de obra propia? Este balance no se ha hecho nacionalmente ni en los días que van de la campaña electoral, por parte de los candidatos. Esto no se discute en los debates entre candidatos.

Luis Guillermo Solís le ha dado continuidad al Presupuesto Nacional que le dejó el gobierno de Laura Chinchilla en el 2014, con los presupuestos siguientes. Nada ha dicho este Gobierno que no sea diferente o que lo distinga. No ha presentado obras propias, como parte de iniciativas presupuestarias del Partido Acción Ciudadana, o por obra propia del Ejecutivo Nacional. Con el escándalo del llamado cementazo el actual Gobierno no se distingue de los otros, sus antecesores, en los que se les ha criticado, se les iguala y quizá los llegue a superar.

Si el Presupuesto Nacional solo crecerá un 3%, para el año 2018, Carlos Alvarado no tiene mucho que continuar. Pero, aún así, es mejor, para él, continuar con un 3% que nada para los otros candidatos.

El Presupuesto Nacional de la República para el 2018, que se discute en este momento en la Asamblea Legislativa, es la confección que están haciendo los diputados, a modo de sastres legislativos, de una camisa de fuerza, para inmovilizar los brazos del próximo Presidente, como se inmovilizan los brazos de una persona, según se aplica esta camisa de fuerza en hospitales siquiátricos, en hospitales generales y en ciertos presidios contra privados de libertad.

La intención de estas camisas de fuerza, en la mayoría de los casos, es evitar que las personas se hagan daño a sí mismas o causen daño o lesionen a otras.

Así, al próximo Presidente de la República, en este mes de noviembre, le están confeccionando su camisa de fuerza, que le impedirá actuar, por sí mismo, le impedirá actuar contra los que aprobaron el Presupuesto Nacional, el cual tiene que ejecutar y asegurar de su buena aplicación y administración, y que le impedirá lastimar, dañar o echar a perder de lo que el actual Gobierno ha diseñado que debe continuar el próximo año.

Nosotros, los electores, los ciudadanos, veremos, de esta manera, al próximo Presidente, como el loquito desesperado por actuar sin poder hacerlo, o el presidiario ¿ingobernabilidad acaso? de la institucionalidad que asumirá en mayo, y lastimando a sus electores al faltarles con su Plan de Gobierno y sus promesas electorales. ¿Podrá cambiar esto?

Quizá una forma que ayudaría a cambiar este amarre con el que entra el Presidente, el que asume la Presidencia en mayo, es invirtiendo las Sesiones parlamentarias, y haciéndolas de seis meses cada una. Así, en mayo, las Sesiones serían las Extraordinarias, por seis meses, desde mayo hasta octubre, dándole oportunidad, al nuevo Gobierno que arranque con la discusión de Proyectos de Ley, donde pueda proponer Proyectos de Ley ligados a lo que ofreció en la campaña electoral y en el Plan de Gobierno. Además, resolvería que las vacaciones de fin de año, que se recetan los diputados, lo hagan en tiempo real de sus Sesiones Ordinarias, sin quitarle tiempo a las Sesiones Extraordinarias y a la discusión de los Proyectos que presenta el Poder Ejecutivo. Tal vez esto mejoraría la calidad de intervenciones de los diputados, en las Sesiones Ordinarias. Lamentablemente, esta situación no se puede dar para el próximo año porque esto requiere una Reforma Constitucional, y porque los actuales diputados tampoco están de acuerdo con una reforma como ésta, propuesta que hicimos en la llamada Comisión de Notables, que tampoco los diputados del Gobierno de Laura Chinchilla impulsaron, ni siquiera para trámite legislativo, a pesar de que es una reforma que le beneficia a cualquier partido, lo que es igual a todos los partidos, que gane una elección.