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"El proceso que nos ha traído hasta este día no ha sido fácil. Gracias por la confianza".
Así cerró su discurso de investidura Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien fue reelegido hoy como presidente del gobierno de España para los próximos 4 años en un ambiente de alta tensión política y social.
Lo hizo con un total de 179 votos en el Congreso de los Diputados de los 176 necesarios gracias al respaldo del “bloque de investidura”, una heterogénea relación de izquierda, nacionalistas e independentistas con los que el PSOE cerró unos acuerdos que han causado una gran controversia.
Hasta aquí ha llegado tras semanas de negociaciones, pactos y también protestas en su contra.
En el centro de todo ello está una ley, la de amnistía, y de fondo una cuestión que marca la vida política española desde hace décadas: el independentismo catalán.
Primero de todo: ¿cómo puede un candidato que no fue el más votado acabar siendo elegido presidente?
La respuesta está en cómo funciona el sistema democrático español.
En España rige un sistema parlamentario, al contrario que en América Latina donde en su mayoría son sistemas presidencialistas.
Para que el presidente sea investido en el Parlamento, necesita el apoyo de una mayoría absoluta en un primer intento, es decir, 176 de los 350 diputados, o una mayoría simple en un segundo intento, es decir más síes que noes.
En las elecciones, el conservador Partido Popular fue el partido más votado: con un 33% de los votos sumó 137 parlamentarios. En segunda posición quedó el Partido Socialista, que con el 31,6% de los votos logró 121 diputados.
El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, se presentó primero a la investidura a finales de septiembre y contó con el apoyo principal de Vox, partido de extrema derecha.
Pero solo logró el voto de 172 diputados, insuficientes para ser investido, principalmente porque ningún otro partido quería respaldar a la extrema derecha.
Tras eso, le tocó el turno a Sánchez, que volvió a salir exitoso pese a que hasta hace tan solo unos pocos meses este escenario parecía imposible.
Y es que la carrera política de Sánchez ha sido singular y eso también ayuda a explicar cómo logró llegar hasta aquí.
El actual presidente empezó en política con 21 años, como militante raso, concejal y luego diputado en el Congreso. Y siempre, a pesar de los embates, ha sabido caer de pie.
Ganó las primarias de su partido en contra del propio aparato del PSOE, logró una moción de censura contra el entonces presidente Mariano Rajoy (PP), en mayo de 2018, y desde entonces ha estado al frente del gobierno de España.
“Es un animal político, sin duda”, asegura Javier Martín Merchán, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Comillas (España).
Esa habilidad para sobreponerse cuando todo parece estar en su contra la exhibió este mismo año, cuando, tras unos muy malos resultados del PSOE en las elecciones regionales del pasado mes de mayo, Sánchez anunció sorpresivamente un adelanto de las elecciones generales.
En ese momento, casi nadie creía que le podía salir bien.
“Parecía que eran el culmen del desastre para el Partido Socialista y que él iba a terminar su periodo en la Moncloa", recuerda Martín Merchán.
Pero, a pesar de no quedar primero (en las elecciones), "sí se convierte en la fuerza parlamentaria capaz de conseguir más apoyos”, dice el analista, haciendo referencia al resultado de este jueves.
No obstante, Merchán remarca que su figura llega mermada tras el "desgaste muy duro de las negociaciones".
Para lograr ser de nuevo presidente, Sánchez ha tenido que buscar el apoyo de partidos rivales para superar la brecha entre los 122 escaños que logró el PSOE en las elecciones y los 176 necesarios para obtener la mayoría absoluta.
Esto lo logró ahora tras meses de negociaciones intensas y pactos que han causado una gran polémica en España.
Uno de los primeros pactos fue con Sumar, la agrupación de movimientos de la izquierda creada este año bajo el liderazgo de la candidata y vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz, quien fue la vicepresidenta segunda en el anterior mandato de Sánchez.
Con Sumar, su principal aliado en el Congreso, el PSOE pactó acuerdos en materia laboral y salarial, como la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5.
También se pactó con partidos como el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Coalición Canaria (CC), y con los vascos nacionalistas e independentistas del Partido Nacionalista Vasco y Bildu.
En este caso, los acuerdos conllevan desde la ampliación de derechos laborales a la condonación de deuda, el traspaso de competencias o la ampliación de recursos.
Pero los pactos que más polémica han causado los firmó con dos partidos independentistas catalanes, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya.
El primero contempla, entre otras cosas, la condonación de deuda del gobierno catalán por valor de US$15.000 millones, mientras que el segundo recoge la medida más polémica entre las negociadas por el PSOE: una ley de amnistía que beneficia a cientos de condenados por el proceso independentista catalán, que culminó en 2017 con una declaración de independencia unilateral ilegal.
El independentismo catalán, así como su relación con el gobierno de España, es un asunto que ha estado en la agenda política del país desde hace más de una década y ha generado suspicacias y grandes tensiones.
