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Después de dos meses sin verlo, el recuerdo que Sol Ocariz tenía de su hermano menor quedó hecho trizas.
“Él era un hombre robusto, pesaba unos 110 kilos cuando lo detuvieron, pero en la cárcel encontré a uno flaco, ojeroso y pálido. Yo creo que ha perdido unos 50 o 60 kilos”, aseguró desde Caracas.
“Le dan muy poca comida y apenas lo dejan salir una vez a la semana durante unos 20 minutos al exterior”, dijo.
El relato de Ocariz es uno de los cinco que obtuvo BBC Mundo y que denuncian las duras condiciones de reclusión que enfrentan las personas encarceladas por las autoridades durante las protestas que estallaron en el país hace tres meses.
Entre finales de julio y los primeros días de agosto, se registraron más de 300 manifestaciones en 20 de los 24 estados de Venezuela en rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de declarar a Nicolás Maduro vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de julio, sin presentar los resultados totales y desglosados.
Para el Foro Penal Venezolano, una organización defensora de derechos humanos, hay más de 1.600 personas detenidas, entre ellos al menos 68 adolescentes, aunque la fiscalía reconoció unos mil encarcelados.
Leidy Yovera tiene a su hijo -José Pérez Yovera, de 21 años- y a dos de sus sobrinos -Diego Liscano y Franyerson Yovera, de 20 y 19 respectivamente- detenidos en la cárcel de Tocorón, a unos 200 kilómetros de su casa, en el occidental estado Yaracuy.
“Todos dicen que en ocasiones les dan comida en mal estado y que no reciben agua suficiente”, afirmó a BBC Mundo.
Sin embargo, otro familiar, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias contra su pariente detenido en la misma cárcel, ofreció otra versión.
“El muchacho dice que la comida no es la mejor, pero es comible. También me dijo que hace unas semanas hubo un brote de diarrea, pero trajeron una planta para tratar el agua”, relató.
“Lo peor para él es la inactividad y el ocio y por eso algunos familiares íbamos a pedirle al director que permitiera llevarles la Biblia y otros libros a la cárcel para que se distraigan”, agregó.
No obstante, en lo que coincidieron las consultadas es que el orden y el silencio deben imperar en la prisión y quien lo rompa se enfrenta a castigos como comer de último o no recibir agua para beber.
Pero a Yovera lo que más le angustia es la falta de asistencia médica.
“Mi hijo tiene una hinchazón en las piernas y me dice que no lo llevan a la enfermería”, explicó.
Algunas de las denuncias mencionadas también se repiten en Tocuyito, prisión ubicada en el centro del país y que alberga a manifestantes o personas señaladas de serlo.
“En la cárcel hay mucha escasez de agua y quienes están allí no tienen implementos de aseo personal, pero no nos dejan llevarles ni agua ni cepillos de dientes ni una barra de jabón”, se quejó Ocariz, cuyo hermano está en esta prisión desde hace casi dos meses.
“Tampoco duermen bien. Duermen en el piso en colchonetas, porque no tienen camas ni literas ni con qué acobijarse”, agregó.
Las cárceles venezolanas se han labrado fama de estar entre las más peligrosas de la región debido a las constantes riñas y motines, hechos que han dejado 3.423 muertos en los últimos 13 años, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
También son célebres por el hacinamiento y la insalubridad. Unas condiciones que solo en 2022 le costaron la vida a 55 reos, debido a la desnutrición y la falta de atención médica, de acuerdo a datos recopilados por la misma organización.
BBC Mundo buscó, sin éxito, contrastar las quejas de los familiares de los detenidos con tres altos funcionarios venezolanos: el fiscal general, Tarek William Saab; el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, y el secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Davoe.
Solo Saab respondió. “Por ahora, sobre esos temas no daré declaraciones”, escribió vía WhatsApp.
Como en otras olas de protestas registradas en años recientes, las denuncias de malos tratos físicos y psicológicos comenzaron a recorrer el país a medida que se producían las detenciones.
“¡Mami no me aprietes! Me duele mucho el cuerpo, porque me pegaron feo (duro)”. Estas fueron las primeras palabras que Dennys Benitez le escuchó a su hijo de 17 años, Luis David López, tras casi dos días sin saber de él.
El joven fue detenido por la policía el 29 de julio a pocos metros de su casa en Valencia, a dos 200 kilómetros al oeste de Caracas; y ahora está un centro de detención de menores en los Llanos, a más de 100 kilómetros de distancia de su familia.
“Lo golpearon para forzarlo a grabar un video diciendo que le pagaron US$30 dólares para hacer destrozos, pero él no estaba en ningún disturbio. Él salió a comprar unos pañales para su hijo de 7 meses y se quedó en una cancha jugando básquetbol con unos amigos cuando lo agarraron”, narró la madre.
Otra madre, quien pidió no ser identificada, reveló que su hijo le contó que un policía le puso un arma en la cabeza para obligarlo a cantar: “Maduro ganó, la sayona (por la opositora María Corina Machado) perdió”.
