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Javier Milei lo dijo desde el primer día: para solucionar los problemas económicos de Argentina, sobre todo su eterna inflación, el gobierno debía realizar un "drástico recorte" del gasto público.
El presidente libertario, el primer economista en liderar la segunda economía de Sudamérica, incluso graficó su intención con una herramienta que dejaba muy claro su objetivo: famosamente hizo campaña blandiendo una motosierra.
Y tras asumir el cargo, cumplió su palabra. El actual gobierno es el primero en la historia de Argentina que ha tenido superávit fiscal desde el comienzo. En otras palabras, desde enero de 2024 el país tiene más ingresos que gastos.
La vasta mayoría de los economistas reconoce que este saneamiento de las cuentas públicas ha sido clave para que la inflación, que superó el 210% anual a finales de 2023, haya bajado al 47,3% anual, la última cifra oficial informada en mayo.
Y muchos esperan que la cifra siga bajando. Para este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le acaba de prestar a Argentina otros US$20.000 millones como espaldarazo al gobierno de Milei, prevé que la cifra caiga al 35,9%.
En tanto, proyecta que el país tendrá el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina, con una expansión del 5,5%, más del doble que el promedio de la región (2%).
Sin embargo, el costo que están pagando los argentinos por esta corrección económica es enorme.
Desde empleados públicos que perdieron su trabajo (se redujo la plantilla estatal en un 10%, según el gobierno) a docentes que ya no pueden seguir enseñando en universidades estatales debido a los bajos salarios.
Sin olvidar el grave estado de muchas rutas y otra infraestructura afectada por la eliminación casi total del gasto en obras públicas.
Pero hay otros sectores afectados que en los últimos tiempos han protagonizado grandes manifestaciones contra el gobierno, y que este miércoles se unirán para protestar frente al Congreso.
Aquí te contamos quiénes son y por qué gozan de un creciente apoyo popular.
Hace apenas unos años eran los "héroes de la pandemia" pero hoy el sector de la salud pública atraviesa uno de sus peores momentos.
El mayor símbolo de la crisis es la situación en el principal hospital pediátrico de Argentina, el Hospital Garrahan, dependiente del Estado, que todos los años brinda unas 600.000 consultas y realiza unas 10.000 cirugías a niños que llegan desde todos los rincones del país para tratarse en el centro más prestigioso y especializado en cuidado infantil.
El plantel del hospital convocó a una marcha la semana última, y otra el lunes, para denunciar que el gobierno está "desfinanciando" a la institución.
La protesta es liderada por los médicos residentes del Garrahan, que se declararon en huelga tras denunciar que sus sueldos -de menos de US$700- están por debajo de la línea de pobreza.
Representantes de los cerca de 1.800 residentes también dijeron que desde que asumió Milei decenas de médicos renunciaron para pasarse a hospitales privados.
El gobierno, que ofreció -aunque aún no oficializó- un aumento salarial de unos US$400 al mes para los residentes, denunció que el hospital tiene el doble de empleados administrativos que médicos, dato que fue refutado por el sitio de verificación Chequeado, que citó información del Departamento de Estadística del Garrahan que mostró que casi el 70% de los trabajadores del hospital asisten a los pacientes.
Según el Centro de Datos de Chequeado, "durante el primer año de gestión del gobierno de Javier Milei, las transferencias nacionales para el Hospital Garrahan aumentaron un 10% real (es decir, considerando la inflación) con respecto a 2023".
"Sin embargo, como el presupuesto nacional de 2025 fue prorrogado, los fondos para este año son los mismos que en 2024".
En la práctica, debido al aumento de los costos por inflación, esto equivale "a una caída del 30% en términos reales con respecto al año anterior".
Si bien la protesta de los trabajadores del Garrahan es la que más resuena entre la población -generó innumerables muestras de apoyo en redes y una petición en la plataforma Change.org que ha superado las 240.000 firmas en pocos días- es una de varias instituciones de salud públicas en crisis.
Otro sector que goza de enorme simpatía popular es el de las familias que tienen personas con alguna discapacidad, quienes también han llevado sus reclamos contra el gobierno a la calle.
Al asumir, Milei ordenó auditorías masivas que han llevado a la suspensión de miles de pensiones por discapacidad.
Según el gobierno, se trataba de personas sanas que cometían fraude. Como ejemplo, citaron los casos de algunas ciudades donde un gran porcentaje de la población cobraba pensiones por invalidez laboral.
Sin embargo, las familias argumentan que el gobierno utiliza esta excusa para desfinanciar a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
También denuncian el congelamiento de aranceles para los profesionales que brindan atención a personas con discapacidad, cuyos ingresos no han sido actualizados desde noviembre de 2024, a pesar de la inflación, que supera el 2% mensual.
