Vilma Ibarra

Vilma Ibarra

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Miércoles 13 Mayo, 2009


Hablando Claro
Cavilaciones éticas

Como un caso paralelo a la trama del helicóptero cargado de droga que se desplomó el 1º de mayo en el Cerro de la Muerte, afloró un hecho muy serio en torno a la incautación por parte de la policía del material audiovisual obtenido por el corresponsal del Grupo Extra. El caso ha sido denunciado especialmente por los medios de esa corporación periodística y obtuvo alguna réplica inicial en otros medios que curiosamente luego no volvieron a mencionar más del hecho.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica no solo emitió una condena sino que además interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, que acompaña una acción de similar naturaleza que interpuso la semana anterior La Extra. También el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión emitió una declaración de rechazo.

Por supuesto que ningún demócrata puede aceptar la confiscación de ningún material que una persona —sea periodista, camarógrafo, fotógrafo o simple ciudadano de a pie— recolecte para divulgar hechos de interés noticioso. Ese es un principio tan indiscutible como consustancial a nuestra sólida y madura democracia. Está afianzado en la Constitución Política y amparado en la Convención Americana de Derechos Humanos de la que somos firmantes y creyentes.
Mi problema es que al intentar desmenuzar los hechos, me asaltan dudas éticas sobre lo acontecido, de modo que, en aras de preservar la institucionalidad democrática, los involucrados deberían aclarar qué fue exactamente lo que sucedió para dirimir si efectivamente estamos ante un caso de flagrante violación al sagrado precepto de libertad para obtener y difundir información sin censura previa.

Yo quiero saber: ¿Por qué se le habría decomisado la información obtenida al corresponsal de Diario Extra y no a un funcionario de la Cruz Roja que viajaba en la misma primera patrulla que llegó al sitio del percance y que según parece tenía idéntica información gráfica? Quisiera saber también ¿qué tipo de equipo tenía ese funcionario de la Cruz Roja para captar imágenes? ¿Es cierto o no que ese uniformado de Cruz Roja suministró la información a un canal de televisión? ¿Qué sentido tendría para la policía decomisar arbitraria e inconstitucionalmente el material periodístico grabado por el corresponsal de Extra, cuando la policía y la prensa en nuestro país siempre están intercambiando información? ¿Es cierto que el OIJ le devolvió a La Extra el material en condición inservible? O más bien ¿es cierto que cuando el corresponsal se lo entregó a la policía ya estaba defectuoso? ¿Será cierto que “alguien” con la específica intención de sacar provecho del material captado por el joven corresponsal, lo copió primero y luego lo descompuso, antes de que lo intentara ver la policía? ¿Esto fue un decomiso arbitrario e inaceptable o una entrega voluntaria? Y finalmente ¿por qué los medios no dicen nada? ¿Por qué si estamos ante una flagrante violación a principios sagrados para el ejercicio de la libertad de prensa todo el mundo se ha quedado callado?

Quisiera realmente entender lo que sucedió porque yo como periodista y ustedes como receptores de la información (ciudadanos todos) tenemos derecho a saber si de pronto nuestras autoridades policiales se han convertido en detentadoras de poderes arbitrarios o si estamos en presencia de un caso de violación a la ética periodística.