El control político​

Pizarrón

El control político

El control político, como parte de la labor de los diputados, como una de sus funciones más importantes, junto a la de hacer leyes, se realiza en su ejercicio parlamentario todos los días, en cada sesión del Plenario Legislativo, cuando en la sesión de la tarde se reúnen todos los diputados. Esto es parte del ritual de cada sesión, de cada día.

En esta parte del control político los diputados pueden hablar de cualquier tema que se les ocurra que es parte, o que forma parte, de este control por parte del diputado, generalmente temas que tienen que ver con funcionarios de Gobierno, de instituciones del Estados, autónomas o centralizadas, corporaciones municipales, o que tienen que ver con el desenvolvimiento de la gestión y administración pública, del manejo de dineros del Estados, de préstamos bancarios, de asignación de recursos que se mal emplean, se desvían de sus destinos originales, o bien aspectos que rozan en el ámbito de la corrupción en cualquiera de las formas que se quiera entender o apreciar.

Muchas veces en el tema de control político hablan de aspectos que pareciera nada tienen que ver con este, y lo que hacen es una diatriba o una arenga parlamentaria sobre el asunto que se les ocurra, casi a modo de denuncia pública sin que lo que traten tenga trascendencia alguna, o ellos mismos la canalicen a la investigación judicial respectiva.

Una parte del control político es la capacidad que tienen los diputados de llamar a comisiones legislativas a funcionarios públicos, y otras personas, a someterlos a interrogatorios con el ánimo de dilucidar aspectos de lo que están tratando, o investigando, para dar claridad a esos asuntos, o para saber cuan comprometidos pueden estar los funcionarios y personas que son llamadas a comparecer, y para dar luz al problema sujeto de investigación.

En estas comparecencias se puede traer por la Fuerza Pública al funcionario o a la persona que es llamada a declarar ante los diputados, en caso de que voluntariamente no se presente. Esto es parte de la fortaleza institucional de esta figura llamada control político.

Cuando son altos jerarcas de los poderes del Estado también se les puede llamar a comparecencia de este tipo. Generalmente los ministros están obligados a presentarse en el recinto parlamentario, en la sede de la comisión respectiva o el Plenario, en caso extremo, si fuera del caso.

Con los presidentes de los Supremos Poderes, el Ejecutivo, el presidente y sus vicepresidentes, el Judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Electoral, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, se acostumbra por cortesía protocolaria, recibirles su declaración, si son llamados a estos efectos de control político, en su propio Despacho, la Casa Presidencial, la Corte o el Tribunal Electoral.

Las comparecencias de todas las personas que son llamadas a las comisiones legislativas, que investigan asuntos, son públicas, se realizan en los recintos parlamentarios que al efecto se disponen, con las condiciones que tienen para que sean atendidas esas sesiones y comparecencias por los medios de comunicación colectiva, por la prensa escrita, radial y televisiva, y por los periodistas hoy de los medios electrónicos. También a estas sesiones puede asistir público, en la cantidad de personas que el espacio lo permite.

Todas las sesiones parlamentarias son públicas, de acceso a la prensa en general y a todos los periodistas en particular.

Raras veces, de excepción, una sesión parlamentaria se puede declarar secreta para atender asuntos de seguridad nacional especialmente, o de relaciones diplomáticas en momentos que el país atraviesa situaciones difíciles con una nación amiga y los diputados deben estar enterados de detalles de gestión de la Cancillería, de la Política Exterior, para que no comprometan dichas gestiones por carecer de la información respectiva. Recuerdo un caso. En el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002, por una situación tensa que había con el Gobierno de Nicaragua, el canciller de la República, Roberto Rojas, acudió a la Asamblea Legislativa para explicar la difícil situación existente, solicitando que su intervención, en el Plenario Legislativo, se declarara secreta, para informar de las acciones que estaba tomando el gobierno y la necesidad de que los diputados estuvieran enterados para lograr la mayor cohesión posible en la posición costarricense que se defendía y en las acciones que se iban a tomar.

Cuando, en casos como estos, se declara la sesión secreta, el recinto parlamentario prácticamente se sella. Se cierran las puertas, se desconectan los micrófonos de acceso al público y a la barra de prensa, se cortan las trasmisiones oficiales de radio y televisión que se hacen del debate parlamentario, y no se toma acta de lo manifestado, quedando a discreción del honor de cada diputado de no comunicar ni decir qué se trató en esa sesión, declarada secreta.

