Ejes de la política fiscal del Gobierno de Laura Chinchilla

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Chinchilla y la reforma fiscal

Busco describir los ejes de la política fiscal del Gobierno de Laura Chinchilla, a mi cargo en los primeros dos años de su gestión, y aportar mi visión sobre los retos que siguen.
La gestión del actual Gobierno estuvo condicionada por la evolución de la crisis económica internacional. Para enfrentarla se colocó el énfasis en la expansión de la inversión, pública y privada.
Desde los primeros meses se concretó el financiamiento para un amplio programa de infraestructura pública ($4 mil millones). La idea fue expandir la inversión en momento en que la crisis y las políticas de los países desarrollados hacían muy barato el endeudamiento. Se fortaleció, con gran éxito, la atracción de inversión extranjera, que por la misma crisis buscaba nuevos centros donde ubicarse a menor costo.
El crecimiento del gasto corriente se concentró en las áreas prioritarias: seguridad ciudadana, educación, cultura y salud. Para la seguridad ciudadana se aprobó un impuesto con destino específico (personas jurídicas), se aumentó el presupuesto y se obtuvo un crédito del BID para infraestructura y formación. En salud se incrementaron los pagos del Gobierno a la Caja, para darles tiempo a los programas de reforma que no dan resultados visibles en el corto plazo. Los presupuestos de educación y cultura se aumentaron con miras a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Se adoptaron también lineamientos de contención del gasto corriente, que fue el principal instrumento usado por el Gobierno anterior para enfrentar la crisis, pero que genera, aún hoy, un déficit fiscal insostenible en el tiempo.
Se aplicó la legislación tributaria sin favorecimientos a ningún grupo. Así se instruyó a los directores de Tributación y Aduanas, y a los responsables de dar seguimiento a los casos en los tribunales, donde la Presidencia de la República giró instrucciones precisas de llevarlos hasta las últimas consecuencias, con respeto absoluto por la legislación y los derechos de los contribuyentes. Esta es la condición más importante para consolidar la hacienda pública, y la más difícil de aplicar.
Se propuso a la Asamblea Legislativa, y esta aprobó, una reforma integral de la legislación tributaria. Incluyó la ley de Fortalecimiento de la gestión tributaria y aduanera, para darle a la administración instrumentos fuertes para hacer efectiva la aplicación de las normas. También la ley de Transparencia fiscal, el Convenio multilateral de ayuda mutua en asuntos tributarios y muchos acuerdos bilaterales de intercambio de información, que la facilitan entre autoridades tributarias de distintos países y nos sacan de las listas de “paraísos fiscales”.
La ley que autoriza la colocación de bonos en los mercados internacionales, se impulsó para aprovechar las condiciones financieras internacionales y disminuir la presión del Gobierno en los mercados financieros locales. Finalmente se aprobó la Ley de Solidaridad Tributaria, que buscaba mejorar la progresividad y la eficiencia de los impuestos sobre la renta y al valor agregado (ventas). Aun si se excluye la ley de Solidaridad (cuestionada por razones formales por la Sala IV). Todo esto es la segunda reforma fiscal más importante de los últimos veinticinco años, superada solo por la del Gobierno de José María Figueres en 1995.
¿Desafíos pendientes? Muchos. Viejos y nuevos. La reforma de la hacienda pública es un proceso permanente que avanza en forma cíclica y contradictoria. Entre los principales pasos, aprobación de la Ley de Solidaridad Tributaria o su sustituto; reforma del sistema de salarios del sector público; reforma del sistema de planeamiento, contratación y ejecución de proyectos de infraestructura; y fortalecimiento operativo de la administración de los impuestos, para lo que ya existen leyes, pero es necesaria voluntad política para aplicarlas.

Fernando Herrero