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Ahora sí, ley de empleo público entra en la recta final a partir de la otra semana

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 04 marzo, 2022 08:15 am

La ley en cuestión pretende ordenar y regular los salarios del sector estatal. Archivo/La República
La ley en cuestión pretende ordenar y regular los salarios del sector estatal. Archivo/La República


A partir de la otra semana, la ley de empleo público que establece un mismo salario para cada puesto del sector estatal, arrancará su trámite final en el Congreso.

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A la polémica iniciativa solo le hace falta su aprobación en segundo debate, por lo que se espera su discusión a partir del lunes.

La normativa es una promesa del gobierno de Costa Rica al Fondo Monetario Internacional (FMI) y representa una oportunidad para acceder a un préstamo ampliado con ese organismo multilateral por $1.750 millones.

La ley en cuestión pretende ordenar y regular los salarios del sector estatal. Para ello, establecería una remuneración estándar por puesto para todo el Estado. En los casos en que un funcionario gane más de lo establecido en la escala salarial, se le congelarían los pluses y otros aumentos.

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En el sector público hay diferencias salariales de hasta ¢3 millones para un mismo puesto en el ámbito profesional; mientras que en el caso de labores no calificadas la brecha es de unos ¢800 mil, según un informe de la Contraloría de junio de 2018.

Regular la materia salarial del Estado es fundamental si se considera que hoy día, por cada ¢100 recaudados, ¢50 se utilizan para el pago de salarios en el gobierno central. Esto ha hecho que Costa Rica sea el país de la OCDE que más invierte porcentualmente para pagar remuneraciones.

Un ahorro mínimo de ¢309 mil millones al año en el pago de salarios e incentivos, es lo que estima Pilar Garrido, ministra de Planificación, cuando se apruebe la ley de empleo público en la Asamblea Legislativa.

“La expectativa de ahorro oscila en un rango del 1,04% del PIB y de 0,81% del PIB en un escenario de exclusión total de las autónomas”, dijo Garrido a LA REPÚBLICA.

En el mejor de los escenarios el ahorro sería de ¢397 mil millones y en el otro extremo de ¢309 mil millones, aclaró el Ministerio de Planificación.

La diferencia se debe a que el voto de la Sala IV que declaró ilegal la ley de empleo público a inicios de agosto, estableció que el Poder Judicial, las Municipalidades, las Universidades Públicas y otras instituciones, tienen autonomía en materia de empleo y por ello, no pueden someterse a la jerarquía del Ministerio de Planificación.

En ese sentido, Garrido aclaró que aunque las instituciones en cuestión tendrán un grado de autonomía, al final del día tendrían que someterse al salario máximo y al salario global.

“Lo que la ley señala es que la Caja, las universidades, las municipalidades, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el TSE no están sujetos a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo; es decir, a la rectoría de Mideplan en materia de empleo público; pero sí están sujetos a la ley. En términos de remuneraciones estarán sujetos sin excepción a un salario único definido técnicamente mediante la metodología de valoración del trabajo y que nunca podrá superar la remuneración de quien ostente la Presidencia”, dijo Garrido.


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