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Albino Vargas confía en revertir aprobación de ley de empleo público

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 18 junio, 2021 08:00 am

Albino Vargas, secretario de la ANEP.
Albino Vargas, secretario de la ANEP. Archivo/La República.


La ley que congela el salario para unos 270 mil funcionarios del Estado no pasará en segundo debate, según Albino Vargas, secretario de la ANEP.

Lea más: Salarios públicos quedan congelados con aprobación en primer debate de ley de empleo público

Si la Sala IV no declara ilegal el proyecto de empleo público, la presión de los trabajadores del Estado evitaría que se obtengan los 38 votos para el segundo debate.

El proyecto fue aprobado ayer con el respaldo de 32 legisladores y el rechazo de 15, por lo que quedan diez votos en disputa.

“Una mayoría endeble aprobó la ley de empleo público, viene el segundo debate ahora y hay un montón de días antes de que eso pasé, ya que otro grupo de legisladores llevó el tema a la Sala IV. Pienso que en ese lapso, sabemos lo que hay que hacer, tenemos autoridad moral y argumentos para defender la Constitución. Esperamos que esta se convierta en una gran lucha cívico – sindical”, dijo Vargas.

Lea más: Recorte de salarios para empleados públicos tendría los 38 votos y muchas dudas de diputados

La iniciativa de empleo público establece un salario estándar por puesto laboral para toda la administración pública.

Bajo esa premisa, cualquier trabajador que reciba en estos momentos una remuneración por encima del salario global o estándar, no podrá recibir más aumentos por concepto de costo de vida o pluses.

Las únicas excepciones a la ley serán las instituciones en competencia como el ICE y el INS, y unos 30 mil burócratas que ganarían menos que el salario global, según cálculos del Ministerio de Planificación.

La iniciativa pretende hacer más ordenado el régimen salarial del Estado, a la vez que pretende recortar el gasto en remuneraciones.

Y es que hoy día Costa Rica invierte el 50% de los ingresos que recauda en pagar a los funcionarios públicos, lo cual, hace que sea el país de la OCDE -Club de Países Ricos – que más invierte en sostener su aparato estatal.

La ley de empleo público incluye a catedráticos universitarios -algunos con salarios de ¢9 millones - y a empleados del Poder Judicial.


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