Crear los espacios para el diálogo y los acuerdos

La parálisis en la toma de importantes decisiones públicas, en múltiples ámbitos, es una señal preocupante de deterioro y crisis del sistema político. La sociedad —y por lo tanto los intereses, preocupaciones y demandas de los diversos grupos— ha cambiado de manera radical en las últimas décadas, mientras nuestro esquema de representación se ha quedado anquilosado, en buena medida porque su entrabamiento ha resultado funcional para proteger los intereses de ciertos sectores.
Las consecuencias de esta situación son graves, van más allá de la incapacidad del Estado de satisfacer demandas simples —como por ejemplo, la provisión de infraestructura— e implican el descrédito de las instituciones, la desconfianza ante las respuestas colectivas incluso en el caso de problemas en los que no son viables soluciones individuales y el cuestionamiento del marco de convivencia democrático (no en términos de sus principios fundacionales, pero sí al menos como marco de gobierno y como mecanismo para arbitrar entre los intereses de diferentes grupos).
Hasta el momento, las manifestaciones tempranas de este proceso de descomposición pueden parecer, a algunos, poco importantes: el uso de los mecanismos electorales para mostrar la indignación de la ciudadanía (abstencionismo y el voto de censura a los partidos políticos tradicionales), el uso de la poderosa herramienta de comunicación que constituyen las redes sociales como un espacio para vociferar, atacar pero no para construir y el refugiarse (¿esconderse?) en el espacio de lo individual, de lo más íntimo en la empresa o en la familia, aislándose en la medida de lo posible de los otros, ante la disfuncionalidad de las soluciones colectivas.
Pero más alarmante es hasta dónde puede llegar este proceso de atrofia del tejido social y político, pues las tres manifestaciones señaladas antes pueden servir solo temporalmente como un desahogo o una solución. Las presiones y las contradicciones continuarán acumulándose . ¿Hasta dónde? Quizás hasta que una crisis económica y social haga más que evidente que el pacto social se ha roto.
Revertir este proceso es una tarea que requiere diálogo para alcanzar acuerdos, pero quedarse en este enunciado es, además de una perogrullada, insuficiente.
Pretender que el marco para dicho proceso de búsqueda de acuerdos debe ser exclusivamente el espacio institucional de representación democrática es desconocer no solo su debilitamiento, sino que además obviar los cambios que ha sufrido el tejido social en las últimas décadas. Una propuesta de acuerdo no puede construirse exclusivamente con el concurso de partidos políticos representados en Congreso o en control del Ejecutivo.
Es necesario entonces un cierto diseño institucional y una estructura de incentivos que desarrolle el espacio para ese acuerdo. Dicho diseño debe propiciar la más amplia participación de los diversos sectores sociales alrededor de una agenda compuesta no solo por demandas sociales abstractas sino que principalmente por acciones concretas de política pública orientadas a satisfacerlas.
En tanto que el esquema de deliberación y de incentivos debería propiciar primero una revelación clara de los sesgos e intereses de los diferentes grupos —con el fin de evitar la extorsión de los llamados a la “democracia de la calle” y la opacidad del cabildeo de los grupos de interés— y, en segundo término, un mecanismo concreto de elección entre alternativas, que impida la discusión infinita y el poder de veto de las minorías.
Ningún esquema será perfecto, pero sí funcional y perfectible en la medida en que quienes ejerzan los liderazgos sectoriales comprendan que la búsqueda del bien común implicará siempre estar dispuesto a ceder ventajas individuales y, que el proceso no es un juego de suma cero, es decir, que más allá de las ganancias o pérdidas individuales hay beneficios apropiables colectivamente.

José Luis Arce
 

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