Recientemente con motivo del escándalo del negocio del cemento chino, ¿chorizo?, ¿actos de corrupción en cadena que se asocian? ¿actuación en cuadrilla de personas, funcionarios, miembros de juntas directivas, de bancos e instituciones del Estado?, han sido llamados a rendir declaración ante la Comisión Legislativa que investiga este negocio varias personas y funcionarios públicos. Esto es parte de este control político.

Dentro de este control ha sido llamado el propio presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Por cortesía protocolaria su declaración se hizo en la Casa Presidencial, el pasado lunes a las 7 p.m. Esta columna fue escrita antes de dicha comparecencia.

Lo importante de este acto es que como parte del control político, en régimen democrático como el nuestro, el propio Presidente de la República se somete a este llamado obligado de la Asamblea Legislativa, de los miembros de la Comisión que le han citado, para ser interrogado, dado que por todas partes se le menciona, se le vincula y pareciera que la Casa Presidencia es el vértice de esta pirámide del cemento, o cementazo como se le ha llamado popularmente.

Del mismo modo la Casa Presidencial el lunes había asegurado que la comparecencia del Presidente iba a ser tan pública, como si hubiera ido al recinto parlamentario. Por un momento hubo dudas de este carácter público, pero dichosamente se entendió en Zapote que así debía ser.

Otro elemento que está vinculado a la declaración del Presidente en esta Comisión investigativa, es que su declaración se hará bajo juramento, de manera que si miente comete un delito severo, de falso testimonio, que le puede traer graves consecuencias políticas y personales.

Su sola aceptación de asistir a declarar fue una escuela democrática para el resto de los funcionarios públicos, que eventualmente puedan ser llamados a rendir cuentas sobre los temas que se les convoque. Y que sea bajo juramento de decir la verdad y solamente la verdad, también es ejemplar ante el resto de funcionarios y ciudadanos. Así se debe  actuar cuando se ejercen cargos de elección popular, de representación popular, y de manejo de asuntos y dineros públicos, tanto del Estado como de su sistema institucional centralizado o descentralizado.

El someterse, como también lo ha enfatizado el Presidente a declarar bajo juramento, desde su perspectiva, es porque no tiene nada que ocultar, tal vez tenga mucho que decir, y no quiere estar embarrado en nada de lo que ha venido saliendo de conocimiento público, que hiede por todas partes. No es lavarse las manos, es asumir por parte de él que no tiene vela en este entierro, aunque lo quieran enterrar a él con ese muerto.

La comparecencia es una afirmación del régimen democrático institucional y esto hay que festejarlo. Es un reflejo del sometimiento del presidente ante el Poder Legislativo, una representación más amplia del pueblo costarricense, que ejerce su soberanía por medio de los diputados.

¿Qué va a salir de todo este lío? Todavía no lo sabemos. Podemos esperar que se aclaren bien los nublados que penden hoy sobre la institucionalidad pública comprometida en este negocio del cementazo y sus ramificaciones, que se establezcan las sanciones del caso correspondiente, y ojalá ejemplares, que se destituyan miembros de juntas directivas, o juntas directiva completas si fuere del caso, sus asesores económicos, y jurídicos, sus auditores y cualquier otro funcionario involucrado en este negociazo que huele a alta corrupción pública, con vínculos a sectores privados.

Por ahora procuremos que no se creen distractores de este tema central nacional. Lo de la bomba del Estadio puede ser un montaje, un distractor político, para que no se atienda como debe ser la misma comparecencia del Presidente, y para que mientras se habla y habla lo de la bomba, se deje de hablar del cementazo.

El triunfo de la Selección frente a Estados Unidos emocionó mucho a todo el país, especialmente a la afición futbolera, pero tampoco esa noticia puede opacar lo que es la noticia política más importante del país. El juego de la Selección contra México, y ojalá que triunfemos, esta columna está hecha con anterioridad a este partido, tampoco debe servir para distraer a los ciudadanos y a la opinión pública del tema central político, el cementazo, sus ramificaciones y su hediondez.