Burócratas que sean despedidos quedarían vetados del Estado por dos años

Bajo la premisa de que el Estado es uno solo, los funcionarios que sean despedidos quedarían vetados de trabajar en cualquier institución pública por un período de hasta dos años.

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La sanción, se encuentra contenida en el reglamento de la ley de empleo público que salió a consulta a finales de enero.

El objetivo de esta directriz es evitar que funcionarios salten de puesto en puesto, sin importar que han cometido graves errores, o peor aún, participado en casos de corrupción.

Por otra parte, se establece también que los trabajadores que reciban dos notas inferiores y consecutivas a 70 en la evaluación de desempeño serán despedidos sin responsabilidad patronal.

“Se parte de la premisa de que el Estado es un único centro de imputación de derechos laborales, independientemente de en dónde labora la persona servidora pública. Esto implica que, las sanciones que generen el despido sin responsabilidad patronal del funcionario en una institución, impedirán a cualquier otra entidad u órgano que forme parte del Estado contratarlo por un plazo de hasta dos años”, indica el reglamento.

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Otro aspecto relevante del documento que se socializó con diversos sectores, es la prohibición de los altos funcionarios de permanecer más de seis años en el cargo. La única excepción serían los cargos de confianza.

En este caso, se pretende hacer una rotación de personal y de esta forma, contar con nuevas ideas desde las jefaturas.

La ley de empleo público en cuestión fue aprobada por los diputados del anterior gobierno, con la intención de establecer un mismo salario por puesto laboral en el Estado y de esta forma, acabar con las diferencias salariales que han abierto un abismo en materia de remuneraciones; asimismo, se pretende racionalizar el gasto y lograr un ahorro para el Estado.

Solo para este año, los costarricenses pagarían -vía impuestos – más de ¢2,7 billones en salarios para los trabajadores del gobierno central.

Un ahorro paulatino es lo que tendrá el Estado en materia de remuneraciones, ya que la ley establece un salario máximo por categoría laboral, por lo que aquellos trabajadores que tengan en estos momentos un salario por encima del tope fijado, no podrán seguir acumulando pluses, ni actualizando lo devengado por costo de vida.

“Los costarricenses pueden esperar un ahorro anual en el pago de remuneraciones, el cual se dará de manera paulatina y con mayor incidencia en el mediano plazo. Recordando que las nuevas contrataciones de las instituciones públicas se realizarán bajo el nuevo esquema de salario global, y que en el caso de personas cuyo salario compuesto con pluses sea superior al salario global, les permanecerá sin crecimiento”, dijo Laura Fernández, ministra de Planificación.

La propuesta de empleo público es ampliamente rechazada por el sector sindical, quien la considera violatoria de los más elementales derechos.

Es por ello, que planean acudir a diversas instancias legales, con el objetivo de frenar su aplicación a partir de marzo de este año.

“En ANEP siempre hemos estado en contra de ese adefesio jurídico de ley de empleo público, ya que es violatorio de todos los derechos sociales, económicos y humanos de la clase trabajadora. La ley está llena de inconstitucionalidades y por ello, vamos a presentar un reclamo, entonces, no tiene sentido alguno, prestarnos a ese juego político de la consulta del reglamento, que es algo cosmético. Esta consulta no representa ningún proceso transparente, abierto, participativo y contestar ese reglamento, es legitimar una ley en la cual no creemos nada”, dijo Albino Vargas, secretario de la ANEP.