El máximo punto de tensión en el llamado procés fue el referendo de autodeterminación de Cataluña de 2017, por el que decenas de líderes políticos y ciudadanos catalanes fueron condenados por la justicia española, ya que había sido previamente declarado ilegal y suspendido por el Tribunal Constitucional.
Se celebró el primero de octubre de ese año, en una jornada violenta con la intervención de fuerzas de seguridad del Estado.
El entonces gobierno catalán, encabezado por el expresidente Carles Puigdemont, consideró los resultados legítimos y declaró de modo unilateral la independencia de Cataluña. Días después, Puigdemont huyó a Bruselas para evitar ser enviado a prisión.
A inicios de esta semana y tras varias semanas de expectación, el grupo parlamentario socialista presentó ante el Congreso la polémica proposición de ley de amnistía.
“La proposición plantea que durante un periodo de tiempo, 2012 a 2023, determinados delitos establecidos en el código penal y que en algunos casos han sido ya juzgados y dictaminados con sentencia, queden anulados”, explica Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.
“Es una suspensión excepcional y temporal de determinados delitos que, de alguna manera, quedarían eliminados tanto sus efectos como su rastro”.
La amnistía elimina el delito de raíz, en cambio, un indulto reconoce el delito cometido, pero borra la pena.
La amnistía se calcula que puede beneficiar en torno a unas 400 personas entre políticos, líderes catalanes, líderes sociales, ciudadanos y policías en el entorno del procés.
“Hay una lista larga y genérica de delitos contemplados en esta proposición de ley pero, básicamente, son aquellos cometidos con la intención de promover la secesión o independencia de Cataluña y todos aquellos que hayan contribuido a conseguir ese propósito”, expone Rubio.
Así, aparecen delitos como usurpación de funciones públicas, desobediencia, atentado contra la autoridad, prevaricación o malversación.
A pesar de que en el camino de aprobación de la ley de amnistía puede haber enmiendas y distintos retrasos, si todos los grupos parlamentarios que han pactado con el PSOE para dar arranque a esta legislatura dan su apoyo, podría ver la luz en unos cuantos meses, estima Rubio.
El Partido Popular y el ultraderechista Vox ya han anunciado que van a presentar recursos contra la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional y ante la justicia de la Unión Europea, al considerar que rompe con el principio de separación de poderes del Estado de Derecho, al anular el poder legislativo resoluciones adoptadas por el poder judicial.
Desde PP lo han calificado de “cheque en blanco para los independentistas” y han llegado a acusar a Pedro Sánchez de "corrupción política" por "tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales".
Desde distintas asociaciones de jueces y fiscales en España firmaron un comunicado conjunto en el que expresaron su "profunda preocupación" por el pacto y no descartaron tomar acciones al considerar que "existe un riesgo evidente de quebrar la democracia". Tras el registro de la proposición de ley en el Congreso, no se han pronunciado nuevamente de modo oficial.
Tanto Sánchez como sus socios de gobierno han defendido que sus pactos están dentro de la Constitución y que la suya es una opción ante la "derecha reaccionaria" y que debe frenarse en seco "erigiendo un muro de democracia, convivencia y tolerancia".
La investidura de Sánchez se produjo en medio de un gran despliegue de seguridad en el Congreso y después de días de tensión en las calles y protestas frente a las sedes del Partido Socialista, principalmente en Madrid, que se han repetido cada noche durante casi dos semanas y algunas acabaron en enfrentamientos.
Las manifestaciones más multitudinarias se produjeron, no obstante, el fin de semana anterior a la investidura. Fueron lideradas por el Partido Popular y sacaron a cientos de miles de personas a las calles en diferentes puntos del país.
En su propio discurso de investidura, Sánchez defendió la medida a sabiendas de que una parte importante de los ciudadanos la rechaza:
“Es una medida que pide una parte muy relevante de la sociedad catalana (…) que puede ser o no compartida por los ciudadanos, de los que comprendo sus emociones. Pero las circunstancias son lo que son y hay que hacer de la necesidad, virtud”.
Como también la han defendido las agrupaciones con las que ha pactado y lo califican de "acuerdo histórico" donde "gana la democracia porque, solo una España que se acepta a sí misma tal y como es puede afrontar todos sus retos", en palabras de Yolanda Díaz (Sumar), actual vicepresidenta del gobierno de España.
Aunque los pactos le aseguraron la investidura, está por ver el precio que Sánchez pagará por ellos y qué tan cuesta arriba se le hace la legislatura.
La portavoz de Junts ya avanzó a Sánchez que "la estabilidad de la legislatura queda sujeta a los avances y cumplimientos de los acuerdos".
"Con nosotros no tiente a la suerte", dija a su vez el portavoz de ERC.
Sánchez se enfrenta por un lado en el Congreso no solo con la habitual oposición del PP y Vox, sino con la espada de Damocles de los independentistas sobre su cabeza: ya adelantaron que el apoyo al PSOE será algo que se verá "día a día".
Y, por otro, en la calle, con el descontento de quienes no están de acuerdo con los pactos alcanzados.
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