¡De huelgas, sentencias y lecciones aprendidas!

En sociedad no hay remedios a errores, omisiones o simplemente yerros sin dolor. Toda solución a las dificultades legales, sociales y económicas trae consecuencias de naturaleza dolorosa y traumática. La diferencia es que de no imponerse las correctas soluciones, las consecuencias serían aún más dolorosas y desagradables para la comunidad.

He leído con frecuencia que este gobierno es una dictadura. Que don Carlos Alvarado, un demócrata de hondas convicciones y un moderado en todos los aspectos de su vida, es un dictador y que su gobierno es un gobierno de fuerza e impositivo. ¿De dónde sacarán las gentes estos clichés y estereotiparán a las personas de esta singular manera? Estas aseveraciones no dañan a don Carlos pero colocan a quienes las aseguran en un predicado respecto de su comprensión e inteligencia.

He leído con no cierta sorpresa que don Carlos Alvarado y su gabinete no han querido el diálogo con los grupos “sociales” refiriéndose a los sindicatos. Me pregunto, ¿dónde estaban los líderes sindicales durante cien horas bajo auspicio de la Iglesia católica si no negociando una agenda común y preliminar para la negociación? Fue público y notorio que luego de que el liderazgo sindical negociara y entre ellos y los personeros de gobierno construyeran una agenda, las bases sindicales calcularon mal, se equivocaron y rompieron la negociación desautorizando a sus líderes.

Negociar en ninguna parte del mundo es o ha sido sentarse a una mesa a hacer todas las concesiones que las exigencias de la parte en huelga lanzan. Diálogo tiene un significado muy diferente al que los líderes sindicales y sus bases tienen. Una vez más se equivocaron los líderes sindicales. Lo que no es aceptable para el país no es siquiera de recibo para un gobernante.

Los huelguistas esperaban que la Corte Plena fuera la última palabra en cuanto a lo que dice la Constitución Política de Costa Rica. Ellos esperaban que los intereses de los magistrados allí sentados y que son similares a los que los huelguistas han venido reclamando, se alinearan con los sindicatos. Olvidaron que “la Constitución dice lo que la Sala IV dice que dice.”

Ahora los sindicatos acusan a los magistrados de haberse “vendido” al poder político. Si su decisión hubiese sido distinta serían héroes sindicales. Las cosas no funcionan así en nuestro sistema de derecho y la jurisprudencia de la Sala IV en reiteradas ocasiones había señalado que las fijaciones de sueldos y otras no era un asunto cubierto por la independencia de poderes.

Han comenzado a aparecer públicamente abogados penalistas y constitucionalistas atacando a la Sala IV y a sus magistrados señalando que la sentencia fue errónea, que los jueces incurrieron en prevaricato de ley, que son unos vendidos, que son unos ignorantes. A estas personas, algunos estimables personajes del foro de los abogados del país, les recuerdo que la educación es la vía para enaltecer al pueblo y que la desinformación en camino corto se vuelve en contra del estado de derecho. En todo caso no es la forma de buscar y conseguir clientes.

El SEC, Sindicato de Educadores Costarricenses, decidió acabar con la huelga declarada ya ilegal en primera instancia y llamó a sus afiliados a las labores de educación. Ahora son poco menos que Judas, traidores e inconscientes y están bajo el asedio de otros más extremistas que no aceptan derrotas, ni aceptan que con su anuencia o sin ella el país seguirá su curso.

Finalmente, a todas las expresiones de descalificación de los gobernantes y de los jueces se ha agregado un coctel molotov lanzado contra el edificio del Ministerio de Hacienda con una nota política de extrema. A ese acto de violencia irracional se ha agregado otro hecho impresionante al circular la fotografía de un individuo condenado por sabotear la esfera de gas en Recope, acto que de haber sido totalmente exitoso habría incendiado la empresa y la ciudad de Limón. En la gráfica se lee que este es un preso político del gobierno, que es un obrero defendiendo los intereses de los trabajadores.

Resulta muy difícil de comprender para algunos buenos costarricenses que bien comprenden que eso es absurdo, que esta persona incurrió en delitos tipificados y que fue juzgado por un tribunal contando con defensoría plena, sea descrito como un preso político. Delincuentes son delincuentes y sus dos años de cárcel quizás le ayuden a meditar cómo actos violentos en perjuicio del estado y de los costarricenses no deberían realizarse. Que estos actos no defienden a los trabajadores sino que los perjudican.

Grandes lecciones nos deja todo este movimiento. No se pueden otorgar beneficios y privilegios a los funcionarios públicos cuyos costos y sostenibilidad en el tiempo no puedan garantizarse. Justicia social no es crear privilegios en favor de minorías y obligar a la población más pobre a sufragar esos costos. Las agrupaciones sindicales deben renovar sus figuras y elegir nuevas de vocación democrática y no totalitaria, que usen los sindicatos políticamente para destruir el sistema, que usen las huelgas no como herramienta de reivindicación laboral sino como instrumento de subversión política. El Código Procesal Laboral debe revisarse. Hay elementos allí que no están en consonancia con la resolución pronta y justa de los conflictos económicos sociales. Deben abandonarse la politiquería y el recuento de votos a futuro por parte de algunos partidos que perdieron la elección de abril. El ejercicio de la política debe ser otro y contar con una orientación siempre en beneficio de Costa Rica. Finalmente los tribunales laborales han señalado que los servicios prestados por Recope no son de carácter indispensable, por lo que esto debería hacer reflexionar a nuestros gobernantes sobre la conveniencia de abrir el mercado de importación y distribución de gasolina, diésel y gas.

Aprendamos de la experiencia. Pongamos el interés de Costa Rica siempre por delante. La patria es primero.