Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 3 Julio, 2017

Comer hoy para morir de hambre mañana

Con las mejores intenciones se ha presentado un proyecto para cambiar en su esencia la Ley de Protección al Trabajador. Se pretende permitir a las personas, individualmente y como grupo familiar, usar los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias para construir una vivienda.

Suena muy bien, y no me cabe duda alguna que casa propia es una legítima ambición de las familias, que a muchas se les hace difícil resolver.

Pero no es lógico satisfacer necesidades presentes para incurrir en enormes penurias en la vejez, e imponer una injustificada carga social al resto de la sociedad.

Veamos los hechos.

Gracias a los esfuerzos en vivienda que Costa Rica viene desarrollando desde hace muchos años, tenemos el menor déficit de vivienda de América Latina. Estos esfuerzos vienen desde el programa de Casas Baratas del Dr. Calderón Guardia, el INVU de don Pepe y las Asociaciones de Ahorro y Préstamo de don José Joaquín. Ahora gozamos del Sistema Nacional de Vivienda que viene evolucionando desde fines de los años 80 y del crédito hipotecario de nuestro sistema financiero público y privado, mutualista, cooperativo y solidarista.

El estudio del BID “Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe” indica que el déficit de vivienda en nuestro país lo sufre un 18% de las familias. Este déficit mide la carencia de casa o vivir en una de mala calidad. Este déficit es con mucho el menor de toda el área, y nos sigue Chile, que con mucha mayor producción por persona tiene un déficit del 23%. Para el conjunto de América Latina este déficit es del 53%.

No se justifica simplemente cuantificar el número de familias que no tienen casa propia, porque para muchas de ellas es muy justificada la decisión de alquilar, siempre que sea una casa apropiada. Lo importante es medir la carencia por cantidad o calidad de casas, y los recursos destinados a su construcción.

El volumen de recursos que anualmente se destinan a vivienda en el país es muy elevado. En 2014 según el Informe Nacional Situación de la Vivienda y el Desarrollo Urbano de FUPROVI, el país invirtió ¢1.403.202 millones en nueva vivienda ese año, de los cuales entre un 5% y un 7% ha venido correspondiendo a los programas de vivienda popular del BANHVI. Claro, por nuestras limitaciones, para casi cualquier actividad importante siempre se podría invertir más recursos.

El otro lado y el más peligroso de la medalla, es que para destinar estos recursos a vivienda se estarían dejando con muy pocos recursos a los trabajadores para enfrentar su vejez.

El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias es el fruto de la Concertación Nacional convocada en 1998. Surgió en la Ley de Protección al Trabajador que vino a resolver los serios problemas e injusticias del sistema de cesantía y de los regímenes de pensiones, y lo hizo usando las mejores tradiciones previsoras de nuestra patria. En lo específico el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias se estableció para completar la pensión del Sistema de Invalidez, Vejez y Muerte, que ya se sabía que por sus condiciones no estaría en capacidad de ofrecer una pensión adecuada a los trabajadores en su retiro.

Si eso era cierto en 1998 lo es más evidente ahora cuando ya se trabaja para resolver el futuro del sistema de pensiones de la Caja que requerirá ajustes en edad de retiro, en monto de la pensión y aumento en las cotizaciones.

En estas circunstancias la pensión del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias vendrá a significar alrededor de una tercera parte de la pensión final de los trabajadores dentro de unos 25 años.

He propuesto ajustes en la distribución de las cargas sociales para fortalecer este pilar de pensiones de la Ley de Protección al Trabajador. Ellos son: Primero.- Que los montos no usados para cesantía del Fondo de Capitalización Laboral engrosen el Fondo Obligatorio de Pensiones Complementarias; Segundo.- Trasladar gradualmente a este sistema de pensiones de la Ley de Protección al Trabajador un punto adicional de la cesantía; Tercero.- Trasladar a este sistema de cuentas individuales y de propiedad de los trabajadores, el 0,25% de los patronos y de 1% de los trabajadores que ahora se quedan año y medio en poder del Banco Popular, lo que aumentaría los intereses ganados para la futura pensión. Con estas medidas el aporte de la pensión de la Ley de Protección al Trabajador podría llegar a representar prácticamente la mitad de la pensión futura de los trabajadores.

De esta manera se disminuiría grandemente el costo de las medidas necesarias para financiar el Régimen Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja. Eliminarles recursos a las Pensiones Obligatorias Complementarias como propone este proyecto de ley, en vez de aumentárselos como propongo yo, haría aún más pesados para los trabajadores los ajustes a IVM.

No puede desfinanciarse uno de los pilares del sistema costarricense de seguridad social cuando más bien conviene reforzarlo para disminuir el peso del ajuste de IVM sobre los trabajadores.

Espero que se dé una actitud razonable de las y los señores diputados respecto a este proyecto de ley y que no se apruebe. Aprobarlo sería dilapidar la ancianidad de los trabajadores.