Agricultores reparten casado “sin arroz” a diputados y Pilar Cisneros lo rechaza
Diputado oficialista Alexánder Barrantes mantiene bloqueado el avance del proyecto con 52 mociones
Con el objetivo de llamar la atención sobre la difícil situación que enfrenta el sector arrocero, un grupo de productores nacionales repartió este martes casados sin arroz o con muy poco arroz a los diputados en la Asamblea Legislativa.
La inusual protesta buscó visibilizar el impacto de las decisiones gubernamentales sobre el cultivo, en medio del debate por la creación del Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero, iniciativa rechazada por el Gobierno de Rodrigo Chaves y los diputados oficialistas.
Precisamente, Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, rechazó la invitación de los agricultores. La legisladora ha sostenido que el fondo no beneficiaría a los pequeños productores, sino a los grandes empresarios del sector.
En esa línea, el diputado rodriguista Alexánder Barrantes mantiene bloqueado el avance del proyecto con 52 mociones.
Como Cisneros no salió del plenario a recibir el almuerzo ofrecido por los arroceros, varios diputados del Frente Amplio llevaron el casado hasta su curul, pero ella decidió no aceptarlo.
“Dos decretos transformaron el panorama de la producción nacional: el primero redujo los aranceles de importación de un 35% a apenas 3,5% en arroz en granza y 4% en arroz pilado; el segundo eliminó el esquema de fijación de precios internos. Esto abrió el mercado a granos importados de países altamente subsidiados, provocando una caída del 60% en las hectáreas cultivadas y un desplome del 57% en la producción nacional entre los ciclos 2021/22 y 2024/25. Actualmente, el 85% del arroz que consumen los costarricenses es importado y solo un 15% se produce localmente”, denunciaron los agricultores.
La iniciativa en cuestión busca darle un respiro al sector arrocero, rescatar a los productores y asegurar la soberanía alimentaria.
El fondo se financiaría de dos maneras: con aportes de los propios productores nacionales y mediante la aplicación de una tasa diferenciada al derecho arancelario de importación, en caso de que exista un diferencial mayor o igual al 5% entre el precio local de producción y el internacional de la granza importada.