Rodrigo Chaves Robles. Cortesía/La República
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La Asamblea Legislativa tiene ya en su poder una petición sin precedentes: el levantamiento de la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que enfrente un proceso penal por el presunto delito de concusión.
Se trata de un delito que se castiga con ocho años de cárcel.
Es la primera vez en la historia del país que la Corte Suprema de Justicia solicita tal medida contra un mandatario en ejercicio.
La solicitud fue remitida este lunes por el Poder Judicial, tras una acusación formal de la Fiscalía contra Chaves y su exministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por su presunta participación en una operación irregular que habría beneficiado a una empresa privada con un contrato de más de $400 mil, a cambio de un “cariñito” de $32 mil para el asesor presidencial Federico Cruz.
Lo que sigue
El proceso legislativo ya está en marcha. Ahora corresponde conformar una comisión especial de tres diputados, encargada de analizar la acusación y recibir las pruebas tanto de la parte acusadora como de la defensa del mandatario.
La expectativa es que la comisión actúe con celeridad, dada la relevancia del caso y dé un informe en un plazo de dos semanas.
Una vez que la comisión emita su informe, este será conocido en el plenario, en una sesión en la que deberá estar presente el presidente Chaves. Durante ese encuentro, según lo estipulado en el artículo 217, se leerá la acusación, se presentarán las pruebas, y se le dará al mandatario la oportunidad de defenderse antes de que se retire para que los diputados deliberen y voten.
El levantamiento de la inmunidad requiere el respaldo de al menos 38 legisladores —dos tercios del Congreso— para que Chaves pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano.
De conseguirse los votos, el caso pasa a la Sala III.
