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Sometidos entre dos agentes, encorvados y con la cabeza gacha, esposados de manos y pies y encadenados. Así descendieron del avión en El Salvador cada uno de los más de dos centenares de deportados procedentes de Estados Unidos en algún momento de la noche del sábado al domingo.
A algunos los metieron en vehículos blindados, otros en autobuses.
Y todos fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel símbolo de la lucha contra las pandillas del gobierno de Nayib Bukele, donde les afeitaron el pelo y la barba, cambiaron sus ropas por calzoneta y camiseta blancas, y los hicieron posar apilados antes de meterlos en sus correspondientes celdas.
Con esas imágenes dignas de un thriller compartidas en la red social X anunció el propio presidente Bukele su llegada al país; una operación que tuvo lugar apenas unas horas después de que un juez estadounidense ordenara al gobierno de Donald Trump no llevarla a cabo.
Luego se especificaría que en el vuelo habían llegado 261 indocumentados, 238 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y 23 supuestos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), aunque hasta el momento no se han hecho públicas sus identidades ni se han mostrado pruebas de su vinculación criminal.
"Estos son los monstruos enviados a nuestro país por el corrupto de Joe Biden y los demócratas radicales de izquierda. ¡Cómo se atrevieron!", escribió en X Trump.
"Gracias a El Salvador y, en particular, al presidente Bukele, por comprender esta horrible situación a la que llegamos en Estados Unidos por la incompetencia del liderazgo demócrata. ¡No lo olvidaremos!", añadió el mandatario estadounidense.
¿Pero qué gana Bukele ofreciendo "un Guantánamo centroamericano" a Trump, tal como lo describen expertos consultados por BBC Mundo?
Lo más obvio es que le supondrá a El Salvador una contraprestación económica, como ya adelantó el propio Bukele.
"Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta para nosotros", por mantenerlos durante un año -"renovable"- en el Cecot, señaló en su publicación en X.
"Con el tiempo, estas acciones (pagos), combinadas con la producción que ya están generando los más de 40.000 presos en varios talleres y trabajos como parte del Programa Cero Ocio, ayudarán a que nuestro sistema penitenciario sea autosostenible", explicó el mandatario.
"Hoy por hoy su costo asciende a US$200 millones al año", agregó, sin especificar a cuánto ascendería la retribución estadounidense.
El trato de presos por dinero lo cerraron Bukele y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuando este último visitó El Salvador como parte de su gira por Centroamérica y el Caribe el mes pasado.
"Es un acuerdo sin precedentes, el más extraordinario del mundo", lo describió entonces el jefe de la diplomacia de EE.UU., añadiendo que El Salvador se había ofrecido a recibir a "criminales peligrosos" que estuvieran bajo custodia o cumpliendo condena, "incluso si son ciudadanos estadounidenses o residentes legales".
Durante una reunión de más de tres horas, Bukele y Rubio discutieron los detalles de las potenciales deportaciones.
Y de acuerdo a documentos internos del gobierno estadounidense obtenidos por la agencia AP, el acuerdo alcanzado incluía un pago de US$20.000 por preso por año, lo que sumaría unos US$6 millones por los deportados el fin de semana.
En estos informes en manos de AP también se sugiere que el Departamento de Estado reservaría hasta US$15 millones para pagos a El Salvador por ese "servicio".
"Bukele consolidó su alianza con Trump y este lo pintó casi como su hijo favorito, un modelo a nivel regional", dijo Christopher Sabatini, investigador del Programa de América Latina, Estados Unidos y las Américas del centro de estudios Chatham House, cuando BBC Mundo le preguntó sobre el acuerdo para recibir deportados de otros países.
Es "el líder más fuerte en seguridad de nuestra región", aseguró Marco Rubio sobre Bukele este domingo, cuando ya se había materializado lo acordado, y lo describió como "un gran amigo de Estados Unidos".
Según Sabatini, el presidente salvadoreño también "se ganó el silencio" del gobierno estadounidense hacia sus controvertidas políticas de seguridad, con las que ha reducido dramáticamente los homicidios a expensas de convertir a El Salvador una de las naciones con las tasas de encarcelamiento más altas del mundo y con un estado de excepción que dura ya tres años.
"Se va a escuchar poca crítica al modelo Bukele desde EE.UU; no se va a hablar de la democracia o los derechos humanos en El Salvador, cuestiones que sí incomodaban a la administración Biden", le dijo también a BBC Mundo Benjamin Gedan, director del Programa América Latina del Wilson Center.
"Muy seguramente Bukele se ganó el favor del gobierno de EE.UU.", coincide con ambos Juanita Goebertus, directora de la División Américas de la organización Human Rights Watch.
"Pero también, y más ampliamente, se consolida como parte de una alianza geopolítica en América Latina y EE.UU. de gobiernos de derecha, claramente restrictivos de derechos humanos y de talante autoritario, que le apuestan a poner en marcha políticas al margen de la independencia del Poder Judicial y desconociendo incluso las órdenes de este", le dice a BBC Mundo.
