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Al entrar en el Congreso para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión en 1982, el entonces presidente Ronald Reagan estaba listo para lanzar un mensaje que resonó entre muchos republicanos: acabemos con el Departamento de Educación.
"Debemos recortar el gasto público no esencial", les dijo Reagan a los legisladores, prometiendo reducir la plantilla federal en 75.000 personas.
Durante 43 años, esa visión de abolir el Departamento de Educación -respaldada por congresistas molestos con el control del "gran gobierno" sobre los asuntos estatales- no se hizo realidad.
Pero ahora Donald Trump está intentando precisamente eso.
A través de la orden ejecutiva que firmó el jueves, instruye a su secretaria de Educación, Linda McMahon, a tomar "todas las medidas necesarias" para cerrar el departamento y "devolver la autoridad educativa a los estados", según una hoja informativa publicada por la Casa Blanca.
Trump ya ha tomado medidas para despedir a la mitad de la plantilla del organismo. Aunque el cierre total del departamento requeriría una ley del Congreso, algo políticamente improbable, el presidente sí puede tomar medidas para dividirlo y reducir sus competencias.
Si finalmente lo consigue, cumpliría una promesa electoral y un viejo objetivo que ha unido a grupos dispares dentro del Partido Republicano, desde los republicanos del establishment y los cristianos evangélicos hasta el ala del Make America Great Again ("Hagamos a EE.UU. grande de nuevo") más alineada con Trump.
La orden ejecutiva de Trump cita una serie de razones para desmantelar el departamento, entre ellas los US$3.000 millones invertidos "sin mejorar el rendimiento de los estudiantes", la caída en picado de los resultados en los exámenes, el exceso de "iniciativas ideológicas" y la devolución del control "que les pertenece" a los estados.
Jonathan Butcher, un veterano de la política educativa con experiencia en los estados Carolina del Sur, Arkansas y Arizona, le dijo a la BBC que estas razones, en líneas generales, son compartidas por varias facciones del Partido Republicano, y lo han sido durante años.
"Reagan vio correctamente el punto filosófico y práctico de que cuando se crea una agencia en Washington, solo crece en tamaño y asume crecientes responsabilidades", señaló Butcher, que ahora es investigador senior en la Heritage Foundation, un think tank conservador que ha pedido durante mucho tiempo la abolición del departamento.
"Y, efectivamente, eso es lo que ha hecho el Departamento de Educación de Estados Unidos", añadió.
Aunque el primer Departamento de Educación de Estados Unidos fue establecido por el presidente Andrew Johnson tras la Guerra Civil estadounidense en 1867, pronto se redujo y se desvaneció en una relativa opacidad, alojado bajo varios nombres y agencias.
Más de un siglo después, en 1979, el demócrata Jimmy Carter resucitó el departamento, que ahora es un gabinete, lo que provocó la ira de republicanos como Reagan.
Durante su victoriosa campaña presidencial, Reagan describió el departamento como un "nuevo despilfarro burocrático" que permitía a Washington, y no a las "necesidades y preferencias locales", determinar cómo se debía educar a los niños estadounidenses.
Argumentos similares fueron esgrimidos por los republicanos durante los gobiernos posteriores, aunque la falta de apoyo del Congreso imposibilitó durante mucho tiempo los esfuerzos por desmantelar o eliminar la agencia.
"No creo que necesitemos un departamento federal de revisores de deberes", le dijo en 1995 el entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Newt Gingrich, a la Asociación Nacional de Colegios y Universidades Independientes.
Gingrich, que fue uno de los pocos legisladores republicanos que apoyaron la creación del departamento original, añadió que se había convertido en una "enorme decepción".
Aunque en la actualidad se esgrimen muchos de los mismos argumentos, algunos expertos señalan que el recrudecimiento de las "guerras culturales" -un rasgo distintivo de la política estadounidense en los últimos años- ha insuflado nueva vida a los esfuerzos por acabar con el departamento.
Frederick Hess, director de política educativa del American Enterprise Institute, otro think tank con sede en Washington, expuso: "Lo que creo que unifica tanto a la derecha es que siempre ha tenido la sensación de que [el departamento] ofrecía una especie de acceso único para que la 'mancha' de la educación influyera en la política".
"Esa ha sido parte de la crítica que se remonta a Reagan", apuntó.
"Pero el departamento nunca se había implicado con tanta fuerza en feroces batallas culturales nacionales", continuó Hess.
"Aunque hay muchas razones por las que en la derecha podrían querer ver el departamento reducido o abolido... esto le ha dado una nueva energía y enfoque que realmente lo ha cambiado de tema de conversación y le ha dado otro nivel de importancia".
Los expertos, sin embargo, advierten de que sigue habiendo un malentendido significativo sobre lo que el departamento realmente hace y sobre el poder del gobierno federal para influir en los resultados educativos.
La institución no participa en la elaboración de los planes de estudios nacionales, los cuales deja en manos de los estados. En comparación con sus homólogos estatales, solo aporta una pequeña parte de la financiación del gasto estudiantil.
Sin embargo, administra los programas de préstamos estudiantiles y las becas Pell que ayudan a los estudiantes de bajos ingresos a asistir a la universidad, algo que la Casa Blanca afirma que seguirá haciendo incluso una vez desmantelado en gran medida.
Hess, por su parte, comparó el Departamento con un "McGuffin", un recurso argumental muy utilizado por Alfred Hitchcock para desarrollar la trama de un personaje, pero que al mismo tiempo resulta irrelevante.
"Existe una enorme cantidad de burocracia y normativa que obstaculiza el funcionamiento de las escuelas, y suprimir el departamento no elimina esa burocracia y esa normativa", explicó. "Están incorporadas a la ley".
Como ejemplo, Hess señaló programas como las becas Pell o el Título I, una iniciativa federal para proporcionar financiación a las escuelas con un gran número de estudiantes de bajos ingresos.
"Aunque se reduzca el tamaño del departamento, todos esos requisitos seguirán vigentes. Es necesario reducir activamente los requisitos y reglamentos o reescribir la ley para marcar una diferencia significativa", dijo Hess.
Los esfuerzos del gobierno de Trump por recortar el tamaño del departamento ya han sido objeto de demandas judiciales, y la nueva orden ejecutiva ya se ha enfrentado a duras críticas de legisladores demócratas que dicen que pone en peligro la educación de los estudiantes, así como la financiación escolar y la ayuda económica.
La verdad, según Hess, se encuentra probablemente en algún punto intermedio entre los bandos opuestos.
"Ambas partes, por distintos motivos, exageran la importancia de reducir o suprimir el departamento, y ninguna presta demasiada atención a los aspectos que realmente cambiarían la educación federal", añadió.
Pero para los partidarios de la medida, los esfuerzos de Trump son el cumplimiento de una promesa electoral.
"En la campaña, Trump dijo que era una prioridad para los estados, no para el gobierno federal", apuntó Butcher, de la Heritage Foundation.
"Aunque es un paso hacia la eficiencia y la racionalización, en realidad haría más por la autonomía de los estados... es una cuestión mucho más profunda que la financiera".
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