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País pierde unos $26 millones anuales por congestión derivada de poca capacidad de carretera
Atraso de obras en vía a San Ramón golpea a usuarios
Concesión tiene seis años de atraso lo que ha desmejorado el estado del camino

La figura de concesión no ha sido la opción para solucionar el problema vial hacia San Ramón, tras haber sido otorgada en 2004 a Autopistas del Valle.
Todo lo contrario, la solución de esa vía se ha complicado y mantiene al gobierno atado de manos, sin poder resolver en forma integral el levantamiento de la obra ni lograr atender la demanda de empresarios y trabajadores que todos los días se desplazan en ambas vías.
El atraso de la ampliación de esa vía le produce al país pérdidas por $26 millones, que es lo que pagan de más los usuarios por la congestión en la carretera.
Por ahora, el Gobierno solo podrá hacer pequeñas erogaciones para subsanar huecos, e invertirá unos $4 millones en la reparación de la losa en el puente sobre el Virilla, debido a que el “puente de la platina” es una emergencia nacional.
Sin embargo, la ampliación a ocho carriles en algunos tramos de la carretera y el aumento de dos vías más en los principales puentes que se pretenden hacer mediante concesión tendrán que esperar a mejores tiempos.
Seis años después de haberse concesionado, la entrada en marcha de la obra ha enfrentado una serie de situaciones; entre ellas, el cumplimiento de todos los requisitos que debe atender cualquier proyecto de desarrollo en este país.
A eso se sumó la dificultad que tuvo Autopistas del Valle para conseguir recursos frescos, ante las nuevas restricciones de la banca como producto de la crisis financiera, y los cuestionamientos hechos a la carretera a Caldera, que está a cargo del mismo concesionario.
Lo anterior le resta competitividad a la plaza empresarial y al país en general.
En el más reciente informe elaborado por el Foro Económico Mundial, en lo que respecta a materia vial, Costa Rica quedó en la casilla 111 de los 139 países evaluados, y de último en relación con el resto de los países centroamericanos.
Mientras tanto, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) está empezando a negociar el primer adendum con la concesionaria a fin de reajustar los índices contemplados en el contrato.
Para ello la empresa LCR Logística aportó en abril pasado un estudio sobre el volumen de vehículos que transitaría en los próximos años, a fin de revisar las estimaciones de los ingresos mínimos y el establecimiento de tarifas en los peajes, comentó el ingeniero Leonardo Castro, representante de dicha consultora.
También se está valorando si se reanuda o no el contrato a la empresa Cacisa-Cano, encargada de supervisar el desarrollo del proyecto y que vence en unos 22 días.
El contrato de Cacisa tiene 36 meses de vigencia, dijo el gerente del corredor San José-San Ramón, ingeniero Manuel Abarca.
Hasta el momento el Gobierno ha girado a esta empresa un poco más de $2 millones, lo que representa cerca de un 50% de lo contratado, sin siquiera haber empezado las obras.
En el ínterin, la carretera a San Ramón se va deteriorando, y empresarios y nuevos inversionistas siguen esperando resultados efectivos.
Para el sector productivo esto es un golpe a los costos de operación, ya que diariamente tanto trabajadores como mercaderías deben trasladarse por caminos en mal estado, angostos e inseguros para evitar las presas de la pista General Cañas, que generan gastos mayores en combustibles.
El país experimentaría un ahorro de $26 millones anuales si las mejoras a la autopista se hicieran dentro de los términos previstos, reveló un reciente estudio realizado por la Cámara de Exportadores Costarricenses (Cadexco).
El ahorro sería por concepto en combustibles, seguridad, emisiones de monóxido de carbono, tomando en cuenta que por la vía a San Ramón transita un 20% de los contenedores que entran y salen de la Gran Area Metropolitana, detalló Mónica Araya, presidenta de Cadexco.
Al clamor se une la Contraloría General, la cual reprendió al gobierno por el poco avance en la obra.
“Causa honda preocupación a este órgano contralor, que siendo el desarrollo de dicha obra fundamental para el transporte de personas y mercancías de este país, y por ende un proyecto de gran impacto desde el punto de vista económico, las autoridades gubernamentales no hayan logrado avances importantes en el cumplimiento de esta meta”, resalta un informe del ente fiscalizador de las finanzas públicas.
Igual intranquilidad embarga a las decenas de empresas que se han asentado en las zonas francas a lo largo de este camino, en parte ante la promesa de que se les ampliaría la vía de acceso.
Una de las principales es la Zona Franca El Coyol de Alajuela.
Actualmente en ese parque laboran cerca de 2 mil personas y será la sede de al menos 12 empresas que han anunciado recientemente su ingreso al país.
“Esperamos que al finalizar el desarrollo del parque empresarial, estimado para 2022, alberguemos hasta 25 empresas que generen 15 mil empleos directos, señaló Carlos Wong, gerente del Parque Empresarial y Zona Franca El Coyol.
Ante esas expectativas la ampliación del corredor a San Ramón es cada vez más necesaria, de acuerdo con lo apuntado por Araya.

Gabriela Masís
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