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El secuestro y posterior asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda no quedarán impunes.
La promesa la hizo la ministra chilena del Interior, Carolina Tohá, quien a través de un mensaje en X (antiguo Twitter) garantizó que el gobierno apoyará a la Fiscalía en sus labores por esclarecer "plenamente" el crimen y prometió que el mismo será "castigado con la mayor dureza".
Este sábado un tribunal de Santiago decidió ampliar la detención preventiva del único sospechoso por este crimen, un adolescente de nacionalidad venezolana, hasta el próximo lunes, cuando será formalizado (imputado).
La resolución la adoptó el juzgado en una audiencia, a la que se no se permitió el acceso a la prensa, informó el diario chileno La Tercera.
El fiscal Héctor Barros, coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Nacional, también se mostró confiado en que en las próximas horas se materializarán las dos órdenes de captura que se han emitido.
El cuerpo de Ojeda, secuestrado hace diez días en Chile, fue encontrado en una zanja de 1,4 metros de profundidad, en la comuna de Maipú, en Santiago, capital del país sudamericano.
Ojeda era parte de un grupo de militares que firmó un documento en el que desconocían a Nicolás Maduro como jefe de las fuerzas armadas venezolanas.
El oficial no era una persona de alto perfil, pero cobró notoriedad luego de que el gobierno venezolano le impusiera cargos por traición a la patria en 2017.
El secuestro se reportó el pasado 21 de febrero y, desde entonces, las autoridades chilenas realizaban un operativo de búsqueda.
El cadáver del militar, encontrado en una zona de viviendas irregulares, fue identificado por las huellas dactilares y la ropa interior, que era igual a la que se informó que llevaba puesta el día de su desaparición.
"Se han realizado las pericias al cuerpo que fue encontrado en horas de la tarde por la PDI (Policía de Investigaciones) en este lugar y finalmente podemos [decir], en base a las pruebas que se realizaron, que corresponden los restos a la víctima Ronald Ojeda", afirmó Barros citado por el diario.
"La data de muerte aproximada de acuerdo con el médico señala que es entre siete a 10 días, por lo tanto, es coincidente con la fecha en que se produjo el secuestro", añadió.
Sin embargo, el hermano del asesinado oficial, el también militar Javier Ojeda, solicitó a las autoridades chilenas poder reconocer el cadáver.
“No podemos aceptar que sea del todo mi hermano si no se ha hecho un reconocimiento ocular”, dijo el uniformado en un video difundido por redes sociales que fue reseñado por CNN Chile.
El teniente Ojeda fue secuestrado mediante un engaño, según la policía y medios chilenos.
"Ciudadano venezolano secuestrado el 21 de febrero de 2024, en su domicilio de la comuna de Independencia, por sujetos que se hacen pasar por PDI", expuso la Policía de Investigaciones de Chile en un mensaje de alerta en aquel momento.
Los medios especificaron que fueron cuatro los individuos que se llevaron a Ojeda tras acudir a su vivienda vestidos como funcionarios de la PDI.
Opositores venezolanos denunciaron que los secuestradores eran agentes del gobierno de Maduro, que tratarían de llevar al teniente de regreso a Venezuela.
Esta versión no ha sido confirmada.
Sin embargo, medios chilenos han asegurado este sábado que las primeras diligencias apuntan a que detrás del crimen estarían miembros de un grupo vinculado a la delincuencia organizada, presumiblemente el venezolano “Tren de Aragua”.
Las autoridades también han prometido actuar en el lugar donde fue encontrado el cadáver de Ojeda, el cual fue descrito como una "fuente permanente de delitos e incivilidades" por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.
La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, anunció que este lunes se reunirá con Vodanovic para abordar el asunto.
"Estamos trabajando para erradicar ese espacio, pero que sea sostenible y que también permita recuperar ese lugar”, declaró, al tiempo que recordó que hay unas 500 personas viviendo en la zona donde fue encontrado el cuerpo.
"El hallazgo del cuerpo del exmilitar venezolano es el último de múltiples delitos que se cometen en dicho campamento, y que afectan a nuestros vecinos a diario", señaló Vodanovic en sus redes sociales.
Las autoridades venezolanas arrestaron a Ojeda Moreno en abril de 2017 junto con otros tres militares por su presunta implicación en actos con "fines conspirativos y planificación de acciones terroristas".
Los cuatro fueron imputados por los delitos de rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria.
Se adscribían al autodenominado Movimiento por la Libertad y la Democracia, que suscribió un documento en el que desconocen a Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Ojeda Moreno escapó en noviembre de 2017 durante un traslado y aseguró haber sido sometido a torturas durante su estancia en prisión.
Un año después, el gobierno de Maduro publicó un decreto en el que degradó y expulsó sin juicio previo a 24 oficiales, entre ellos él.
El exmilitar alcanzó cierta notoriedad cuando en noviembre de 2022 se manifestó de rodillas y con una bolsa en la cabeza frente al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile para condenar el diálogo entre el chavismo y opositores y exigir la liberación de presos políticos.
El gobierno chileno le concedió asilo político en 2023 y más recientemente, ya en 2024, el régimen de Maduro lo volvió a nombrar "traidor a la patria" y lo acusó de participar en una supuesta conspiración conocida como el plan "Brazalete Blanco", el cual consistía en atacar una base militar venezolana y asesinar al presidente.
Por este caso fue detenida el pasado 9 de febrero la activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, cuando ella se disponía a salir del país.
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