Shirley Saborío

Shirley Saborío

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Jueves 5 Octubre, 2017

Competitividad, una carrera sin fin

El reciente informe del Foro Económico Mundial presentado por el INCAE la semana anterior nos dice que Costa Rica logró mejorar siete posiciones en el ranking general al pasar del lugar 54 al 47 entre 137 naciones. Este resultado ubica a nuestro país como el segundo más competitivo de América Latina, solo superado por Chile.

Pero, ¿es esto importante? Claro que sí lo es. Primero porque lo que no se mide no existe. Decir que somos buenos o malos no es importante si no podemos decir en relación con qué o con quién. Segundo, porque toda mejora es relevante. La tendencia es importante porque nos da cuenta de la dinámica de la economía. Y tercero, porque de cara al mundo, nos permite ubicarnos en temas relevantes para el quehacer de los negocios.

La noticia es relevante y más aún la mejora. Sin embargo, cuando entramos a ver el detalle del indicador, es claro que hay tareas pendientes. Como país obtuvimos los mejores resultados en los indicadores de salud, educación, disponibilidad de Internet móvil, apertura para la atracción de inversiones, transferencia de tecnología y sofisticación de los negocios. Algunas de estas áreas son producto de decisiones de mediados del siglo anterior, y otras de inicios de este cuando se abrió el mercado de las telecomunicaciones. Vale mencionar que en todas estas áreas, hay una activa participación del sector privado que contribuye a mejorar los indicadores, porque la competencia es sana, y porque competencia no significa ausencia de políticas rectoras o principios generales.

Sin embargo, cuando vemos las áreas en las que Costa Rica no está tan bien evaluado están; el deterioro de las instituciones gubernamentales, que se mide por medio de variables como desconfianza en los políticos, desvío de fondos públicos, pagos irregulares y sobornos, ineficiencia del gasto público, ineficiencia del Poder Judicial para resolver disputas y costos asociados al crimen y la violencia. Todos estos temas no son menores, y sí muy preocupantes.

Estos temas, a diferencia de los anteriores en los que hay una buena calificación, tienen en su gran mayoría una enorme, por no decir completa, participación del sector público. Se trata del Estado y su capacidad de gestión, de las inmensas debilidades institucionales para resolver problemas comunes y de la enorme ineficiencia por mejorar lemas como la infraestructura, un tema cuyos efectos trascienden la vida empresarial. De ahí la gran desconfianza y la falta de acuerdos para pagar más impuestos por ejemplo, ante las ineficiencias evidentes en la capacidad de gestión.

El deterioro de las instituciones gubernamentales es un desafío de todos. A las empresas y en general a los ciudadanos, nos interesa un Estado eficiente y con reglas claras, que nos permita disfrutar de un adecuado entorno que mejore el bienestar y disminuya los costos por corrupción y pagos irregulares.

Nos interesa un Estado sin corrupción que no encarezca la forma de hacer negocios en el país, de forma lícita y formal. En el caso de México y de Guatemala, los temas de corrupción y burocracia, fueron elementos esenciales para no reflejar avances en el indicador para 2017.

Ahora más que nunca, es importante que el país cuente con una verdadera agenda de competitividad que establezca metas y defina indicadores de seguimiento que nos permita conocer los avances o retrocesos. Ese ha sido el espíritu de los Consejos Nacionales de Competitividad que se han formado por años, pero al no contar con indicadores de gestión, medir los avances es imposible. La intención ha sido buena, y aún estamos a tiempo de hacer la tarea y que logremos definir una agenda puntual que permita conocer los avances o no, de una forma articulada. Es claro que esta tarea no debe ser monopolio público, ni debe ser objeto de agendas particulares, debe ser una tarea que trascienda las administraciones y los cortos plazos. Es una tarea permanente, una carrera sin fin de la cual saldremos ganadores si somos capaces de reencontrar la ruta de las alianzas públicas y privadas que permitan el beneficio para todos.