Con ello se refiere a cómo, apenas unas horas antes de que el vuelo con deportados aterrizara en El Salvador, el juez de Distrito de Columbia James Boasberg bloqueó temporalmente la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros a ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados con el Tren de Aragua.
De los 261 indocumentados que llegaron a territorio salvadoreño, 137 lo hicieron en base a esa norma del siglo XVIII que permite la expulsión, en tiempos de guerra, de enemigos de EE.UU. Otros 101 eran venezolanos deportados de acuerdo al Título 8, una regla migratoria, y los otros 23 salvadoreños supuestamente integrantes de la MS13.
El juez Boasberg también dictaminó verbalmente el sábado el inmediato regreso de los vuelos que habían partido ya de EE.UU.
Sin embargo, la Casa Blanca asegura que la orden del magistrado llegó una vez que el avión ya había abandonado el espacio aéreo estadounidense.
Así lo subrayó en un comunicado el domingo la secretaria de prensa Karoline Leavitt, diciendo que la sospecha de que el poder Ejecutivo habría decidido desafiar al Judicial "no tiene base legal".
Y añadió que los tribunales federales "carecen de jurisdicción" sobre las decisiones en materia de política exterior del presidente.
"Un solo juez de una única ciudad no puede dirigir el rumbo de una aeronave llena de terroristas extranjeros expulsados físicamente de suelo estadounidense", agregó la portavoz.
Por su parte, el gobierno venezolano ha repudiado enérgicamente la deportación en base a la Ley de Enemigos Extranjeros, tachándola de "anacrónica" y "violatoria de los derechos humanos".
"La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos, que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi".
Mientras, HRW denuncia que ni el gobierno estadounidense ni el salvadoreño han hecho públicas las identidades de los expulsados ni han mostrado evidencia alguna de su supuesta vinculación a actividades criminales, algo que aseguran es ya un "patrón" en las deportaciones ordenadas por Trump.
"En el caso de los venezolanos enviados a Guantánamo que luego fueron devueltos a Venezuela, hemos podido corroborar que personas que fueron tildadas de criminales en realidad no tenían ningún tipo de antecedente penal", le dice a BBC Mundo Juanita Goebertus, la directora de la División Américas de la organización.
Esto parece repetirse a nivel general al interior de EE.UU. La cadena NBC encontró que de los 4.422 arrestados por el ICE en las primeras dos semanas de febrero, 1.800 (un 41%), no tenían ninguna condena ni cargos pendientes con la Justicia.
"Y en este caso en concreto, nos preocupa mucho que estén siendo enviados a El Salvador, un país en el que hemos podido documentar que durante tres años del régimen de excepción bajo el gobierno de Bukele el sistema penitenciario y carcelario es un sistema de comisión de violaciones masivas a los derechos humanos", advierte Goebertus.
"Bukele se está ofreciendo como una especie de Guantánamo centroamericano, porque las personas que son enviadas a los centros de detención de El Salvador pierden cualquier comunicación con el mundo exterior y no tienen ningún acceso genuino a recursos legales", denuncia su colega Juan Pappier, el subdirector de la División Américas de HRW.
Su organización ha documentado más de 300 casos de muertes bajo custodia del Estado salvadoreño bajo el régimen de excepción, durante el cual, aseguran, 83.000 personas han sido detenidas sin el debido proceso.
Es una realidad que también reflejan los informes de otras entidades en defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales, y que el gobierno salvadoreño niega.
Dichas investigaciones hablan de detenciones sin órdenes de captura y sin evidencias de torturas, tratos crueles y degradantes, aislamiento, falta de acceso a abogados y familiares.
"Y ahora tememos que esas condiciones se estén extendiendo también a los deportados venezolanos", advierten desde HRW.
Para Pappier, también habría en la operación acordada entre ambos países una ganancia para Bukele que estaría pasando más desapercibida, y tendría que ver con las deportaciones de presuntos miembros de la Mara Salvatrucha.
"Por supuesto que las atrocidades que cometió la MS13 deben ser judicializadas, y que debe haber justicia para las víctimas de la MS13", aclara el subdirector de la División Américas de HRW.
"Pero las extradiciones tendrían el efecto de silenciar a líderes de la MS13 que podrían testificar sobre los acuerdos de esa pandilla con el gobierno de Bukele", le explica a BBC Mundo.
El comentario de Pappier se remonta a marzo de 2022, cuando El Salvador sufrió 76 asesinatos en solo 48 horas. Según investigaciones de medios de comunicación como El Faro, la ola de homicidios fue producto de la ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno y la MS13.
La misma Fiscalía de EE.UU., en tiempos en los que el demócrata Joe Biden estaba al frente del gobierno, apuntó a ese diálogo en una acusación contra líderes de la pandilla, pero el Ejecutivo salvadoreño siempre ha negado haber llevado a cabo ninguna negociación.
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