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Domingo, 16 de diciembre de 2018



NACIONALES


Rebajar tope a la cesantía, limitar pluses y congelar salarios altos, entre medidas

¿Cómo afectará el plan fiscal a los empleados públicos?

Aprobado proyecto de ley por los diputados ayer en la noche

Esteban Arrieta [email protected] | Martes 04 diciembre, 2018

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Los cambios afectarán a prácticamente todos los empleados públicos. Elaboración propia/La República


Una serie de cambios en cuanto a las remuneraciones de los empleados públicos empezarán a regir con la aprobación del plan fiscal en segundo debate.

Una nuevo tope de cesantía de 12 años —en vez de hasta 20 años— y una reducción o eliminación de los pluses salariales, se pondrán en ejecución de manera paulatina.

Lea más: Todo lo que usted necesita saber sobre el plan fiscal

En el caso de las anualidades, será un monto fijo que estará supeditado a una nueva evaluación de desempeño, en vez de ser un porcentaje del salario como hoy día, y que oscila entre un 1,9% y un 7%, dependiendo de la institución.

El plus de dedicación exclusiva que disfrutan los burócratas, se ubicará entre el 10% y el 25% sobre el salario base, y se limitará a cinco años, en vez de hasta el 50% de incentivo que hoy reciben de manera indefinida.

Tampoco se reconocerán aumentos por carrera profesional, cuando el gobierno o alguna de sus instituciones pague por la capacitación, mientras que un aspecto fundamental del proyecto, es que de ahora en adelante, cualquier negociación de convenciones colectivas tendrá que supeditarse a lo establecido en el proyecto fiscal.

Lea más: Gobierno acuerda con Liberación presentar ley de empleo público este año

Por otra parte, un nuevo plus salarial solo podrá ser aprobado por la Asamblea Legislativa y no por los jerarcas de las instituciones.

Los cambios se aplicarán para el gobierno central, los órganos de desconcentración adscritos a los ministerios, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el TSE, las instituciones autónomas, las empresas públicas del Estado y los municipios.


Los cambios


El plan fiscal recorta los pluses que hoy reciben los funcionarios públicos. Algunas de las medidas tendrán que esperar a que venzan las convenciones colectivas, mientras que otras se acatarán seis meses después de que el proyecto se apruebe. Las medidas se aplicarán al gobierno central, los órganos de desconcentración adscritos a los ministerios, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el TSE, las instituciones autónomas, las empresas públicas del Estado y los municipios.

  • • Crear nuevos incentivos por parte del patrono queda prohibido.
  • • Renegociar las convenciones colectivas deberá ajustarse a lo estipulado en la nueva ley.
  • • Eliminar la modalidad de pago bisemanal que otorga más salarios al año.
  • • Quedará en 12 años, en vez de hasta 20 años la cesantía.
  • • No reconocer puntos por carrera profesional cuando el gobierno o la institución pública pague la capacitación.
  • • No hacer el pago doble por concepto de discrecionalidad y confidencialidad.
  • • Eliminar el pago doble de incentivo por prohibición y dedicación exclusiva.
  • • Ubicar el plus de dedicación exclusiva entre el 10% y el 25% en lugar del máximo actual del 50%.
  • • Fijar la anualidad —que dependerá de una nueva evaluación— como un monto, y no un porcentaje adicional de hasta el 7% al año.
  • • Congelar los salarios por encima de ¢4 millones.

Fuente: Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas


Freno a las anualidades


Contendría el gasto público el hecho de calcular la anualidad por un monto fijo en vez de un porcentaje, como sucede en estos momentos. Un 54% de los burócratas acumula más de diez anualidades (cifras en porcentaje).

Anualidades Porcentaje
0-4 20
5-9 26
10-14 10
15-19 13
20-24 11
25-29 10
30-34 6
35-39 3
40 +1

Fuente: Contraloría


Divididos


Para el sector productivo y el gobierno la aprobación del plan fiscal representa un paso importante en la ruta por contener el déficit fiscal, mientras que los sindicatos rechazan la ley al considerar que es un ataque directo a los empleados públicos.

A favor

Rocío Aguilar

Ministra
Hacienda

Sin reforma fiscal el país hubiera entrado en graves problemas, con tasas de interés más altas para préstamos y tarjetas y una economía destrozada, lo cual hubiera impactado en el empleo. La reforma fiscal permitirá al gobierno avanzar en la ruta correcta para sanear las finanzas públicas. Esta era sin duda la mejor alternativa para Costa Rica. Nuestra expectativa es reducir el déficit fiscal a la mitad para cuando termine el gobierno.

Yolanda Fernández

Presidenta
Cámara de Comercio

Desde el sector comercio consideramos que esta reforma es fundamental para evitar que el país caiga en una crisis de grandes proporciones, con especial impacto en el desempleo.

Será necesario que en el corto plazo se aprueben otras reformas que integren una reducción urgente, inmediata y necesaria del tamaño del gasto público.

Elías Soley

Presidente
AmCham

La difícil situación de las finanzas públicas debe ser enfrentada sin más atrasos. Debemos mejorar nuestra capacidad para la toma de decisiones políticas y evolucionar como se merece este país.

No debemos olvidar que la aprobación de esta ley es solo el primero de otros esfuerzos que tenemos que concretar, como la necesaria reforma al empleo público, la revisión de la eficiencia institucional y el fortalecimiento de nuestros indicadores de competitividad.

En contra

Albino Vargas

Secretario
Patria Justa

El déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por los trabajadores del sector público, los cuales tienen más que sobradas razones legítimas, éticas y morales para defender sus empleos, sus salarios y sus familias.

El problema de la desigualdad no pasa por el tema de los salarios, no vamos a resolver este tema bajando el salario de los que ganan un poquito mejor, y equipararlo con el sector privado.

José María Villalta

Diputado
Frente Amplio

El proyecto es solo un parche, el debate sobre la política fiscal va a continuar y nosotros seguiremos pujando por, además de revertir sus peores injusticias, lograr medidas verdaderamente eficaces para combatir el fraude y la evasión fiscal, por aprobar una reforma integral al impuesto sobre la renta y por retomar la agenda de lucha contra la corrupción. No se puede echar la culpa de la situación fiscal a los trabajadores.

El voto de la Sala IV no me sorprende, pues era improbable que el proyecto fuera frenado después de las fuertes presiones políticas.


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