Crece tensión por registro de accionistas
“Las decisiones que hemos tomado no son unilaterales, sino que son el producto de discusiones internas en las que participan representantes de 24 cámaras empresariales y no son una decisión de este servidor”, dijo Rónald Jiménez, presidente de Uccaep. Archivo/La República
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La disputa en torno a la creación de un registro de accionistas consolidado subió ayer de tono, dejando acusaciones, dimes y diretes y un panorama poco claro de lo que pasaría en las próximas semanas con el proyecto contra el fraude fiscal que se discute en la Asamblea.
Por un lado, el Gobierno, el PLN y los empresarios anunciaron la creación de una comisión especial, que tendrá en una semana máximo, una propuesta conjunta sobre la creación de esa polémica base de datos, la cual le daría nuevas armas al Ministerio de Hacienda para luchar contra la evasión fiscal.


Mientras que el Movimiento Libertario volvió a criticar la ley y acusó a Rónald Jiménez, presidente de la Uccaep, de tener un conflicto de intereses sobre el tema al ser “un contratista recurrente” de diversas instituciones públicas desde 2013, por lo que podría estar más interesado en defender sus negocios privados que en el bienestar colectivo del sector productivo, sugirió Otto Guevara, legislador de esa bancada.
Para las bancadas del Libertario y la Unidad Social Cristiana, el registro de accionistas desvirtúa la figura de las sociedades anónimas, pone en peligro la información confidencial de las empresas y ahuyenta la inversión.
Al estar en manos del Gobierno se corre el peligro de que esos datos secretos se trasladen a terceras personas, que de forma inescrupulosa los utilizarían, dijo Johnny Leiva, diputado del PUSC.
En cuanto a Jiménez, el Libertario pidió su separación total de toda negociación con el Gobierno, ya que perdió confianza en él, al revelarse sus supuestos negocios con diversas instituciones.
Desde 2013, la empresa Ideas Gloris SA, cuyo presidente es Jiménez, habría ganado supuestamente diez procesos de licitación pública por unos ¢7 mil millones, por el servicio de custodia y reguardo de datos para el Ministerio de Hacienda, Recope, Banco Central y la CNFL.
La sospecha contra Jiménez se da luego de que en los últimos 15 días Jiménez hizo cambiar a la Uccaep de posición, al negociar un registro de accionistas y al favorecer la discusión de nuevos impuestos.
El objetivo del Gobierno al construir una base de datos con todos los empresarios, es tener de forma ágil información de los accionistas de las empresas y con ello, supuestamente atrapar a los evasores y reducir la elusión.
En principio se propuso que esa base de datos estuviera en manos del Ministerio de Hacienda; sin embargo, ahora el Poder Ejecutivo quiere que sea el Banco Central o el Instituto Costarricense Sobre Drogas, que haría investigaciones para detectar dinero del crimen organizado.

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