Consejo científico determinará interés pesquero de especies marinas en peligro
Jeffry Garza jeffrygarza.asesor@larepublica.net | Jueves 18 febrero, 2021 10:55 a. m.
Un consejo científico y técnico, conformado por expertos en temas del manejo pesquero y acuícola de organizaciones no gubernamentales, sector productivo, Academia y del gobierno, regulará el manejo de especies de interés pesquero y acuícola en cumplimiento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Así quedó establecido en un decreto elaborado en conjunto por los equipos técnicos del Ministerio de Ambiente y Energía y del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El denominado Consejo Científico Técnico para especies de Interés Pesquero y Acuícola-CITES deberá elaborar dictámenes de extracción no perjudicial, sobre la capacidad de almacenamiento y cuido de los destinatarios, emitir criterios respecto a las propuestas y proyectos de liberación o reintroducción de especies de interés pesquero o acuícola que estén incluidas en los Apéndices I, II y III de la Convención CITES.
Dichos criterios tendrán carácter vinculante para el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), como autoridad administrativa.
“La creación del consejo nos permitirá contar con una autoridad científica que regule el manejo de las especies conservando las especies marinas que también son aprovechadas por el sector pesquero bajo prácticas de pesca sostenible, generación de empleo en zonas costeras, en cumplimiento de nuestros compromisos nacionales e internacionales”, expresó al respecto Daniel Carrasco, presidente de Incopesca.
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A partir de la publicación del decreto este jueves, Incopesca tendrá un máximo de 15 días para analizar y resolver las solicitudes de exportación e importación recibidas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, de conformidad con los Dictámenes de Extracción No Perjudicial.
La decisión de restablecer el comité científico para determinar las especies contenidas bajo CITES que se podía comercializar, era un reclamo de la sociedad civil en favor de la protección de la fauna.
Desde diversos sectores se criticó que la decisión recayera en Incopesca, al ser este el organismo que otorga las licencias pesqueras y cuyo equipo técnico no es lo suficientemente robusto para asumir este rol científico.
