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La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner comenzó este martes a cumplir una pena de seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por corrupción, tras ser notificada por la justicia que podrá cumplir su sentencia en su domicilio en la ciudad de Buenos Aires.
El juez Jorge Gorini, quien presidió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 que condenó a Kirchner en primera instancia en 2022, notificó a la exmandataria su arresto a través de una comunicación por Zoom.
De esta forma, se evitó que Kirchner, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015 y fue vicepresidenta entre 2019 y 2023, se presentara ante los tribunales el miércoles, tal como había anunciado la propia jefa del peronismo luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena la semana pasada.
Esa fuerza -formalmente llamado el Partido Justicialista (PJ)- planeaba una gran marcha para acompañar a su líder desde su hogar, en el barrio sureño de Constitución, hacia los tribunales en el norte de la ciudad, donde se entregaría a la justicia.
La movilización, que se sigue convocando para el miércoles bajo el lema "Argentina con Cristina", denuncia que Kirchner fue "proscrita", ya que no podrá presentarse de ahora en adelante a elecciones ni ocupar cargos públicos por el resto de su vida.
Kirchner tendrá que usar una tobillera electrónica durante la prisión domiciliaria.
Días antes de que se conociera el fallo de la Corte Suprema, la expresidenta había anunciado en una entrevista su intención de postulares para un cargo en los comicios legislativos de este año, cuyas candidaturas se presentan en julio.
Tras la ratificación de su condena, el pasado 10 de junio, la defensa de Kirchner presentó un escrito ante la Corte Penal Internacional en La Haya para denunciar su proscripción, y anunció que también planea acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Kirchner alega ser víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por "el poder económico concentrado", en particular el Grupo Clarín, principal conglomerado mediático del país.
Ha recibido el apoyo de varios líderes políticos, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Rafael Correa, exmandatario de Ecuador, quienes también denunciaron ser perseguidos.
La expresidenta fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por la llamada "causa Vialidad", en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner.
Según la justicia, días antes de asumir como jefe de Estado, en 2003, Néstor Kirchner -quien falleció en 2010- y su esposa crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron casi el 80% de las obras viales que se realizaron en esa provincia durante los 12 años del kirchnerismo.
La empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios y solo dos obras fueron finalizadas a tiempo. La mitad nunca se terminaron, lo que significó una pérdida para el Estado de más de US$500 millones.
El encargado de Austral Construcciones, Lázaro Báez, un hombre sin experiencia en el rubro de la construcción y que ha sido acusado de ser un testaferro de los Kirchner, también fue condenado en la causa, al igual que siete exfuncionarios kirchneristas, quienes también comenzarán su pena este martes.
La defensa de la expresidenta sostiene que no hubo evidencias que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez, y que un Jefe de Estado no decide directamente sobre estas licitaciones, existiendo 12 instancias administrativas entre la presidencia y las obras en cuestión.
Por otra parte, señala que el presupuesto para las obras es ejecutado por el jefe de Gabinete, y sin embargo no se juzgó a ninguna de las personas que ocuparon este cargo durante el kirchnerismo, incluyendo a Alberto Fernández, quien luego sería elegido por la propia Kirchner para ser candidato a presidente, con ella como vice, en 2019.
En tanto, la exmandataria remarcó que el Parlamento aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto y que la justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
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