Sectores luchan contra decreto que atenta contra diez especies de tiburones

La publicación de un decreto que da potestades de autoridad científica al Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca) para determinar la viabilidad del comercio internacional de las especies marinas está en el ojo del huracán.

Esto porque se envió a consulta en un periodo en el que no dio tiempo a las universidades ni al Colegio de Biólogos de emitir su criterio sobre el texto, pues se hizo entre el 16 de diciembre del 2020 y el 7 de enero de este año, momento de receso de fin de año.

“Se hizo bajo un secretismo inusual, en época navideña, con las universidades y el Colegio de Biólogos en vacaciones. Nosotros pudimos enviar criterio hasta el día de cierre”, explicó Jorge Jiménez, director general de la Fundación MarViva.

La consulta fue una gestión para atender las observaciones realizadas por la Sala Primera en noviembre del año anterior, cuando anuló el decreto vigente precisamente por vicios de procedimiento.

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Al decreto se oponen tanto MarViva como el propio Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), que cuestionan la capacidad de Incopesca para determinar la viabilidad científica de exportar determinadas especies, sobre todo aquellas amenazadas.

Incluso el Minae va más allá y cuestiona la designación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como autoridad administrativa, sugiriendo que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación es quien debería asumir ese rol.

“Existe un claro conflicto de intereses. No puede ser que Incopesca otorgue las licencias, determine qué se puede pescar y qué se puede exportar. Tiene todo el juego en sus manos”, argumentó Jiménez.

Y es que Incopesca misma había admitido en un informe de agosto de 2020, que su Departamento de Investigación y Desarrollo no tiene la capacidad para realizar los estudios poblacionales que determinen la viabilidad de exportar cierta especie.

Sobre las observaciones planteadas por los sectores que objetan el decreto, el MAG, promotor de la consulta y rector de Incopesca, se comprometió a tomar en cuenta los criterios científicos acogidos en el periodo de consulta.

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La nueva regulación en trámite recoge puntos que se habían cuestionado al decreto derogado, como la amenaza contra once especies de tiburón, algunas de ellas en peligro de extinción según la convención CITES, la cual fue ratificada por el país.

El tiburón gris figura entre los amenazados y, pese a ello, se permite exportar el 75% de las capturas; el tiburón ballena, en peligro de extinción desde 2016, es otro en la lista de productos de comercialización.

Sin embargo, en Incopesca aseguran que más bien lo que procuran con la regulación es evitar la degradación de las poblaciones de tiburones, de acuerdo con la ciencia y la técnica, defendió su presidente Daniel Carrasco.

Como alternativa al decreto, los sectores opuestos a las regulaciones que impulsa el MAG instan a que se reinstaure el comité CRAC-CITES como autoridad científica, el cual lo conformaban autoridades del Minae, universidades públicas, Colegio de Biólogos e Incopesca, entre otros.

Con ello se procura devolver a instituciones técnicas la facultad de hacer las investigaciones necesarias para determinar cuáles serían las especies que se podrían comercializar o no.

Por otra parte, en atención al decreto, el Gobierno informó que se creará una comisión asesora para la discusión, seguimiento, evaluación y aplicación de las actividades contenidas en el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Ordenación de Tiburones de Costa Rica.