El jueves pasado, familiares y prestadores de servicios se unieron a los trabajadores del Garrahan para protestar frente al Congreso, medida que repetirán este miércoles junto con otros sectores críticos del gobierno.
Las movilizaciones, que también se llevaron a cabo en otras provincias, buscan presionar a los parlamentarios para que declaren la emergencia nacional en discapacidad.
La medida, que será votada el miércoles, establecería un mecanismo de ajuste mensual para garantizar que los prestadores reciban pagos adecuados y garantizaría el acceso a pensiones no contributivas por discapacidad.
No obstante, el gobierno ya adelantó que vetará el proyecto si se aprueba.
Milei no solo ha sido criticado por los recortes en esta área sino también por su falta de empatía y por comentarios discriminatorios que ha realizado contra personas con discapacidad, incluyendo utilizar la palabra "minusválido" para descalificar a militantes de izquierda.
"Al desfinanciamiento se le suma la crueldad. Hay un ensañamiento", denunció a la radio El Destape la actriz Valentina Bassi, madre de un niño con autismo.
Otra de las áreas muy golpeadas por los recortes del gasto público en Argentina es la ciencia.
En los últimos años, tanto gobiernos de centroizquierda (el kirchnerismo) como de centroderecha (el macrismo) priorizaron la inversión en este sector, en un país que se enorgullece de haber producido cinco Premios Nobel (más que cualquier otro de la región).
Sin embargo, la prestigiosa ciencia argentina fue una de las primeras en padecer la afilada motosierra de Milei.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fue uno de los que quedó "¡afuera!" en el nuevo organigrama estatal del libertario (quien redujo las carteras a la mitad), algo que en su momento llevó a 68 ganadores del Nobel a expresar su "preocupación" por la "dramática devaluación de la ciencia argentina".
Ahora, los científicos argentinos advierten que el gobierno lleva a cabo un "cientificidio" por la falta de inversión.
El pasado 28 de mayo, organizaciones de científicos vestidos de "eternautas" (por el héroe de cómic argentino que protagoniza una de las series más famosas de Netflix) se movilizaron en todo el país para denunciar la pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo en el sector, según datos oficiales analizados por el centro de estudios Economía Política Ciencia (EPC).
Un tercio de esos empleos estaban en el prestigioso Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del país (Conicet), cuyo número de investigadores bajó por primera vez en 17 años.
"Entre diciembre de 2023 y abril de 2025, con una inflación acumulada del 204,9%, los salarios de los investigadores del Conicet cayeron un 34,7%, en términos reales", detalló la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt).
Los adultos mayores son uno de los sectores más perjudicados por las políticas de Milei.
Y es que el sistema previsional, el mayor gasto del Estado, fue también el que hizo el mayor aporte a esa inédita reducción de casi un tercio del presupuesto que logró que Argentina dejara de tener déficit fiscal.
Según un informe publicado esta semana por el Centro de Economía y Política Argentina (Cepa), el 19,2% del ajuste del gasto del Estado en 2024 estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.
El gobierno logró este ajuste "licuando" las jubilaciones en el primer trimestre (es decir, aumentando su valor por debajo de la inflación) y manteniendo congelado, hasta el día de hoy, un bono extraordinario que la mayoría de los retirados recibe desde la administración de Alberto Fernández para paliar su pérdida de poder adquisitivo.
Así, el bono fue perdiendo gran parte de su poder de compra.
Pero los jubilados no solo perdieron ingresos. Además, el gobierno redujo la cantidad de medicamentos gratuitos que ofrecía la obra social estatal de los jubilados y pensionados, golpeando aún más los bolsillos de los adultos mayores, que gastan una proporción importante de sus recursos en su salud.
Por todo esto, los jubilados realizan protestas frente al Congreso cada miércoles, manifestaciones que suelen contar con el apoyo de otros grupos críticos del gobierno y que en muchas ocasiones han terminado con represión de la policía, que aplica un "protocolo de seguridad" implementado por el gobierno que prohíbe el corte de calles (una forma de protesta habitual en el pasado).
La marcha de este miércoles buscará poner presión sobre los legisladores para que aprueben un aumento en las jubilaciones y una prórroga de la llamada "moratoria previsional", un sistema creado por el kirchnerismo hace dos décadas que permitió que millones de adultos mayores, sobre todo amas de casa, se jubilaran a pesar de no haber realizado aportes previos.
La última moratoria venció en marzo pasado.
El gobierno, que en 2024 ya vetó una ley sancionada por el Parlamento que disponía elevar el haber mínimo jubilatorio, señaló que cualquier aumento pondría en jaque su objetivo de "déficit cero".
"El sistema hoy establece que hay un (trabajador) activo y medio por cada jubilado, obviamente no se puede pagar", le dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a Radio Rivadavia.
"Por más que pretendan poner un aumento de partidas, si no están los recursos de ninguna manera va a poder aprobarse".
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