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Alrededor de ¢1.200 millones tendría que desembolsar el ente gubernamental por concepto de indemnizaciones a los funcionarios separados por órdenes de la hoy exjerarca, proceso administrativo que en su momento la jerarca saliente no consideró como obligatorio ante el Consejo Directivo y que ahora representa un hueco financiero para la institución.

Por tal motivo, adicionado a la salida de Cepeda, la administración considera tener los elementos suficientes para realizar una investigación interna en aras de verificar la eventual existencia de responsabilidades y posible incumplimiento de deberes.

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Lo anterior se ampara en un informe emitido por la Auditoría Interna que concluyó que las decisiones tomadas por la exgerenta no tuvieron un sustento que justificara el costo-beneficio para el ICE, como también lo señaló en su momento la Procuraduría y la Contraloría.