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Firma AMEGA dispone de plazos para presentar alcances del proyecto
Toma fuerza megapuerto de transbordo

Iniciativa costaría $1.000 millones y estaría lista en 2018

El proyecto para desarrollar un megapuerto de transbordo de contenedores en la costa caribeña del país toma cada vez más fuerza.
La semana pasada, la empresa Americas Gateway Development Corporation (AMEGA) conoció las fechas y plazos de los que dispondrá para realizar y presentar los estudios definitivos de esta iniciativa.
Estos informes son indispensables para definir si el Gobierno sacará el proyecto a licitación, o por el contrario lo archiva.
Tras un encuentro entre los jerarcas de AMEGA y Luis Liberman, vicepresidente de la República, se acordó que la actual administración nombrará a más tardar el próximo 1° de agosto un gerente de proyecto y definirá la empresa de consultoría que se encargará de auditar los trabajos que hará la firma canadiense.
Ello, con la intención de comprobar si los estudios de mercado, ingeniería, diseño, impacto ambiental, entre otros, cumplen con los requisitos técnicos indispensables para realizar un proyecto de esta magnitud.
Una vez designados los supervisores estatales, AMEGA dispondrá de un plazo máximo de 12 meses para presentar el proyecto terminado y que el gobierno de Laura Chinchilla decida si le da el banderazo.
“Ya sabemos que el proyecto es factible, lo que queremos es sacar sus alcances. Esta es una obra que no choca ni con el sindicato de Japdeva, ni con el puerto que construirá APM Terminals, más bien se complementará y generará más trabajos en la zona”, explicó José Dengo, vicepresidente de CDG Environmental Advisors, firma socia de AMEGA en el país.
La norteamericana propuso desde 2007 al Poder Ejecutivo realizar dichas obras, bajo una iniciativa privada de concesión de obra pública.
Incipiente iniciativa que consiste en que Americas Gateway financia la etapa de diseño y los informes técnicos indispensables para poner en marcha la construcción del megapuerto. Con la promesa de que el Gobierno sacará a licitación las obras.
De no ser AMEGA el único oferente y si pierde el concurso, la compañía que gane la concesión tiene que pagar aproximadamente $15 millones que se prevén como inversión en esa fase.
Si por el contrario, el Estado decide dar marcha atrás al desarrollo de esta obra, le corresponderá pagar a la canadiense lo invertido, pues existe un contrato firmado por ambas partes.
La idea de este proyecto es crear en Moín, Limón, un eje de conexiones, a donde lleguen grandes buques de todas partes del mundo, para posteriormente en barcos más pequeños enviar los contenedores a otros destinos.
Principalmente sería para movilizar mercaderías entre Asia y la costa este de Estados Unidos.
El megapuerto requiere una inversión cercana a $1.000 millones, se ubicaría en una superficie de 45 hectáreas y tendría capacidad para movilizar 2 millones de TEU contenedores de 20 pies, al año.
Además, los muelles tendrían una profundidad de 19 metros y una longitud de 1.000 metros, lo que permitiría atender simultáneamente hasta tres megacarriers de 16 mil TEU, los más grandes del mundo.
Se estima que una vez adjudicado el proyecto y siguiendo el cronograma actual, las obras estarían listas en 2018. La concesionaria tendría el derecho de administrar el megapuerto durante 30 años y posteriormente lo pasaría a manos del Estado.
El Banco Nacional es el encargado de administrar un fideicomiso por $1 millón, con el cual el Estado se dotará de recursos para contratar el personal necesario para corroborar la transparencia de esos trabajos.

Natasha Cambronero
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