Vilma Ibarra

Vilma Ibarra

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Miércoles 21 Abril, 2010


Hablando Claro
Arquitectos de nuestro destino

Por acción o por omisión, somos siempre los responsables de nuestros actos.
Como la mayoría de los costarricenses, nunca he sido proclive a la explotación de minería a cielo abierto o la extracción petrolera en nuestro suelo terrestre o marítimo. Y lo veo en términos absolutamente pragmáticos. Creo que si fuéramos un enorme desierto del mundo árabe o tuviéramos los extensísimos territorios de algunos países hermanos de la misma América, podríamos haber echado mano de esas actividades para nuestro desarrollo económico. Pero somos un país chiquititico que a cambio de su ínfimo lugar en el orbe, recibió con creces las pródigas bendiciones de una biodiversidad que es motivo de admiración planetaria. Aunque ni siquiera tenemos plata con qué pagar todas nuestras zonas alienadas, poseemos parques nacionales, reservas y áreas protegidas por doquier. Y tenemos tantas, que casi ninguno de nosotros las conoce al 100%.
Junto con las inmensas reservas de nuestras minas “verdes”, la emblemática hospitalidad de nuestra gente y la consolidación de un complejo andamiaje de operaciones e infraestructura (siempre por supuesto en proceso de mejora) hemos hecho de la industria sin chimeneas nuestra primera actividad económica. De modo que decidimos bien cuando optamos por el camino de la explotación de esa minería verde…
Esa es mi manera de ver la vida. Y claro, no me gustó el fallo de la Sala Cuarta. Lo que no significa que tenga yo el derecho de descalificar a los jueces con epítetos. Tampoco significa que voy a llenar de adjetivos infames a todos los funcionarios públicos que en los últimos diez años han tenido que ver con el intrincado proceso de aprobaciones y autorizaciones que, evidentemente, el aparato legal de nuestro país, estableció sí, al efecto de otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación para la minería a cielo abierto. Si tuviera que señalar a algunos como culpables, en todo caso y con mucho respeto señalaría a todos aquellos que, estando en el ejercicio de cargos de poder político en los gobiernos y la oposición en las últimas décadas, y estando en cargos de desempeño académico como expertos o en organizaciones no gubernamentales de esas que gastan millones de millones en activismo, nunca propusieron, propugnaron y acordaron una reforma a nuestro viejo Código Minero para haber arrancado de raíz cualquier intento de explotación de minas no congruentes ni consecuentes con el modelo verde que delineamos.
Ahora nos llegó el momento de dar el paso en la dirección correcta. La presidenta electa ratificó la decisión de decretar una moratoria para que no haya más permisos de ninguna clase para este tipo de actividades y también liderará la postergada reforma al Código Minero. Arrancaremos el mal desde su raíz.
Pero Crucitas seguirá su curso. El curso de la vía jurisdiccional donde se encuentra. Y probablemente, el de las instancias internacionales si llegara a considerarse necesario. O quizás un día, nos sentemos a valorar seriamente cuánto nos cuesta indemnizar a la empresa que en el marco del estado de derecho del país (nos guste o no) vino a invertir en una actividad minera para la cual muchos años atrás habíamos creado toda una normativa reglamentaria, legal —y ahora ratificada— constitucional actividad económica.

Vilma Ibarra