Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

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Miércoles 21 Marzo, 2018

Pizarrón

¿Cómo entender y apreciar la lucha electoral en estos últimos días?


La organización del Estado, el Gobierno y las instituciones políticas, entre ellas las que se expresan en los partidos políticos, conduce, en nuestro medio, y en nuestra vida política cotidiana, a hacer separaciones que producen en la práctica confusiones. Veamos.

El Estado en su estructura tiene la organización de los poderes públicos, como elemento central, junto con sus instituciones, y las que desprenden de esos poderes. Dentro de estas instituciones están también las corporaciones municipales, es decir todas las municipalidades. Para los órganos estatales el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las gobiernos municipales, junto con sus alcaldías e intendencias son de elección popular sus autoridades y miembros. No así los miembros de la Corte Suprema de Justicia ni del Tribunal Supremo de Elecciones, ya que los magistrados de Justicia los elige el Poder Legislativo y los magistrados electorales los elige la Corte Suprema de Justicia.

Así, a nivel del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, en un mismo día, el primer domingo de febrero del año electoral, se eligen simultáneamente sus integrantes.
En el caso del Poder Legislativo todos sus miembros son electos sin posibilidad alguna de que haya una segunda elección o ronda electoral para completar su integración. El sistema de cómputo de votos produce un resultado inevitable. De esta manera los partidos políticos que sacan los votos suficientes y necesarios para elegir, eligen diputados, que asumen su función legislativa el 1° de mayo. Al resultado de las elecciones generales, de diputados y de presidente, se pueden dar situaciones como en las dos últimas administraciones, incluyendo la actual, que ya concluye y la próxima, en que el Poder Ejecutivo es ganado por un partido político con una fracción legislativa disminuida y débil, más pequeña que otras de carácter opositor. En este momento, las fracciones legislativas de los distintos partidos políticos, con más de un diputado, ya han elegido a sus jefes parlamentarios para la primera legislatura, desde el 1° de mayo de 2018 hasta el 30 de abril de 2019. Esta situación convierte a estas fracciones en minipartidos compactos actuando en el escenario legislativo, con mucha autonomía de sus propios partidos políticos nacionales o provinciales, cuando tienen origen provincial.

Desde hace mucho tiempo los partidos políticos nacionales dejaron de “gobernar” directamente a las fracciones legislativas, dejaron de “trazarles líneas políticas” de actuación parlamentaria en función de sus programas partidarios, de su visión nacional del desarrollo político, económico e institucional. Es más, los mismos partidos políticos dejaron de ser actores públicos importantes en el debate nacional de los principales problemas del país. Los líderes de estos partidos dejaron de sentirse en el plano nacional, se desdibujaron de la opinión pública y del debate político.

De hecho casi nadie puede precisar quiénes son los líderes de estos partidos, sus presidentes y sus secretarios generales, como las más importantes. En la práctica tampoco son objeto de entrevistas por parte de los comunicadores sociales, ni son abordados por los medios de comunicación para contrastar las opiniones de los partidos, expresadas por ellos, sobre los diversos problemas del debate nacional.

Ni siquiera los actuales grupos de izquierda o de partidos de izquierda actúan de esta manera, como durante mucho tiempo lo hicieron Vanguardia Popular, el Partido Socialista o el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, que con sus núcleos dirigentes, sus comités políticos, se pronunciaban sobre los problemas estableciendo las líneas de acción de toda la organización partidaria y de sus militantes, afiliados, adherentes y simpatizantes. La pequeñez de estos partidos hizo, que cuando eligieron diputado, desde la Asamblea Legislativa, por el carácter diario de discusión de los diversos temas y del control político, desde allí se tratara de “gobernar” a los partidos y de “trazarles líneas de acción” desde la Asamblea Legislativa. Esto ha desfigurado a los partidos políticos, que los ha hecho desaparecer de la cotidianidad, y en muchos casos los ha hecho funcionar ad hoc electoralmente hablando, solo para las elecciones. Una muestra de esto es la carencia de locales permanentes y de vida partidaria intensa en la mayoría de los partidos políticos, incluidos los que existen en la Asamblea Legislativa.

Y a nivel legislativo, la misma dinámica ha impuesto que en los últimos años las fracciones legislativas de un solo partido se dividan en microfracciones complicando más la vida política de los partidos que ejercen gobierno, como le ha sucedido al Partido Acción Ciudadana, prácticamente desde su primera elección. En la actual composición legislativa, la que termina, ha habido dos grupos al menos, uno de ellos muy crítico de la propia acción de Gobierno, entre ellos su principal dirigente y fundador del partido.

