Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 9 Enero, 2014

Lo del 98 fue una barrera de intolerancia franca y confesa; la intolerancia de hoy no se construye a partir de una ley expresa y directa; viene de una artimaña, es una emboscada


De cal y de arena

Represión embozada

Fueron los años de la intolerancia política cuando se impuso la proscripción del Partido Comunista, secuela de los acontecimientos que tensaron al país entre 1940 y 1948.
El artículo 98 de la Constitución prohibía la formación o el funcionamiento de partidos que por sus programas ideológicos, medios de acción o vinculaciones internacionales, tendieran a destruir los fundamentos de la organización democrática de Costa Rica o atentaren contra la soberanía del país.
Una normativa que se prestó también para censurar la libre expresión del pensamiento: los comunistas (igual los diletantes del comunismo) padecieron la guillotina a la hora de comunicar sus ideas, en lo que fue una ola de exacerbación inquisitorial “peligrosa para la democracia” como lo advirtió el presidente Otilio Ulate, molesto con aquellos términos del artículo 98 “imprecisos y vagos que se prestan para interpretaciones acomodaticias según las circunstancias temporales”.
Finalmente se derogaron en 1975. Esa persecución por una posición ideológica no fue completa ni despiadada pero sí bastante generalizada y muy recia sobre todo en ciertos periódicos conservadores. Aun así, algunos resquicios de tolerancia fueron aprovechados para diseminar la disidencia roja, lo que no libraba a la muy pregonada democracia costarricense de no ser tan legítima.
Ya no existen aquella proscripción ni aquel ostracismo. Pero sí ha emergido una forma de intolerancia de peor ralea: es la que mana de las tiendas más conservadoras, quizá con raíces comunes con aquella de los 40, que vitupera, deslegitima y opaca a quienes piensen con los enfoques de lo que se entiende como la izquierda del arco político.
Lo del 98 fue una barrera de intolerancia franca y confesa; la intolerancia de hoy no se construye a partir de una ley expresa y directa; viene de una artimaña, es una emboscada. Al candidato José Ma. Villalta se le enrostra su admiración a la gestión del presidente venezolano Hugo Chávez, como si durante su mandato no hubiesen resultados envidiables ya puestos de relieve también por el Banco Mundial (pobreza extrema de 20,3% (1998) a 8,6% (2010), índice de Gini de 0,48 a 0,38, desempleo de 16,6 a 7,9, desnutrición infantil de 21% a 5%, mejor índice de derechos humanos de 0,69 a 0,75 amén de los logros de los programas “misiones” resaltados para esos años igualmente por CEPAL.
Al “irreverente” candidato José Miguel Corrales que asimismo ataca el mortal cáncer de la corrupción como el statu quo, se le invisibiliza en los medios y en las encuestas. A otros aspirantes, sencillamente se les ignora sin más razón que la arbitrariedad. Una realidad, esta, que habla muy mal de la calidad de la democracia y que nos pone en colisión con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiterativas de que: “Una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre”. “La democracia no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”. “El periodismo debe entenderse vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano”.

Álvaro Madrigal