Acusación a expresidente Rodríguez cumplirá 12 años de trámites

¿Cuántas veces tiene que ser absuelta una persona en los tribunales de Costa Rica para limpiar su nombre?
Por el momento, dos absolutorias en menos de tres años a favor del expresidente Miguel Ángel Rodríguez son insuficientes para la Fiscalía, que sigue acusando al político de haber recibido un supuesto soborno por la adjudicación de una red celular para el ICE.
A inicios de febrero, el Ministerio Público presentó un nuevo recurso de casación para traerse abajo la última sentencia a favor del exmandatario, aduciendo que fue “incorrecto” e “infundamentado” por parte del tribunal, declarar como ilegal el testimonio de oportunidad que brindó José Antonio Lobo, exdirectivo del ICE, para que declarara en contra de los acusados a cambio de inmunidad.
La actitud del Ministerio Público ya es vista como una “persecución” y una violación de los derechos fundamentales por la mayoría de diputados.
Este miércoles, 34 legisladores del PLN, el PUSC, el Movimiento Libertario, varios grupos minoritarios, y hasta opositores como Carlos Hernández, del Frente Amplio, y Víctor Morales y Franklin Corella, del PAC, firmaron una carta pública en donde denunciaron un acoso en contra de Rodríguez.
“No podemos permitir que se den ciertas prácticas en la administración de la justicia que no son correctas, como por ejemplo, el interminable recabar de la prueba, además de dejar por fuera a ciertas personas de las acusaciones por eventuales intereses políticos”, dijo Corella.
En la carta, los diputados señalan que no puede haber libertad personal, ni respeto a la dignidad humana, “si no se establecen límites a la actividad punitiva del Estado, sobre todo porque no se puede mantener a una persona acusada ante los tribunales permanentemente e indefinidamente”.
En términos generales, la ley permite al Ministerio Público apelar la última sentencia a favor del expresidente por medio de un recurso de casación, sin embargo, después de 12 años de juicios, tres tribunales diferentes y un par de absolutorias, se ha levantado la polémica sobre cuánto debe durar un proceso penal.
Ayer por la tarde, los legisladores que no firmaron la carta de la supuesta persecución, hicieron circular otra misiva, en la que calificaron de intromisión política en la administración de la justicia, a quienes respaldan al expresidente.