Así, en este caso hay tres partidos Acción Ciudadana. Primero, el que se representa por el que ejerce la dirección del Poder Ejecutivo Nacional, que no lo puede hacer a nombre del Partido Acción Ciudadana, porque en nuestro país no se permite la beligerancia política de los funcionarios del Ejecutivo Nacional, y de sus instituciones participara activamente de la vida política partidaria, como se hace en las democracias parlamentarias europeas, o en el régimen presidencialista estadounidense, o en la mayoría de las democracias representativas latinoamericanas. Segundo, el que tiene asiento en la Asamblea Legislativa con sus diputados. En el caso del actual gobierno ha habido desde su inicio, 2014, una separación abismal de relación política entre Gobierno y sus diputados. Tercero, el Partido Acción Ciudadana, propiamente dicho, que tiene sede, recinto propio, tiene un Comité Político bastante activo, que a los ojos del público ha estado muy separado de su fracción legislativa y del mismo Gobierno. Y, también, cuando hay procesos electorales, como el que estamos viviendo en su etapa final, aparece el Partido Acción Ciudadana en su presentación electoral, con el candidato, con el comité de campaña propio, con la estructura propia electoral, separada en mucho de la propia vida partidaria, que levanta al candidato oficial del partido como el representante e interlocutor válido, para todos los efectos, principalmente públicos, de representación y de negociación política. Lo levanta en la misma campaña incluso sobre sus candidatos a diputados, que tienen que luchar su elección casi por sí solos, aun cuando el diseño electoral de las campañas es para que el candidato presidencial hale a todos los candidatos, según la fuerza y el impacto público que tenga.

Esta situación descrita es válida para prácticamente todos los partidos políticos que participaron en la pasada elección de febrero, y sigue siendo válida para Acción Ciudadana en esta segunda ronda que termina el 1° de abril.

De este modo, en el caso del candidato del Partido Acción Ciudadana, que intentó heroicamente, al inicio de su campaña, montarse en los hombros del actual gobierno, y de darle continuidad, tuvo que desistir de este planteamiento en estos últimos días, tuvo que separarse de los escándalos que le han asociado al gobierno, y de hecho ha terminado proclamando que él significa “borrón y cuenta nueva”.

En la práctica de todos los gobiernos, quienes asumen el Ejecutivo Nacional realizan esa política de “borrón y cuenta nueva”. Raras veces incluyen en sus equipos de gobierno personas de la anterior administración, porque no han participado directamente en la lucha electoral, ya que constitucionalmente no pueden, y pocos destacan para mantenerlos una vez que asumen el nuevo Gobierno, por los propios intereses creados que alrededor del candidato y durante la campaña electoral se ha desarrollado.
Cuando hay partidos como Liberación Nacional, que ha gobernado, desde 1953 hasta hoy, nueve veces, y la Unidad Social Cristiana que lo ha hecho seis veces, tienen en sus filas partidarias mucha gente con experiencia de gobierno. Las luchas internas de estos partidos no los afecta tanto para la escogencia de miembros del nuevo gabinete o para trabajar en las distintas instancias del nuevo Gobierno.

Al Partido Acción Ciudadana, con una sola experiencia de gobierno, la actual, muy criticada en su ejercicio gubernativo y por sus resultados, no les da margen amplio a su candidato Carlos Alvarado, y a quienes le acompañan en esta etapa final dentro de lo que él representa como Partido Acción Ciudadana, para exhibir de modo atractivo ante el electorado del 1° de abril. De allí la importancia que para él tiene el apoyo que le han brindado principalmente Rodolfo Piza, Rafael Ortiz, y las otras personalidades que le acompañan, provenientes de la Unidad Social Cristiana, y de otros partidos.

Al Partido Restauración Nacional le sucede igual, y con mayor intensidad, debido a que no ha ejercido gobierno alguno. Ni siquiera tenía en perspectiva llegar de finalista, de allí el relleno de candidatos que tenía. Por ello, más importante ha sido para este partido el apoyo que le han brindado personalidades de Liberación Nacional, como de otros partidos y del mismo Acción Ciudadana, que se han desmarcado del oficialismo, especialmente por las figuras que le llegan del sector económico y del sector financiero liberacionistas, Édgar Ayales, Liberman, Gerardo Corrales y otros.

Para mí no es que Liberación Nacional como la Unidad Social Cristiana estén jugando a caballos de Troya para meterse de nuevo a Gobierno. Está clara la situación de estas dos posibilidades de gobierno ante los retos que tiene el país. Los sectores económicos, empresariales y los sectores políticos que se agrupan en los otros partidos tienen preocupaciones válidas sobre el futuro inmediato del país. Las clases o sectores de clases empresariales, económicas, en sus distintas expresiones, y los distintos sectores políticos en Costa Rica no son del todo homogéneos. Por eso es que se dividen en estos apoyos. Igual fue con la aprobación del TLC, había sectores empresariales en contra del mismo, como los hay ahora en contra de ingresar a la Alianza del Pacífico y a otros acuerdos internacionales.

Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, como principales partidos, con mayor electorado y gran cantidad de diputados electos, dejaron en libertad de escogencia a sus dirigentes y miembros, así como a sus seguidores, para que en conciencia voten en la segunda ronda. Esto es lo que ha sucedido. Solo que en esa determinación hay figurones, figuras, y figurillas, con distinto peso político. Esta distribución de estas personas con su peso específico, y la proyección que ellos mismos tienen, más como líderes políticos, que como empresarios o economistas activos, ha hecho, ha provocado conmoción interior en Liberación Nacional como en la Unidad Social Cristiana, y de rebote por los retiros de algunos, en Acción Ciudadana. Lo demás casi no cuenta, pero también suma.

Los grupos y partidos evangélico cristianos estarán con Fabricio, es lo natural y lo representativo. No hay grupos y partidos católicos que estén con Fabricio, pero hay católicos con Fabricio, y una parte de la misma Iglesia católica probablemente esté más identificada con Fabricio. Hay sacerdotes que están llamando al interior de la Iglesia católica a razonar mejor el voto, y a no dejarse ir únicamente por razones de identidad religiosa, sino por aspectos más integrales del quehacer político nacional.

Los que llaman al abstencionismo en sí mismos no suman ni el 1% de la votación de febrero. No suman más de lo que tradicionalmente puede expresarse en abstencionismo real en la segunda vuelta, que puede andar en el orden del 42%, considerando los dos procesos anteriores de segundas vueltas, la de 2002 y la de 2014. Pero a diferencia de ellas, la masa de excluidos, marginados y sectores tradicionalmente fuera del foco de los partidos y gobiernos tradicionales, están siendo convocados a constituir el millón de votantes que Fabricio que está llamando a las urnas el 1° de abril.

Las clases medias remolonas, decepcionadas del resultado de febrero, inconformes con las dos opciones existentes al 1° de abril, son desconcertantes en su compromiso de votación, con una Semana Santa de por medio e inmediata al día de votación, en sus posibilidades de vacacionar hasta el domingo o de votar responsablemente, de allí que el abstencionismo amenaza más a Acción Ciudadana que a Restauración Nacional.

A las masas empobrecidas es más fácil movilizarlas de los templos a las urnas, que a los católicos no practicantes, y a las clases medias es más difícil sacarlas de sus sitios de descanso a las urnas, o pedirles el sacrificio de que no vacacionen por el voto. Los datos de la Cámara Nacional de Turismo dicen que ya están llenos todos los hoteles de playa y montaña, junto con todas las cadenas de apoyo que generan, para toda la Semana Mayor. Esta es la realidad. Al final también la conciencia del elector puede pesar.

Lo cierto que está sucediendo es que con Restauración Nacional se está dando un fenómeno similar al de la Venezuela de Hugo Chávez. Los pobres, los excluidos, los marginados, de las provincias periféricas, y de las regiones urbanas de la Gran Área Metropolitana, están empezando a surgir con actores sociales, con identidad propia, como actores políticos, empoderándose, ahora bajo banderas religiosas y de fanatismo espiritual, pero que mañana pueden ser movilizadas y empoderadas por razones políticas con fanatismos de tipo populista, mezclando sus raíces religiosas con motivaciones políticas oscuras. A esto hay que empezarle a poner atención.

Ese 22% histórico de abstencionismo desde 1953 hasta hoy, el 18% de abstencionismo desde 1953 hasta 1994 o el 34% de abstencionismo electoral desde 1998 hasta hoy puede convertirse en una fuerza social y política y de imprevisibles proyecciones, sobre todo si Restauración Nacional llegara a gobernar, disponiendo, en apoyo a las prácticas de acción social efectivas u eficaces que hacen las iglesias evangélicas, con los 500.000 millones de colones que tiene el Estado costarricense a disposición de los distintos programas sociales, que podrían empezarse a canalizar hacia las comunidades y sectores necesitados con apoyo de la red de las casi 4 mil iglesias y templos que tiene la Alianza Evangélica Nacional en todo el territorio nacional. No tiene el Estado costarricense esta capacidad organizacional, y menos la tienen los partidos políticos en general, para competir con estas nuevas estructuras religioso políticas que están a punto de llegar al Gobierno. Es un problema de inteligencia política lo que se requiere en esta posibilidad de nuevo gobierno para repetir el fenómeno Chávez en Costa Rica, no con orientación política, ni inscrita en el Socialismo del Siglo XXI, que ya ni se usa prácticamente en el lenguaje de la izquierda latinoamericana, sino inscrita en las nuevas banderas del neopentecostalismo político que también avanza por todo el continente, y está a las puertas de llegar al gobierno nacional costarricense.