Diputado brasileño renuncia por corrupción
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Diputado brasileño renuncia por corrupción

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El diputado federal brasileño Valdemar Costa Neto, dirigente del Partido de la República (PR), renunció a su mandato como parlamentario luego de que el Supremo Tribunal Federal ordenara su detención para que cumpla una condena por un sonado caso de corrupción.

Costa Neto fue uno de los cuatro políticos cuya detención fue ordenada este jueves por la corte suprema de Brasil en el llamado "juicio del siglo", por las corruptelas registradas durante el primer mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La carta de renuncia de Costa Neto fue leída en el plenario de la Cámara baja por el diputado Luciano Castro, uno de los voceros del Partido de la República, poco después de que fuera expedida la orden de detención.

El diputado dimisionario, condenado a siete años y diez meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, alegó en la carta que "serenamente" pasará a cumplir una pena tras haber sido condenado por crímenes que no cometió.

El legislador justificó su renuncia como una forma de evitar que el Congreso pase por la incómoda situación de tener que decidir sobre la situación de un diputado que está en la prisión.

Además de Costa Neto, la corte suprema ordenó hoy la detención de los exdiputados Alberto Rodrigues y Pedro Correa, y de Vinicius Samarane, que era dirigente del Banco Rural en la época del escándalo.

Los cuatro se sumarán a otros once condenados que ya comenzaron a cumplir sus penas y que están en unidades carcelarias en Brasilia.

El Supremo ha ordenado hasta ahora el encarcelamiento de 16 de los 25 condenados, pero uno de ellos, el exdirector del estatal Banco do Brasil Henrique Pizzolato, quien recibió una pena de doce años, huyó del país y se encuentra en Italia.

Los reos fueron condenados por su participación en una red de corrupción montada por los entonces dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) para sobornar a legisladores de otras formaciones y convencerlos a votar a favor del Gobierno en el Congreso.

La red utilizó recursos públicos desviados de bancos y de campañas publicitarias del Gobierno para pagar sobornos periódicos a los congresistas corruptos


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