Castigo a los pobres

Jonathan Prendas

Diputado Nueva República

Al presupuesto del próximo año presentado por el gobierno de Carlos Alvarado, le falta equilibrio. Por un lado, aplica recortes al gasto de capital, que es el necesario para obras de infraestructura y sostener los programas sociales que apoyan a las familias costarricenses más pobres. Por el otro, aumenta el rubro de gastos corrientes -que se utiliza para el pago de salarios, compras, viajes y transferencias- en más de ₡78 mil millones.

El dato, de carácter público tras un informe del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, reafirma al menos dos hechos de enorme gravedad. Al aumentar los gastos corrientes, Hacienda incumple con el límite de crecimiento del gasto público que establece la regla fiscal, pues pasa de un incremento máximo permitido del 1,96% al 2,23%.

La otra gran preocupación es que la reducción de los fondos destinados a los costarricenses menos favorecidos, aumentará el porcentaje de pobreza y desigualdad. Solo los recortes en esa área, en el MEP, implican una severa afectación a los programas de becas y subsidios para los estudiantes que viven en pobreza y en pobreza extrema.

Con estos números, esta administración obliga al próximo gobierno a buscar más fondos para no dejar a la deriva a miles de personas y, en consecuencia, deberá planificar un presupuesto extraordinario en un año en el que todavía se sentirán los efectos de la pandemia ocasionada por el Covid-19.

Los rebajos en el presupuesto destinado a la construcción de infraestructura vial también tendrán un impacto en la reactivación del país, pues estas obras generan empleo, dinamizan la economía, producen un importante volumen de compras así como ventas de bienes y servicios.

Por esto fuera poco, la Contraloría General de la República indicó que los gastos en alquileres, combustible, publicidad, propaganda y actividades protocolarias o sociales del gobierno crecerán un 4% el próximo año.

Solo las erogaciones en viajes al exterior aumentaron un 2%, si se compara con el presupuesto aprobado el mes pasado, o bien un 166% en términos relativos. Para eventos de protocolo se presupuestaron ₡194 millones más que el presupuesto inicial de este año, lo que significa un aumento de un 133,8%.

El escape a la regla fiscal que ya anunciaron tres instituciones (CNP, INA y MEP), representa un aumento en el gasto por el orden de los ₡100 mil millones. En la línea del despilfarro, Japdeva sigue presupuestando premios de productividad y eficiencia a sus empleados a pesar de que necesita más préstamos para sobrevivir.

En el caso del CNP, la medida se cuestiona aún más al analizar su eficiencia y propósito. Justo hace apenas unos días volvió a ser noticia porque se confirmó que le vende más caro a las escuelas y colegios. ¿En cuánto se calcula el sobreprecio de sus productos? Un 20% más caro que si se comprara en la feria del agricultor y 46% más caro que en Cenada.

Existe otro dato alarmante que lamentablemente no ha tenido tanta repercusión como ese. Resulta que de las 108 entidades que están sujetas a la regla fiscal, en junio de este año solo 53 habían completado la información oportuna para determinar su compromiso con esa disposición, y de este grupo se encontró que diez habían excedido el límite permitido de gastos. En otras palabras, el respeto a la regla fiscal no es parejo y el Ejecutivo no hace nada para ordenar este caos.

Nueva República continuará analizando el presupuesto 2022 para proponer los cambios que sean pertinentes para no dejar de lado a esa enorme población que, con las malas decisiones de estos casi ocho años de gobiernos PAC, se nos está quedando atrás.