Esto ocurrió durante los arrestos y los días posteriores.
A tres meses de los primeros arrestos, el número de detenidos en Venezuela no deja de crecer, según organizaciones de derechos humanos.
El Foro Penal Venezolano contabilizaba hasta la semana pasada 1.648 aprehensiones desde las elecciones y apenas 90 excarcelaciones, la mayoría de adolescentes, sobre quienes pesan restricciones a la libertad como prohibición de salir del país.
Las cifras confirman la advertencia que hizo Maduro en agosto: “Esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón (por la cárcel)” y prometió que los detenidos “mínimo pasarán en la cárcel 15 años, por criminales”.
Las imputaciones o acusaciones por terrorismo de la Fiscalía, incluso contra adolescentes, facilitan el anuncio presidencial, pues este delito se castiga con hasta 25 años de prisión.
Desde organismos internacionales creen que existe un propósito claro en tener a tantas personas tras las rejas y con la amenaza de mantenerlas largos períodos de tiempo:
“Crear miedo y silenciar a las voces disidentes para perpetuar al actual régimen en el poder”, afirmó la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria de Mees.
“Desde hace un tiempo venimos denunciando que en Venezuela se practica el terrorismo de Estado, porque un régimen autoritario viene aplicando medidas represivas en un país donde no hay Estado de Derecho, al menos desde 2017, para mantenerse en el poder”, explicó a BBC Mundo.
Las autoridades, por su parte, niegan las acusaciones y aseguran que han enfrentado una nueva conspiración “con todo el peso de la ley”.
"No fueron manifestaciones pacíficas, sino focos de personas delictivas armadas, actuando para crear un caos y buscar una intervención extranjera", explicó el fiscal Saab hace unas semanas.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, añadió: “En esto no podemos continuar: aquí a cada perdón se sucede una nueva conspiración, y a cada conspiración, un nuevo perdón”.
La tesis de la CIDH es respaldada activistas de derechos humanos como Marino Alvarado, quien advirtió que lo ocurrido luego de los comicios puede ser un ensayo de lo que puede producirse a partir del 10 de enero, cuando, según la Constitución, se debe iniciar el nuevo período presidencial.
“En los planes del gobierno pudiera estar empezar una nueva ofensiva represiva para generar mucho más terror”, dijo a BBC Mundo.
Pero los miles de encarcelados no solo los únicos que enfrentan duras condiciones, sus familiares también dicen vivir un calvario.
Decenas de madres, esposas y hermanas se han visto forzadas a trasladarse a las inmediaciones de las prisiones a las que enviaron a sus seres queridos, algunas de ellas a varios cientos de kilómetros de sus lugares de residencia, para así poder verlos una vez a la semana por algunos minutos.
“Yo tengo un mes viviendo en una casa que alquilamos un grupo de familiares de los detenidos de Yaracuy cerca de Tocorón, porque no puedo estar viajando cada semana”, relató Yovera.
“Esto no es fácil. Vivir con desconocidos, lejos de tu casa, de tu familia, sin trabajar y gastando dinero. Ellos en la prisión viven penurias y nosotros afuera también”, agregó.
Otra de las familiares reveló que en cada visita se gasta US$160 solamente en el transporte desde Caracas hasta la cárcel de Tocorón, a 130 kilómetros de distancia. Esto, en un país donde el salario mínimo oficial no llega a US$3.
Pero las económicas no son las únicas decisiones difíciles que enfrentan las familias.
A medida que se acercan las audiencias preliminares, actos donde los jueces deciden si ordenan el enjuiciamiento de una persona, activistas y familiares denuncian que se producen presiones para que los detenidos se declaren culpables sin juicio.
“La Fiscalía pide 10 años para ustedes, pero si admiten los hechos les voy a dar 6 años y 8 meses. ¿Qué dicen muchachos?”. Esto le ofreció la jueza a Luis David López, uno de los 68 adolescentes que sigue en prisión, relató su madre, Dennys Benitez.
“Aun siendo inocente, yo estaba dispuesta que a mi hijo hiciera eso, porque es mejor que esté conmigo en mi casa”, admitió.
Sin embargo, cuando la jueza le aclaró que la confesión no implicaría la excarcelación la madre del chico cambió de parecer.
“Ni siquiera confesando algo que no hizo me lo iban a dar. ¿Por qué tanta maldad?”, dijo con la voz entrecortada.
Para Alvarado la política de mano dura de las autoridades es una jugada arriesgada.
“Mantener a este enorme número de presos políticos es un problema para un gobierno que busca estabilizarse”, dijo.
“Por un lado tienes a las familias movilizadas, las cuales al ver que sus parientes no son liberados, deciden que el silencio no es una opción; y por el otro tienes a la comunidad internacional presionando”, agregó.
Mientras tanto, a medida que pasan los días y se acercan las fiestas navideñas, algunos de los encarcelados se quiebran.
“Mi hijo me ha dicho que no quiere comer y que no le interesa si se enferma o se muere. Está muy deprimido y no es el único”, remató Benitez.
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