Dudas y cuestionamientos en torno a las pruebas FARO harán que diputados lleguen “al fondo del asunto”

¿Qué pretendía el gobierno al incluir preguntas sobre la condición socio económica de los estudiantes en las pruebas FARO?, ¿se pretendía crear una nueva base de datos con fines electorales?, ¿quiénes son los autores de esta idea? y ¿qué papel tiene en todo este asunto el consejo superior de educación?, son algunas de las preguntas y dudas que tienen los diputados de oposición en relación con las pruebas FARO y la polémica que se generó este fin de semana.

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La renuncia de Giselle Cruz como ministra de Educación Pública es insuficiente para mitigar la molestia de los legisladores sobre este tema.

Y es que el Ministerio de Educación Pública puso a responder un extenso cuestionario de más de 600 preguntas a los estudiantes de quinto grado de escuela la semana pasada, y lo peor de todo, es que muchos de los cuestionamientos eran completamente ajenos al quehacer académico. Por ejemplo, en el primer capítulo, llamado Tronco Común, se les hizo preguntas de índole confidencial sobre su entorno familiar y socioeconómico, como el tipo de material del techo o los pisos de su casa, qué servicios tienen en el hogar, si cuentan con espacios exteriores, y qué tipo de bienes poseen, como por ejemplo, computadoras, tabletas y celulares.

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Por estos hechos, también renunció la viceministra académica Melania Brenes.

“Las pruebas FARO son una falta gravísima que no vamos a dejar pasar y evitaremos que este episodio quede en la impunidad. Vamos a ir hasta las últimas instancias para saber quién es el responsable de esta catástrofe”, dijo Jonathan Prendas, jefe de fracción de Nueva República.

En principio, los legisladores tenían previsto aprobar una moción de censura, pero como la ministra renunció la medida ya no procede.

Bajo esa premisa, es probable que se conforme una comisión investigadora, o bien, que el tema sea motivo de análisis en alguna comisión legislativa. Al cierre de edición no se había definido en el Congreso la hoja de ruta.

En todo caso, diputados de Nueva República, Unidad, Liberación y Restauración estaban dispuestos a discutir el tema como parte de su control político.

“La renuncia es un paso necesario, pero jamás debe interpretarse como una resolución del tema, al contrario, existen muchas dudas e interrogantes sobre la intención del gobierno al hacer este tipo de supuestas evaluaciones”, dijo María José Corrales, jefa de fracción de Liberación.