Plan "B" depende del Congreso
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Poco más del 50% de las medidas alternas al plan fiscal requieren aval de diputados
Plan “B” depende del Congreso

Recaudar ¢200 mil millones pretende el Gobierno

El Gobierno vuelve a dejar en manos de los diputados las medidas para subsanar el déficit fiscal.
Gran parte de las acciones alternas al plan fiscal requieren nuevamente el aval del Congreso para su puesta en marcha.

El 52% de los ¢200 mil millones que la presidenta Laura Chinchilla estima recaudar solo se obtendría con la aprobación de dos leyes.
Se trata del proyecto para emitir eurobonos, que se tramita desde hace varios meses en la corriente legislativa, y la iniciativa para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas, presentado el jueves pasado.
Esas medidas alternas representarían una recaudación equivalente al 0,88% de la producción nacional, ¢100 mil millones menos de lo que se pretendía alcanzar con la reforma tributaria.
No obstante, solo el 0,43% sería producto de nuevas medidas, anunciadas tras el freno que recibió el plan fiscal por parte de la Sala Constitucional.
Porcentaje que depende del congelamiento salarial de al menos 430 empleados del Gobierno central que devengan mensualmente más de ¢3 millones. Así como de otros 3.450 funcionarios de entidades autónomas.
Misma acción se busca hacer con 800 pensionados, quienes obtienen un monto similar, con cargo al presupuesto nacional.
El congelamiento de salarios y pensiones generaría ingresos extras por más de ¢10 mil millones.
Aunado a ello, el Poder Ejecutivo ya cuantificó algunas de las propiedades ociosas que venderá. De momento, solo se conoce de 29 bienes inmuebles en manos del Ministerio de Hacienda, que representarían unos ¢2.540 millones.
“Vamos poco a poco, comenzamos por casa, el Ministerio de Hacienda, donde yo estoy; pero vamos a hacer el mismo trámite con todos los ministerios para ver cuáles propiedades vendemos y eso quiere decir que la cantidad de ingresos que recaudemos irá incrementando. Apenas estamos comenzando”, explicó Luis Liberman, vicepresidente de la República y ministro interino de Hacienda.
Sin embargo, aún se desconoce cuánto generarán algunos servicios como la obtención de licencia para embarcaciones, actividades en la Antigua Aduana y museos.
Así como inspecciones de transporte marítimo, certificados de exportación, registro de laboratorios y farmacias, derechos de filmación, instalación de torres y licencia para portar armas, entre otros.
Otro aspecto que el Gobierno comenzará a analizar, es cuánto dinero se destina a las consultorías.
Esa será la primera tarea que tendrá a cargo Edgar Ayales, nuevo ministro de Hacienda, la próxima semana cuando asuma su cargo. Si bien su nombramiento se dio la semana pasada, debido a algunos compromisos laborales se encuentra fuera del país.
Inicialmente, la intención es postergar algunos estudios que no son indispensables hasta disponer de más recursos.
En otros casos, la idea es incrementar los fondos para algunos proyectos que sí son esenciales.
“Vamos a analizar este rubro, no quiere decir que vamos a recortar todos los fondos, sino que vamos a postergar algunos proyectos que de momento no son necesarios, e inyectar más recursos a algunos proyectos del MOPT, principalmente”, añadió Liberman.
Luego de que la Sala IV declarara inconstitucional el trámite de la reforma tributaria, Chinchilla anunció una serie de medidas alternas, aunque todavía no decide si enterrará el plan fiscal, intentará nuevamente su aprobación o, por el contrario, presentará un texto sustituto.
Decisión que no podrá postergar más, ya que ayer se dio a conocer la sentencia integral del caso.

Natasha Cambronero
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