EEUU usó estadísticas dudosas para eliminar cárceles privadas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves que eliminará gradualmente sus contratos con empresas de cárceles privadas. Las acciones de Corrections of America y GEO Group se desplomaron y los partidarios de la reforma carcelaria aplaudieron la decisión.

Pero hay un problema: deficiencias fundamentales en la principal fuente de datos en la que el Departamento de Justicia se basó para determinar que las prisiones operadas de forma privada son menos seguras que las públicas. La fuente, un informe del Departamento de Justicia de 80 páginas publicado a principios de este mes por el propio inspector general de la agencia, comparó 14 cárceles por contrato con un número igual de instalaciones gestionado por la Oficina Federal de Prisiones.

La principal conclusión del reporte: "Las cárceles por contrato incurrieron en más incidentes de seguridad per cápita que las instituciones comparables de la Oficina Federal de Prisiones (BOP)”. La procuradora general adjunta Sally Yates invocó estas razones de seguridad en su memorando del 18 de agosto en el que pidió a la Oficina no renovar los contratos pendientes con los operadores privados de prisiones.

La Oficina de Prisiones empezó a firmar contratos con operadores de prisiones privadas en 1997, en un momento en que las poblaciones carcelarias estaban en expansión. El número de presos federales en cárceles por contrato alcanzó su punto máximo en 2013: casi 30 mil, aproximadamente el 15% del total de prisioneros encarcelados por la BOP.

En parte debido a cambios de políticas apuntados a reducir las tasas de encarcelamiento, las poblaciones carcelarias han ido disminuyendo en los últimos tres años. A diciembre, las prisiones por contrato tenían menos de 23 mil reos federales, alrededor del 12% de la población federal total. (Los reos federales son sólo una pequeña porción de la población carcelaria de Estados Unidos, de aproximadamente 1,5 millones, la mayoría de los cuales se encuentran encarcelados en instalaciones de los estados. El cambio anunciado el 18 de agosto para las prisiones de contrato se aplica sólo al sistema federal).

Analizando datos de 2011 a 2014, el informe concluyó que hubo casos de contrabando, informes de infracciones a las reglas, confinamientos, problemas de disciplina entre los reos, monitoreo de teléfonos, quejas diversas, pruebas de uso de drogas y casos de mala conducta sexual.

"Con la excepción de un menor número de incidentes de pruebas positivas de drogas y de mala conducta sexual, en las prisiones de contrato hubo más incidentes per cápita que en las instituciones de la BOP en todas las categorías de datos que revisamos", concluyó el informe.

Muchas cárceles de contrato albergan a delincuentes extranjeros que están cumpliendo sentencias a la espera de ser deportados, por lo general a México o Centroamérica. Estas instalaciones son más difíciles de gestionar y más propensas a la violencia debido a la arraigada presencia de bandas criminales de países latinoamericanos.