Beligerancia anti funcionario público

Emilio Bruce ebjreproduccion@gmail.com | Viernes 19 febrero, 2021

Sinceramente

He leído en los pasados meses expresiones fuertes y descalificativos hacia los trabajadores del sector público. El país es testigo cómo la argumentación de nuestros días pasa por descalificar a alguna de las partes para acabar con su credibilidad y restarle fuerza a sus argumentos. En la actualidad los razonamientos se descartan y el insulto reina parejo. El país ha observado cómo la discusión en nuestros días sobre el déficit fiscal ha sido sobre la reducción del estado y la del gasto público. Hemos escuchado argumentos contra las pensiones de hacienda y contra los salarios, pluses e incentivos de los trabajadores. Importante decir que, si bien el gasto debe de reducirse, también resulta fundamental señalar que ese esfuerzo por restablecer el equilibrio fiscal no es un asunto personal contra quienes laboran en ese sector.

Se ataca a los empleados públicos y a los dirigentes sindicales por los alcances de convenciones colectivas, leyes de encadenamiento médico, de pluses, de transferencias a grupos. ¿Quién autorizó las mismas si no fueron diputados, ministros, presidentes ejecutivos y juntas directivas de las autónomas? Se ataca a quienes recibieron los beneficios, pero se ignora a quienes los otorgaron. Si no hubiera habido esa autorización no existirían los privilegios. ¿Por qué atacar a los servidores por ello?

El respeto entre las partes, la seriedad en las demandas y la clara noción de las posibilidades del país para satisfacerlas deben ser guía para los sindicatos del Costa Rica en sus demandas. El resguardar estabilidad y sostenibilidad de los sistemas de remuneración, pensiones y garantías resulta fundamental para los costarricenses.

La burocracia funciona en el país trabajosa y lentamente, desarrolló una maraña de trámites y procedimientos que la favorece pero que en nada ayuda a los usuarios de los servicios. Pero la responsabilidad por estos desaguisados no es de los individuos sino de los jefes y gerentes, ministros y presidentes ejecutivos. Personalizar la queja contra quienes laboran y derivan el sustento de sus familias de esas tareas es absolutamente injusto.

Con facilidad se descalifica la tarea del funcionario público espetándoles “pegabanderas”, “vagabundos”, “corruptos”, “ignorantes”. No debemos confundir la organización procurada por quienes dirigen las instituciones con los servidores de estas. No debemos atacar el déficit fiscal con burlas e insultos hacia los trabajadores que son mandados y no deberían en consecuencia ser descalificados por lo que no tienen responsabilidad alguna. Quien contrató funcionarios tiene la responsabilidad por el exceso innecesario de trabajadores. Nunca son los contratados responsables de la decisión de contratación.

La reforma del estado es urgente. Nuevos procedimientos informáticos, métodos y sistemas deben de ser implementados para que sean más amistosos con los usuarios de esos servicios. Metas claras de cumplimiento y de eficiencia en los servicios prestados deben trazarse. Una estrategia global de servicio y operación del sector público debe de estar en posición. Debemos planear nuestra organización estatal con años de antelación. El orden, la profesionalización, los objetivos, la economía, la eficiencia y la eficacia deben de ser nortes en toda esta reforma estatal en organización. La burocracia que a todos nos sirve no debe de ser herramienta política electoral ni fuente de contratación de estructuras partidarias. No debe de haber funcionarios en exceso de las necesidades de las instituciones o del gobierno.

¿Qué logramos atacando en lo personal a quienes cumplen con las tareas encomendadas? ¿Por qué dañar a seres humanos que comienzan a vivir la incertidumbre de cuánto será su futuro laboral? ¿Por qué ser enemigos de quienes son los servidores de todos los costarricenses? El país debe de cambiar esa orientación en su diálogo nacional de todos los días sobre este particular.

Un país moderno requiere de una burocracia estatal eficiente, profesional, estable y bien remunerada. ¿Por qué explotar a quienes sirven los asuntos comunes? Sin embargo, no se deben de contratar más funcionarios de los que el país puede necesitar o pagar, pero de allí a mal pagar a quienes sirven a todos no es justo tampoco.

Se agrede a los sindicatos del sector público y a sus dirigentes. Se les llena de descalificaciones y de improperios. ¿Cuál es la función de los sindicatos? ¿Qué deben procurar sus dirigentes? Podemos discrepar de los medios y podemos incluso discrepar de los fines que los sindicatos del sector público persiguen. De su existencia y de su utilidad democrática no debemos hacerlo. Ambos son los contrapesos de la jerarquía estatal, así como de las organizaciones similares del sector privado del país. La organización democrática es desde Montesquieu un sistema de frenos y contrapesos estatales entre sí pero también de frenos y contrapesos sociales para que la comunidad no se parcialice en torno a uno solo de sus sectores constitutivos.

Los sindicatos no pueden pedir más de lo que el país puede dar. Los sindicatos no pueden en el sector público atentar contra la estabilidad fiscal del gobierno. Los sindicatos responsables y maduros deben de recomendar y buscar afanosamente el bienestar de sus agremiados y de los costarricenses en general.

Hablar más entre los sectores, comprender mejor el papel de cada uno, dejar de descalificar y mejorar las argumentaciones respecto de la organización de nuestro sector público es en consecuencia indispensable para la salud social y política del país.

Una reforma del estado que construya cuanto deseamos en tamaño, eficiencia, servicios y calidades es urgente. Un intercambio de descalificaciones e insultos es lo último que el país necesita y resulta ser de lo más indeseable en cualquier discusión que busque construir y lograr proyectar al país hacia un futuro promisorio.

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