El CTP perdió la ruta: Contraloría destapa riesgos de corrupción y fallas éticas

MBA, Bernal Rodríguez

Presidente de CANABUS

La Contraloría General de la República (CGR) ha presentado a finales de abril un demoledor informe sobre el Consejo de Transporte Público (CTP), revelando profundas grietas en su capacidad para prevenir la corrupción y garantizar una regulación eficiente del transporte público. Este diagnóstico, que abarca el período entre julio de 2022 y diciembre de 2024, señala incumplimientos graves en los criterios establecidos por la normativa nacional, comprometiendo no solo la institucionalidad, sino también la confianza de los ciudadanos en el sistema.

Los tres hallazgos principales del informe son alarmantes:

1. Falta de gestión de riesgos críticos:

El CTP no ha incorporado de forma estructurada los riesgos de corrupción, fraude o conflictos de interés dentro de su sistema de control interno. No existen procedimientos formales, registros ni mecanismos de priorización que permitan identificar, evaluar o mitigar estas amenazas, pese a la alta exposición que tienen sus procesos sustantivos, como el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones de rutas. Esta ausencia de enfoque preventivo implica que no hay un mapa claro de las áreas más vulnerables, dejando a la institución expuesta a errores, abusos e irregularidades, sin herramientas de monitoreo continuo ni planes de acción frente a eventuales crisis reputacionales.

2. Ausencia de canales efectivos de denuncia:

La auditoría reveló que el CTP no cuenta con un canal formal, seguro y accesible para que funcionarios internos, proveedores, concesionarios o ciudadanos puedan reportar irregularidades, posibles fraudes o actos de corrupción. Peor aún, no existen protocolos que aseguren la confidencialidad del denunciante ni mecanismos para protegerlo de posibles represalias. Esto desincentiva la denuncia y contribuye a crear un ambiente donde las malas prácticas pueden proliferar sin temor a consecuencias. Además, la falta de registros y trazabilidad en la atención de denuncias impide hacer un seguimiento adecuado de los casos y garantizar resultados efectivos, alimentando un círculo de impunidad dentro del aparato regulador

3. Carencia de lineamientos internos claros y capacitación ética:

El informe destaca que el CTP carece de políticas y lineamientos internos alineados con la normativa anticorrupción vigente. No existe un manual actualizado de cargos que defina claramente las funciones, responsabilidades y jerarquías dentro de la organización, lo que aumenta los riesgos de concentración de funciones, recargos y conflictos de interés. Adicionalmente, no se han implementado capacitaciones periódicas en temas de ética, integridad y prevención de la corrupción, lo cual debilita gravemente la cultura organizacional. Incluso el Código de Ética, documento clave para guiar las conductas institucionales, no es divulgado activamente ni entre el personal ni entre actores externos como operadores y proveedores, limitando su alcance e impacto real.

Estos principales hallazgos tienen impactos y riesgos profundos en los tres grandes grupos vinculados al transporte público, así como a nuestra sociedad en general.

Para los usuarios, significa un riesgo directo en la calidad, seguridad y eficiencia del servicio. Cuando los controles regulatorios son débiles, las concesiones pueden ser otorgadas a empresas que no cumplen estándares mínimos, provocando fallas en frecuencias, mantenimiento deficiente y una experiencia de viaje deteriorada. Además, la falta de transparencia impide que la ciudadanía conozca cómo se toman las decisiones que afectan su movilidad diaria.

Para los operadores, representa un entorno de competencia desigual. La discrecionalidad y ausencia de controles abren puertas a favoritismos o tráfico de influencias, lo que distorsiona las reglas del mercado y pone en desventaja a quienes operan formalmente. Sin garantías claras, se desincentiva la inversión en modernización de flotas, tecnologías de pago electrónico y mejoras operativas.

Para los reguladores, este informe golpea directamente su legitimidad y credibilidad. El CTP, como órgano rector, queda expuesto como una institución débil, atrapada en rezagos estructurales que limitan su capacidad para cumplir con su mandato. Esto incrementa la presión fiscalizadora externa y el riesgo de intervención por incumplimiento de estándares nacionales.

La Contraloría ha emitido medidas obligatorias que incluyen crear canales seguros de denuncia, elaborar un manual de cargos, establecer planes de capacitación, actualizar las políticas internas y fortalecer la gestión de riesgos. Sin embargo, más allá de estas medidas Costa Rica requiere una nueva institucionalidad y gobernanza para su sistema de transporte público de cara a las próximas décadas del siglo.

Tenemos como país que buscar una solución sobre ¿qué tipo de servicio de transporte público queremos? y recordar que esta es una actividad de servicio esencial, concesionada por el Estado y que además tiene retos significativos por delante como por ejemplo electromovilidad, sectorización, recambio de la flota por decir algunos proyectos de carácter nacional que requieren una institucionalidad robusta.

Este año se cumple el 60 aniversario de la promulgación de la Ley 3503, Ley Reguladora del Servicio de Transporte Público (1965). Me parece que todos estamos de acuerdo que lo alcanzado por esa ley fue muy bueno durante el siglo pasado, pero definitivamente no está a la altura de las necesidades actuales y menos aún a las futuras. Este es un momento oportuno para emprender la reforma.