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Si una familia tiene un mal vecino que causa problemas y pone en peligro su seguridad debe primero tratar de convencerlo de las ventajas, para la propia familia del vecino, y para la comunidad de enmendar su conducta.
Si la situación no se corrige tendrá que recurrir a las instancias policiales y judiciales para que pongan en orden a esa persona irrespetuosa de las reglas de buena conducta.
Si ni siquiera con eso se logra detener la conducta perjudicial para el vecindario, en última instancia el hogar que sufre de los excesos y violaciones de ese mal vecino puede mal vender su propiedad y trasladar su domicilio.
Un país igual puede dialogar con la nación vecina que rompe las reglas de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos en su territorio. Así lo han hecho los gobiernos costarricenses frente a la dictadura de Ortega y Murillo.
También reiteradamente ha tenido que recurrir nuestro país a instancias judiciales y políticas internacionales para tratar de poner coto a los excesos y crímenes de la dictadura que agobia a los nicaragüenses. Incluso hemos sido víctimas de sus invasiones a nuestro territorio que han sido condenadas por la Corte Internacional de Justicia.
Pero un país no tiene la opción de moverse a otra zona de la geografía terráquea.
Nos tenemos que aguantar que la dictadura de Ortega y Murillo siga ubicada al norte de nuestra nación.
Eso demanda una política inteligente que permita minimizar los costos de ese mal vecino, e impida sus excesos.
No es fácil.
El vil asesinato del Mayor Retirado Roberto Samcam pone de manifiesto de una manera brutal las dificultades que nos causa ese vecino. Fue acribillado en la puerta de su casa por ocho balazos de un sicario en Moravia, en nuestra Área Metropolitana, a plena luz del día.
El Mayor retirado vivía en nuestro país desde que buscó refugio acá después de los sangrientos crímenes de la dictadura nicaragüense contra las pacíficas demostraciones de 2018.
Había buscado refugio entre nosotros para ponerse a salvo de las garras criminales de la pareja de dictadores Ortega y Murillo. Era un valiente opositor a los dictadores que afrentan a su patria. Había alertado a las autoridades nacionales de los riesgos que aquí corría ante la mano inescrupulosa de ese régimen, que si no respeta las vidas de sus ciudadanos -como ha sido internacionalmente constatado por órganos interamericanos y de NNUU- menos respeta fronteras nacionales. Había salido del país a México y fue ultimado pocos días después de volver.
El propio día del homicidio del Mayor Retirado Samcam el periódico español El País publicó:
“En un clima de creciente persecución política más allá de las fronteras denunciado por varios organismos de derechos humanos, y el Grupo de Expertos de Naciones Unidas que investiga los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, el asesinato de Samcam es el tercero de opositores nicaragüenses.
Primero fue el opositor Rodolfo Rojas en junio de 2022, y en octubre de 2024 Jaime Luis Ortega Chavarría, ejecutado en la comunidad de El Quebradón de Upala, en la frontera con Nicaragua. A eso hay que sumarle el doble intento de homicidio fallido contra el también opositor Joao Maldonado y su esposa, quienes sobrevivieron a los dos atentados, ocurridos en 2021 y 2024. Maldonado y su mujer, que arrastran graves secuelas, huyeron de Costa Rica después del segundo ataque.
El común denominador de los tres crímenes y el doble intento fallido de homicidio, aparte del móvil político denunciado, es que las víctimas son refugiados y originarios del departamento de Carazo, donde en 2018, durante las protestas sociales contra los Ortega-Murillo, los policías y paramilitares enfrentaron una feroz resistencia ciudadana. Tanto opositores como las fuerzas armadas del régimen sufrieron bajas, por lo que estos ataques criminales se interpretan como un ajuste de cuentas en Costa Rica contra estas personas por participar en dicha resistencia.
Fuentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) consultados por EL PAÍS después del segundo intento de asesinato de Maldonado nunca han descartado un móvil político en esta tentativa de homicidio.”
Álvaro Leiva Sánchez Secretario Ejecutivo y Representante Legal de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) desde 2018 recibió la condición de Asilado Político en nuestro país, y luego solicitó protección ante las amenazas de la dictadura nica. Hace un año ante la falta de atención a su solicitud de protección abandonó Costa Rica y renunció a su condición de Asilo.
La investigación por parte del OIJ de los intentos de homicidio contra Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto relaciona esos crueles hechos con personas cercanas a la dictadura.
Ciertamente los limitados recursos de nuestro gobierno para la seguridad ciudadana no dan abasto para brindar protección individualizada a los más de 20.000 refugiados y a los más de 200.000 solicitantes de refugio en su mayor parte nicaragüenses que viven en nuestro país.
Pero eso no excusa que seamos omisos en la investigación de inteligencia respecto a la organización de células terroristas de Ortega y Murillo, o a sus mecanismos para contratar ejecutores entre los grupos de sicarios que operan en el país.
Debe también el gobierno extremar las medidas para mejor proteger la porosa frontera norte y tratar de evitar la penetración de agentes de esa dictadura.
Además, mejorar la seguridad ciudadana y eliminar el sicariato en beneficio de los costarricenses, también ayudaría a impedir posibles acciones de la larga mano oscura de la vecina dictadura.
Son campos en los cuales no tenemos excusa para no mejorar nuestras acciones.
