Natalia Díaz

Natalia Díaz

Enviar
Jueves 27 Julio, 2017

Después de varios meses, la Comisión Especial que estudia las reformas al régimen de pensiones del Poder Judicial, de la cual soy miembro, recibimos el sexto producto, que incluye conclusiones y recomendaciones, del estudio actuarial que tanto se estaba esperando y que será herramienta esencial para tomar decisiones en la reforma legal. Asimismo, los integrantes de esta Comisión, tuvimos la oportunidad de recibir en audiencia a quienes elaboraron este documento; es decir, a representantes del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica. Los académicos fueron enfáticos en indicar la gravedad de la condición en que se encuentra el régimen de pensiones del Poder Judicial y el futuro más que incierto que se avecina.

En su informe del producto señalaron entre otras cosas que: “es claro que bajo el Marco Normativo vigente el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial es insolvente en este momento desde el punto de vista actuarial. Por lo tanto, es imperativo realizar los ajustes necesarios a la mayor brevedad posible, con amplia conciencia de que dichos ajustes requerirán modificar las promesas del Fondo. La demora en el inicio de los ajustes necesarios desembocarán en un deterioro mayor de la situación actual”.

Es importante que los trabajadores del Poder Judicial comprendan la gravedad de la situación de su futura pensión. Aunque es comprensible que en un principio tengan reservas ante las medidas que se tengan que tomar, es necesario que sepan que la administración, que hasta hace un tiempo se les dio a los fondos de sus pensiones, no fue la mejor, y que si las medidas a nivel técnico, como lo son la edad de pensionarse, los años trabajados en el sector y la contribución, entre otros, no se hacen desde ya, su pensión peligrará de forma irremediable.

Según el estudio referido, en 14 años es decir en 2029, se utilizarán los intereses de las reservas; en 25 años, es decir en 2040, se dará el decrecimiento de las reservas y, finalmente en 2048, se dará el agotamiento. Esto quiere decir que será el primer año en que el Fondo de pensiones no podrá hacerle frente al pago de los beneficios lo que es evidentemente caótico para el Poder Judicial.

Los cambios por realizarse urgen para solventar la situación, pero deben hacerse sin pasiones y atendiendo siempre el criterio técnico antes que el político. El Instituto indicaba al final de su estudio que: “el equipo de trabajo del IICE, habiendo determinado que el régimen de jubilaciones y pensiones vigente para el Poder Judicial es insolvente, ha considerado fundamental que los ajustes se realicen a la mayor brevedad posible. Como se indicó anteriormente, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial es insolvente en este momento, y cada día que se pospone el ajuste se agudiza la situación de insolvencia. Es tomando en consideración estos lineamientos que el equipo técnico del IICE no considera adecuada la aplicación de ajustes de manera gradual”.

A los funciones del Poder Judicial les digo que de mi parte ha existido un compromiso serio por encontrar una solución sana y responsable a la situación crítica que atraviesa hoy el régimen de pensiones. Dicho compromiso continúa hasta hoy y más bien se incrementa al comprender mejor, con datos técnicos, que el sentir que teníamos acerca de la sostenibilidad del fondo, es real y que estamos ante una debacle financiera cuya solución debe tomarse contra reloj por el bien de los funcionarios y, en general, de las finanzas del país.