Marcha atrás a mordaza en prensa
Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Viernes 13 julio, 2012
Próxima semana texto será analizado por el Ejecutivo
Marcha atrás a mordaza en prensa
Artículos atentarían contra investigaciones periodísticas
Ante la posibilidad de que investigaciones periodísticas sean sancionadas con penas de cárcel, la presidenta Laura Chinchilla anunció ayer que analiza reformar la ley de delitos informáticos, que suscribió el pasado martes.
La mandataria recalcó que firmó dicha legislación, pues ya se le había vencido el plazo para vetarla, pero que la próxima semana arrancará un proceso de análisis del texto en cuestión.
Para el lunes entrante, convocó a un grupo de expertos, encabezados por Fernando Ferraro, ministro de Justicia, quienes se encargarán de determinar si las modificaciones hechas por los diputados atentan contra la libertad de expresión. Para, de ser necesario, promover una reforma en el seno del Congreso.
El propósito es que los legisladores que promovieron ese proyecto se reúnan con representantes de medios de comunicación, para conocer sus opiniones al respecto.
“Esa ley que se firmó no admitía vetos, porque ya se había pasado el plazo”, acotó Chinchilla.
Por otro lado, es una ley que contiene avances muy importantes en el combate a la ciberdelincuencia, añadió.
La iniciativa avalada por los diputados varía siete artículos de la ley de delitos informáticos y establece penas de prisión. No obstante, solo tres de ellos generan cuestionamientos.
Se trata de aquellos que sancionan con entre tres y seis años de cárcel a quienes sin previa autorización intercepten información o comunicaciones dirigidas a otras personas.
O bien el artículo que castiga de igual forma a quienes desvíen datos para un fin distinto para el que fueron recolectados.
Esos apartados impedirían que investigaciones periodísticas como la del “memorándum del miedo”, que acabó con la renuncia del entonces vicepresidente Kevin Casas, se hubiesen podido llevar a cabo, a juicio de abogados penalistas.
El tercer artículo en cuestión, se refiere a la sanción de entre cuatro y ocho años que se impondrá a quien procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas.
Sobre ese aspecto, se teme que sea una salvaguarda para proteger a políticos o agrupaciones de posibles cuestionamientos.
La ley de delitos informáticos fue avalada en segundo debate por los legisladores el pasado 7 de junio y no fue hasta el pasado martes que la presidenta Chinchilla la firmó. Su entrada en vigor depende de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net
Marcha atrás a mordaza en prensa
Artículos atentarían contra investigaciones periodísticas
Ante la posibilidad de que investigaciones periodísticas sean sancionadas con penas de cárcel, la presidenta Laura Chinchilla anunció ayer que analiza reformar la ley de delitos informáticos, que suscribió el pasado martes.La mandataria recalcó que firmó dicha legislación, pues ya se le había vencido el plazo para vetarla, pero que la próxima semana arrancará un proceso de análisis del texto en cuestión.
Para el lunes entrante, convocó a un grupo de expertos, encabezados por Fernando Ferraro, ministro de Justicia, quienes se encargarán de determinar si las modificaciones hechas por los diputados atentan contra la libertad de expresión. Para, de ser necesario, promover una reforma en el seno del Congreso.
El propósito es que los legisladores que promovieron ese proyecto se reúnan con representantes de medios de comunicación, para conocer sus opiniones al respecto.
“Esa ley que se firmó no admitía vetos, porque ya se había pasado el plazo”, acotó Chinchilla.
Por otro lado, es una ley que contiene avances muy importantes en el combate a la ciberdelincuencia, añadió.
La iniciativa avalada por los diputados varía siete artículos de la ley de delitos informáticos y establece penas de prisión. No obstante, solo tres de ellos generan cuestionamientos.
Se trata de aquellos que sancionan con entre tres y seis años de cárcel a quienes sin previa autorización intercepten información o comunicaciones dirigidas a otras personas.O bien el artículo que castiga de igual forma a quienes desvíen datos para un fin distinto para el que fueron recolectados.
Esos apartados impedirían que investigaciones periodísticas como la del “memorándum del miedo”, que acabó con la renuncia del entonces vicepresidente Kevin Casas, se hubiesen podido llevar a cabo, a juicio de abogados penalistas.
El tercer artículo en cuestión, se refiere a la sanción de entre cuatro y ocho años que se impondrá a quien procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas.
Sobre ese aspecto, se teme que sea una salvaguarda para proteger a políticos o agrupaciones de posibles cuestionamientos.
La ley de delitos informáticos fue avalada en segundo debate por los legisladores el pasado 7 de junio y no fue hasta el pasado martes que la presidenta Chinchilla la firmó. Su entrada en vigor depende de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net