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COLUMNISTAS

¿Arruinar la economía para socializar el país?

Emilio Bruce ebjreproduccion@gmail.com | Viernes 15 mayo, 2020


Sinceramente

El Gobierno de la República ha reseñado las medidas económicas de reactivación que cree tener a su alcance y que puede poner en marcha al país sin conflicto social. Siempre se ha dicho en el campo que para sacar un pollo hay que romper un huevo y es claro que en esto de las medidas habrá que romper muchos huevos.

La empresa privada es de fundamental importancia en nuestro sistema económico. Es la iniciativa individual la que determina y localiza las necesidades y los deseos de los consumidores para satisfacerlos, es la que genera el empleo para poder desarrollar sus funciones en la comunidad, es la que recolecta los impuestos de valor agregado y paga según sea el caso impuestos de renta, impuestos territoriales, patentes municipales y las cargas sociales que son un impuesto a las planillas. Sin empresa privada el estado y sus instituciones estarían desfinanciadas y habría que desmantelar una gran porción del estado por insuficiencia económica para sostenerlo. La empresa y el estado son hermanos siameses, caras brillantes y positivas de una misma moneda. Ante una caida del empleo y de la producción muchas personas han pensado que lo mejor resultaría subir los impuestos para poder seguir costeando los gastos del estado y de las instituciones cuya existencia depende de las cargas sociales sobre las planillas. Algunas personas de muy buena voluntad también han comenzado a pensar que debería ponerse un impuesto a la riqueza y al patrimonio de empresas y de personas físicas. Ese impuesto pretendería costear los crecidos gastos del estado y claro ayudar a disminuir el déficit fiscal.Hay en todo esto una pérdida de la perspetiva de que el individuo no está en función del estado sino el estado en función del individuo y que la fundamental función de gobernar está el generar más propietarios jamás transformarnos en más proletarios a todos.

Para mi es claro que más impuestos acabarían con las empresas que sobrevivan a esta pandemia económica, reducirían mucho más el empleo, acabaría con toda posibilidad de crecimiento económico y de expansión del empleo actual. Estoy claro que un impuesto a la riqueza o al patrimonio, que ya existe en el 30% de las ganancias de capital, sería al final del camino un impuesto al capital de trabajo de empresas y personas físicas. De dónde se van a pagar esos impuestos a la riqueza en un mercado en el que nada se vende y la producción de personas y empresas es marginal sino del capital de trabajo que las empresas y personas disponen para seguir trabajando.Un impuesto de esa naturaleza descapitalizaría a las personas y empresas de sus recursos en efectivo impidiéndoles reactivarse.

No más impuestos ni cargas deben de ser generados para ordeñar más radicalmente a quienes producen riqueza, generan impuestos y dan trabajo. No se puede seguir la ruta de despedazar esfuerzos empresariales que son la tabla de salvación de la comunidad. ¡No más impuestos! Eso lleva al país a la necesidad urgente de reducir los gastos del estado, para lograr la reducción de las exigencias fiscales hacia los contribuyentes. Eso también incluye no contraer más deudas que al final generan gastos por intereses y amortización que deben de ser atendidos con más impuestos y más cargas.

La confianza en el accionar económico y hacendario debe de ser restablecida. La confianza en objetivos e intenciones de los gobernantes debe de ser debidamente basada en hechos, no en intenciones y opiniones. Las reglas del accionar económico deben de ser piedra angular en toda reactivación ya que nadie en incertidumbre de lo que los gobernantes puedan disponer va a aumentar sus deudas empresariales, sus aportes accionarios y sus esfuerzos. Nadie en desconfianza deja de "esperar a que se aclaren los nublados del día". No solo es parte de nuestra idiosincracia sino base de nuestro sentido común.

Los intereses en el país son altos, muy altos, debido a la demanda del Ministerio de Hacienda por recursos para financiar el presupuesto nacional. Son muy altos ya que el margen de ganancia de los bancos, el margen de intermediación financiera, es muy crecido en comparación con los índices internacionales.Los bancos del estado convertidos en máquinas de empleo requieren de márgenes grandes para aguantar esas cargas y gastos. Los bancos privados los han seguido porque de esa manera generan mejores utilidades. Si se bajaron los intereses de las tarjetas de crédito, con más razón debería el país poner atención a los márgenes de intermediación financiera y hacerles un ajuste hacia la baja.

Es el momento de fusionar las pensiones de hacienda con las pensiones de IVM. Las reservas de las pensiones de hacienda deben de ser trasladadas a la CCSS y el exceso de cotización de las personas a una pensión complementaria. No más pensiones de hacienda.

Los salarios de los jerarcas deben de ser revisados en aquellas instituciones en las que exceden al del presidente del país. No es asunto solo de ajustar los ingresoos de los débiles y numerosos sino de ajustarlos todos.

La ley de empleo público que afectará a los nuevos trabajadores del estado debe de ser aprobada prontamente. El congelamiento de plazas y la supresión de la autonomía constitucional para hacer traslados horizontales en el empleo público pasando excesos de personal de la CCSS al ICE, o del Gobierno Central y los poderes del estado a las autonomías, deben de ser aprobados con diligencia.

Las instituciones deficitarias del estado deben de ser analizadas seriamente para determinar su vigencia actual. Toda institución que ya cumplió con su cometido debe de ser cerrada.

La desregulación de las actividades productivas tiene que ser emprendida con todo vigor. Las libertades de emprender y hacer deben de ser aseguradas y confirmadas. Baste ver los trámites para construir en las diferentes municipalidades, baste ver el papeleo para abrir una pyme, baste observar los procedimientos para poder echarse a trabajar para darse cuenta que en Costa Rica la reglamentación, las exigencias, los trámites, las solicitudes por escrito y las justificaciones han excedido todo lo razonable.

Hay que volver a un país más sencillo y simple en sus exigencias, hay que retornar a un paradigma más intenso de libertad y de puertas abiertas a quien quiera emprender. En ello nos va la vida del estado y las instituciones y la existencia misma de un régimen de empresa e iniciativa privada.

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