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Los médicos advirtieron que el segundo bebé de Beatriz no sobreviviría. El feto padecía de anencefalia, una malformación congénita que impediría el crecimiento del encéfalo, el órgano que controla las funciones del cuerpo, y del cráneo.
Era febrero de 2013. A sus 22 años, Beatriz también corría peligro.
El embarazo era inviable, según los doctores, y ella pidió abortar a pesar de que las leyes de El Salvador castigan con cárcel la interrupción del proceso de gestación bajo cualquier circunstancia.
Se le negó finalmente la interrupción del embarazo y su caso se volvió un emblema de la lucha por los derechos reproductivos en uno de los países más duros contra el aborto, donde se castiga con penas de cárcel a la mujer y al personal médico que participe en un procedimiento de ese tipo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra este miércoles la primera audiencia pública para evaluar si la decisión del Estado salvadoreño violentó la integridad y derechos de Beatriz.
Antes de tener a su primer hijo, la joven salvadoreña había sido diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca los tejidos sanos del cuerpo.
Los anticuerpos del lupus afectaban sus riñones y les impedía cumplir con su función de filtrar los desechos (nefropatía lúpica). Además, su sistema inmune atacaba las articulaciones y le causaba severos dolores, hinchazón y rigidez (artritis reumatoidea).
Beatriz vivía en una comunidad pobre del cantón La Noria Tierra Blanca, una localidad vulnerable en el municipio de Jiquilisco, en el sureste de El Salvador.
Dos años antes había sobrevivido a un primer embarazo. Fue hospitalizada dos veces por anemia y un deterioro de su cuadro lúpico. Luego el parto se complicó debido a una preeclampsia.
La joven inició labores de parto el 2 de marzo de 2012, hasta que fue sometida a una cesárea. Tras permanecer internado durante 38 días, el bebé sobrevivió.
Un médico del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador advirtió a Beatriz que no debía volver a quedar embarazada y programó una esterilización quirúrgica para el 27 de mayo de 2012, casi tres meses después del nacimiento de su primer hijo.
Sin embargo, Beatriz no asistió a la cita. Tenía miedo del procedimiento, no estaba segura si en el futuro querría tener otro hijo.
El segundo embarazo llegó y cuando los especialistas alertaron que Beatriz podía fallecer, la joven presentó la demanda de amparo para solicitar que se le permitiera abortar.
La Sala Constitucional de El Salvador admitió la demanda de amparo y dictó una medida cautelar. Sin embargo, luego descartó la protección al considerar que "no hubo conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas que hubiera producido un grave peligro a los derechos a la vida y a la salud de Beatriz", explica el dossier de su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 3 de junio de 2013, una semana después de que la Sala Constitucional negara el amparo, Beatriz fue sometida a una cesárea.
Su segunda hija falleció cinco horas después de nacer.
Cuatro años más tarde, en octubre de 2017, Beatriz murió en un accidente de tránsito.
Diez años después de que el Estado salvadoreño negara a Beatriz la posibilidad de abortar, la Corte IDH escuchará este miércoles y jueves testimonios para evaluar "la responsabilidad internacional de El Salvador por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud" de Beatriz, explica un comunicado del tribunal.
"Este es el primer caso que de manera específica trata la problemática de prohibición del aborto en la Corte como una violación de derechos", dijo a BBC Mundo Morena Herrera, una de las activistas más reconocidas en El Salvador por su lucha contra la prohibición del aborto.
Los abogados del caso también solicitan que el Estado salvadoreño sea juzgado por incumplir su deber de "prevenir y sancionar" la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como impedir la violencia contra la mujer en el caso de Beatriz.
Herrera advirtió que la sentencia será importante porque "la jurisprudencia de la Corte puede aplicarse a otros países firmantes del Pacto de San José".
El Salvador tiene una de las leyes más estrictas del mundo contra el aborto, al prohibir todo tipo de interrupciones, incluso si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o es resultado de una violación o un incesto.
Al menos 180 mujeres han sido procesadas o encarceladas en el país centroamericano durante los últimos 20 años por abortar, según el Centro para la Igualdad de la Mujer, un grupo que desde Estados Unidos apoya las campañas a favor del aborto en América Latina.
El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, liberó en diciembre de 2021 a tres mujeres que cumplían condenas de 30 años de cárcel después de sufrir emergencias obstétricas durante sus embarazos y que fueron procesadas por el delito de homicidio agravado. Otras aún cumplen condena.
La mayoría oficialista, que controla la Asamblea (el poder legislativo), ha descartado cualquier modificación del Código Penal, que entre sus artículos 133 al 139 prohíbe todo tipo de aborto.
"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción)", escribió Bukele en las redes sociales en septiembre de 2021.
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